Tres salteños figuran en la lista de los más beneficiados por los subsidios que otorga el Enacom para proyectos de conectividad. Se trata de $127,4 millones entregados durante la pandemia y apuntan a los nexos de algunos de ellos con el poder político.
2020 fue un año en el que las palabras conectividad, accesibilidad y telecomunicaciones cobraron una notoria relevancia a la luz de los nuevos modelos de trabajo y educación como el «homeoffice» o las clases virtuales. Dicho contexto favoreció la intervención y la visibilización de organismos como el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), cuyo directorio integra el salteño Gonzalo Quilodrán, ex-urtubeycista y ahora integrante del Frente de Todos.
En la semana se conoció que, en el año de la pandemia, el ente destinó $1598 millones en concepto de ANR (Aportes no reembolsables) a cooperativas, empresa y personas físicas. Estos subsidios provienen del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, creado en 2016 a través de la Resolución 2642/16, que establece que todos los prestadores de servicios TIC -telefonía fija y móvil, acceso a Internet y TV paga-, deben aportar el 1% de los ingresos totales devengados. Lo recaudado debe destinarse a proyectos de infraestructura para beneficiar a grupos de usuarios que por sus necesidades sociales especiales o por características físicas, económicas, o de otra índole, tengan limitaciones de acceso a los servicios.
Un relevamiento de actas y de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial realizado a nivel nacional arrojó que hubo 78 subsidiarios distribuidos a lo largo de todo el 2020, entre los que se cuentan empresas estatales, asociaciones civiles, cooperativas y personas particulares. Dentro de este último grupo se ubican tres salteños que, en total, acapararon $127,4 millones de los ANR entregados por el ente de comunicaciones. Salta, a diferencia del resto del país, no tiene ni una sola cooperativa de servicios públicos registrada. Esto, sumado al hecho de que uno de los directores es salteño, fueron algunos de los aspectos sobre los que se llamó la atención a nivel nacional.
En noviembre del año pasado, en un encuentro virtual con beneficiarios de ANR, Quilodrán remarcó: «Cada vez que uno puede anunciar una ayuda para la provincia de Salta, debo confesar que para mí la alegría es doble». Con «ayuda» se refería a los $27.825.938 que el Enacom entregó a Fernando Ariel Peloc de manera particular, para solventar un proyecto de conectividad para 300 familias en la puna. El proyecto aprobado por el Enacom involucra a tres parajes: Santa María, Santa Cruz y Abra de Santa Cruz, en el departamento Santa Victoria, y ya hay quienes sostienen que el alcance del mismo es escaso, considerando la suma entregada. Fernando Ariel Peloc ejerció durante algunos años como mediador comunitario de Santa Victoria Oeste por el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia salteño. También dirigió Canal 4 de Santa Victoria Oeste, medio al que se el asignó pauta oficial durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey.
Más arriba en el ránking de beneficiados aparece Hernán Esteban Rodríguez López, cuya asignación asciende a los $39.126.582. Rodríguez López es Ingeniero Civil y socio gerente de ALUMINIZAR S.R.L., empresa dedicada a la fabricación de puertas, ventanas, techos, vidriados, y todo tipo de instalaciones del hogar; como así también a la construcción, reforma y conservación de edificios; y a brindar servicios de telecomunicaciones. En 2009 llegó a ganar, incluso, la concesión del servicio de fotocopiadoras de la facultad de Ingeniería de la UNSa. El proyecto para el que fue beneficiado alcanza a las localidades de: Santa Rosa De Los Pastos, Olacapato y Tolar Grande, todas ellas en el departamento Los Andes.
Sin embargo, el más privilegiado fue Javier Alejandro Cardozo, con $60.598.168 recibidos durante 2020, que se suman a otros $2 millones que le fueron otorgados en 2018. Cardozo es propietario de «Killa», empresa prestadora de servicios de internet, Televisión, telecomunicaciones vía satélite, reparación y mantenimiento de equipos informáticos. En su página web se define a si misma como: «una PYME con más de trece años de experiencia en comunicaciones, habiéndose iniciado como prestadora del servicio de Televisión por Cable». Cardozo es contador público nacional, fue funcionario del Ministerio de Educación de Salta, trabajó para la Auditoría General de la Provincia y es cuñado del intendente de Cafayate Fernando «casita» Almeda.
Uno de sus más pesados antecedentes fue haber estado procesado con prisión preventiva y luego sobreseído por un intento de estafa a la AFIP en 2013. La investigación iniciada en 2010 daba cuenta de que la banda integrada por Cardozo se dedicada a proveer medios a sus clientes para evadir cargas fiscales. El caso llamó la atención por lo aceitado de su operatoria y los millonarios montos en juego. Las averiguaciones surgieron a raíz de una denuncia presentada por la División Jurídica de la Dirección Regional Salta de la AFIP-DGI el 28 de septiembre del 2010.
ANR para todos
Además de los salteños, otros 75 beneficiarios recibieron millonarias sumas durante el año de la pandemia. La firma más favorecida fue «Aguas del Colorado SAPEM», empresa estatal de La Pampa de la que participa también EMPATEL (Empresa Pampeana de Telecomunicaciones). Sólo para esta firma se destinaron 270.386.