Tras conocerse el listado de beneficiarios de subsidios millonarios para proyectos de conectividad, empresarios proveedores de internet criticaron duramente al ENACOM por el criterio de distribución de los aportes no reembolsables.
La controversia en torno al reparto de Aportes No Reembolsables (ANR) por parte del ENACOM a particulares de la provincia de Salta sigue dando qué hablar. A los cuestionamientos de la sociedad en general por la entrega de $1568 millones a cooperativas y empresas amigas de todo el país, se suma el malestar de los prestadores del servicio de internet por el criterio de distribución de los subsidios. En Salta, tres personas físicas recibieron un total de $127,4 millones para proyectos en lugares donde ya existe una cobertura importante por parte de otras empresas. Por otro lado, desde la cámara que agrupa a los proveedores salteños del servicio aseguran desconocer el alcance y la estructura de los beneficiados; por lo que surgió el interrogante sobre la efectividad del programa: ¿subsidios a la conectividad o beneficios para los amigos?
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Tal como publicara Cuarto Poder en su edición del sábado 27 de marzo, el ente nacional dirigido por el salteño Gonzalo Quilodrán entregó subsidios provenientes del Fondo Fiduciario del Servicio Universal a empresas, cooperativas y -en el caso de Salta- a personas particulares. Estos aportes están destinados a proyectos de infraestructura para beneficiar a grupos de usuarios que por sus necesidades sociales especiales o por características físicas, económicas, o de otra índole, tengan limitaciones de acceso a los servicios. El origen del fondo fiduciario es el aporte de todos los prestadores de servicios TIC -telefonía fija y móvil, acceso a Internet y TV paga-, del 1% de los ingresos totales devengados. Nuestros beneficiarios locales fueron: Hernán Esteban Rodríguez López, Fernando Ariel Peloc y Javier Alejandro Cardozo.
Aunque la gran mayoría de los proveedores locales ponderan y resaltan la importancia de los Aportes No Reembolsables, todos ellos expresaron serias críticas sobre el criterio de distribución de los mismos. El contexto del desencanto, según aducen, es que la gran mayoría de los prestadores del país se encuentran golpeados por la situación económica. Los costos en dólares suben también en esa moneda y los proveedores, al estar obligados por ley a vender al dólar oficial, suben sus precios en dólares. Algunos empresarios estiman que la actividad tiene el 95% de sus costos en moneda extranjera y el otro 5% en pesos.
Las facturas de servicio, en tanto, se hacen en moneda local o a dólar oficial. De este modo, cuando los costos se elevan de manera constante como ocurre en Argentina, la rentabilidad cae y, en el caso de esta actividad puntualmente, la caída se sostiene desde hace 3 o 4 años. Las consecuencias, según expresaron integrantes de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI), son un menor despliegue de red y niveles más bajos de contratación de mano de obra; algo que no afecta significativamente a empresas grandes como Claro o Telecom, pero sí a Pymes y prestadores más pequeños.
En dicho contexto, la negativa por parte del organismo a otorgar el beneficio a prestadores de comprobada experiencia en zonas desfavorables, no cayó del todo bien; sobre todo teniendo en cuenta el desconocimiento que la mayoría de ellos tiene respecto de los tres beneficiarios salteños. Dos de ellos, reivindican su presencia en la puna, concretamente en el departamento Los Andes y Santa Victoria, pero ocurre que el servicio en esas zonas se brinda desde hace casi dos décadas. En San Antonio de los Cobres, por ejemplo, operan cinco empresas, mientras que Olacapato hay tres. La misma situación se vive en Tolar Grande, las minas y Santa Rosa de los Pastos Grandes.
El otro aspecto tiene que ver con la solvencia de las firmas involucradas, algunas de las cuales acreditan poco más de 100 abonados en todo el territorio y mantienen pesadas deudas con AFIP. El hecho no es menor, dado que uno de los requisitos exigidos a la hora de solicitar los ANR es detallar el estado patrimonial del demandante, a fin de evitar embargos y garantizar la concreción del proyecto. La pregunta que se hicieron muchos empresarios nucleados en la cámara es ¿por qué se entregaron ingentes sumas de dinero a personas a cargo de empresas en situación 5 frente a AFIP o con apenas 100 abonados?
Vale aclarar que el concepto o espíritu del programa de ANR (creado en 2016 a través de la Resolución 2642/16) no es subsidiar a las empresas para su desarrollo particular, sino asegurar el servicio de conectividad a poblaciones en contextos desfavorables. Por lo que el criterio en este caso, no debe ser necesariamente favorecer al más chico, como si de asistencia social se tratara. De hecho, no son pocos los pobladores de Santa Victoria Oeste que manifiestan que el servicio brindado por la firma a cargo de Fernando Ariel Peloc (que recibió $27.825.938) es poco menos que deficiente. «El descontento es porque ENACOM subsidia a firmas que no tienen estructura y, en el peor de los casos, ni siquiera se dedican a la actividad», manifestó un empresario pyme local a este semanario.
En la provincia de Salta hay no menos de 70 proveedores de internet entre pequeños, medianos y grandes que llegan a parajes, comunidades o barrios en particular. Sin embargo, de ese total, las firmas en condiciones de concretar un proyecto de inversión y con todos los papeles en regla, no llegan a 10. Llevar internet a una comunidad en particular puede implicar una amortización (período de recupero del capital) de entre 24 y 36 meses. En zonas desfavorables como Iruya o Santa Victoria Oeste, donde una inversión se estima en $70 millones, ese plazo se multiplica por tres o cuatro.
Es por eso que muchos prestadores del servicio se preguntaron cómo es que tres salteños acapararon $127,4 millones para proyectos en zonas donde ya existe cobertura. Otros apuntaron a vínculos políticos y nexos particulares. Javier Alejandro Cardozo fue funcionario del ministerio de Educación de Salta y es cuñado del intendente de Cafayate Fernando Almeda. Mientras que Fernando Peloc fue mediador comunitario del ministerio de Justicia y secretario de Gobierno del exintendente de Santa Victoria Oeste Lino Flores.
