Los resultados de la encuesta planteada por Universos Data-Consultores para Cadena365.com respecto a la imagen de la Justicia de Salta, refleja claramente un descrédito sostenido en el Tercer Poder Provincial y sus representantes. Norma Jean
En la primera consulta la pregunta es ¿Qué opinión le merece el funcionamiento de la Justicia de Salta? La consulta contó con 1403 respuestas con una consideración negativa del 90%.
La segunda consulta indaga sobre las motivaciones principales de esa alta desaprobación. Cuyas respuestas están entre la lentitud en resolver, amiguismos o parentescos, si beneficia a ricos y poderosos, si tiene dependencia del poder político, si es ineficiente, si hay falta de idoneidad. Acá hubo 1604 respuestas.
En el caso de la primera consulta la consideración Muy Mala fue la más votada y obtuvo 53% (739) de las opiniones, en tanto que la opción Mala sumó un 27% (377) de los votos, lo que en suma muestra una imagen general negativa del 80%. A esta percepción negativa se suma la consideración Regular por la que optó el 12% (170) de los participantes en la consulta, lo que dejaría cerca del 90% a las opiniones que tienen una visión poco favorable del funcionamiento de la justicia salteña. En el rango de las consideraciones favorables, la opción Muy Buena obtuvo un 4% (60) y Buena otro 4% (57), obteniéndose una valoración general positiva del 8%, la que podría terminar rondando en un 10% si se le sumara parte del porcentaje de la opción Regular.
En su segunda etapa, la consulta indagó sobre las motivaciones de la alta desaprobación con la pregunta, la opción amiguismos y parentescos obtuvo el porcentaje más alto con un 27% (432) seguido de dependencia del poder político y beneficia a ricos y poderosos, ambas opciones con 21% (344 y 332, respectivamente) cada una. Luego se ubica Lentitud en resolver con un 14% (230), Ineficiencia con un 11% (175) y al último Falta de idoneidad con un 6% (91).
La mala fama de este poder «independiente» tiene larga data, pero en los últimos tiempos ha requerido de más ayuda de lo necesario para tratar de salir a flote. Es así que tuvieron que contratar los servicios de una consultora especializada en gestión de comunicación corporativa y relaciones públicas, conocida popularmente en Salta y sus alrededores como lo es Troka, para hacerle un lavado de cara al Poder Judicial, a nivel mediático y de opinión pública por la módica suma de 400 mil pesos mensuales, lo que, en 2020, fue denunciado por Cuarto Poder. Aunque por más esfuerzos que la consultora haga, que por el monto recibido deben ser muchos, nada se puede hacer si los propios referentes de la Justicia y más aún de la Corte, no ayudan y se condenan con sus propios actos.
El ejemplo claro de esto es el juez de Corte, José Horacio Aguilar, abogado personal de Juan Manuel Urtubey y de Gustavo Sáenz, socio de la empresa Los Viñaco SAS, quien no solo no habría cedido sus acciones de la empresa al ser designado juez, sino que firmó la constitución de la misma, en los mismos días que fue nombrado. El 18 de febrero inicio del proceso de Designación; el 16 de abril ingreso el pliego al Senado; el 28 de mayo se creó Los Viñaco SAS; el 11 de junio se aprobó el pliego en el Senado; el 12 de junio fue la designación del Gobernador y el 16 de junio fue el juramento de Aguilar.
Cuarto Poder viene siguiendo el tema de cerca, desde que Urtubey mostró su intención de dejar bien acomodado a su abogado, hasta que la bancada oficialista lo puso en el, no tan prestigioso, sillón de la Corte de Justicia de Salta.
La sociedad comercial Los Viñaco SAS (Sociedad de Acciones Simplificadas), dedicada al negocio inmobiliario, agropecuario y comunicacional, cuenta con José Ignacio Lupión, Magdalena Day Aráoz, Bernardo Sayus y José Horacio Aguilar como socios.
El primero que se encargó de aclarar la situación fue su par, Fabián Vittar, quien en la página web opinorte.com.ar señaló que los magistrados solo pueden tener como segunda actividad la docencia y que, de comprobarse el hecho, sería pasible de ser llevado a juicio político. «La incompatibilidad está contenida en el artículo 155 de la Constitución Provincial». En cuyo caso “Hay un procedimiento constitucional para sancionar las conductas de los jueces de corte, de forma idéntica a las del gobernador, que es el juicio político». Teniendo en cuenta la responsabilidad que conlleva, es una actividad de dedicación exclusiva. “Requiere el 100% de su tiempo de manera íntegra y sin ninguna situación de poder frente a posibles conflictos que genere el comercio”, finalizó Fabián Vittar.
El diputado Franco Hernández Berni, integrante de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, explicó en FM Noticias que deberá haber una acción declarativa de certeza para determinar la incompatibilidad. En cuyo caso, Aguilar deberá ceder sus acciones de la firma Los Viñaco SAS, inscripta el 28 de mayo de 2020 y publicada en el Boletín Oficial el 20 de julio.
Hernández Berni recordó que «los magistrados, en general, no pueden ejercer la actividad comercial ni empresarial porque el fundamento del constituyente, al momento de poner esa incompatibilidad ha sido evitar el tráfico de influencias. Por eso los elevados sueldos de los magistrados, atento a que no puede ejercer otra función”. Más allá de ser miembro del directorio o socio accionista, «el fin de la empresa es ganar dinero, no es un fin benévolo». Cualquier miembro de la Corte de Justicia de Salta o cualquier magistrado, están incursos en la incompatibilidad que dice la Constitución Provincial y Nacional. «Por más que vos seas socio accionista de una S.A. o tengas cuota en una S.R.L., en ambos casos sos parte de un organismo que tiene el objeto de ganar dinero, es una actividad comercial. «Todo se soluciona con una acción declarativa de certeza. Tendrá que ceder sus acciones, hay que dar el ejemplo”, remarcó.
En noviembre de 2020, la representante del FOCIS, Sonia Escudero, afirmó en Cuarto Poder que la inconducta del juez de Corte Horacio Aguilar “amerita un pedido de juicio político”. La ex senadora nacional envió esta sentencia contundente, amparada en las revelaciones periodísticas sobre los negocios inmobiliarios del magistrado, a través de la Sociedad Anónima «Los Viñaco». Escudero expresó su incredulidad por el descaro con que se armó este tinglado empresario, claramente superpuesto e incompatible con el rol de Aguilar como ministro del máximo tribunal provincial. “No se puede creer que se haga tan abiertamente”. La abogada hizo esta consideración, luego de la difusión de esta noticia que hizo Cuarto Poder en su página web. “Es absolutamente incompatible. La constitución señala la absoluta incompatibilidad”. Escudero recordó que un “juez de la corte, la única compatibilidad que puede tener con otra actividad es la docencia. De ninguna manera puede, siendo juez de la corte, constituir una sociedad comercial”, aclaró e hizo referencia al mandatario chileno, Sebastián Piñera, que tuvo que desprenderse de LAN. En el caso de Aguilar serían necesarios “los dos tercios en las cámaras y hoy las tiene el gobernador de la provincia, entonces tenemos un problema que hay que revisar”.
El ministro de Justicia, Ricardo Villada, lo defendió en la página web agendasalta.com.ar y dijo que «si alguien cree que hay incompatibilidad, deberá activar resortes correspondientes y tomar medidas de igual manera». Aseguró que un juez de corte puede ser empresario e incluso dijo «¿Cuál es el problema?, muchos funcionarios públicos tienen empresas o acciones, lo que no pueden es entrar en negociaciones incompatibles con los cargos que desempeñan».
La respuesta a sus dichos no se hizo esperar y vino de parte de la senadora nacional mandato cumplido, Sonia Escudero, quien, al margen de manifestar la necesidad de un juicio político para Aguilar, tildó de torpe a Villada por su afirmación y agregó «y si no es torpeza, es una muestra clara de que se pueden mover abiertamente por fuera de la ley”. Villada, junto al Gobernador, fueron quienes firmaron el pliego del juez, y es quien tiene la obligación de denunciar un hecho de estas características, porque se trata de un funcionario público, elegido por los representantes del pueblo de Salta.
A la fecha, no existen registros de que el Juez de la Corte de Salta, Horacio Aguilar, hubiese cedido sus acciones de la firma Los Viñaco Sociedad Anónima Simplificada (SAS). Cosa que se puede constatar en el legajo de dicha sociedad en la sede del Registro Público de Comercio. Tampoco existe a la fecha publicación en el Boletín Oficial que dé cuenta de que se hubiese efectuado alguna cesión de acciones correspondientes a esa sociedad. Si bien cabe aclarar que, en una carta dirigida a los medios, Horacio Aguilar señaló que antes de formalizar su inscripción registral, cedió sus acciones. Asimismo, el Registro Público de Comercio señaló que no existe obligación de comunicar al Registro y de publicar en el Boletín Oficial las cesiones o transferencias de acciones que se realicen, aunque tampoco hay que olvidar que existen antecedentes de que esas publicaciones sí se realizan, lo que se puede comprobar en el mismo. Pero el artículo 82 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, aprobado por la Acordada 12128/16 de la Corte de Justicia de Salta, que regula las obligaciones de integridad y transparencia de los jueces, «el Juez debe adoptar las medidas necesarias para evitar que pueda surgir cualquier duda razonable sobre la legitimidad de sus ingresos y de su situación patrimonial».
De acuerdo al instrumento de constitución de la sociedad comercial, Los Viñaco SAS, Horacio Aguilar, designado Juez de Corte por decreto sancionado el 12 junio de 2020, figura como titular de 50 de las 180 acciones ordinarias nominativas y no endosables, que constituyeron la empresa en su inicio.
La posibilidad de separar al juez de Corte de su cargo flota en el aire desde que se conoció que es parte de una empresa polirubro del medio local. Juez y parte, incompatibilidades, conflicto de intereses o tráfico de influencias, son los cargos que Aguilar llevaría sobre sus espaldas. Una escandalosa situación recae sobre el Poder Judicial salteño. Hasta el momento, Aguilar no habría abandonado de alguna manera su participación en Los Viñaco SAS.
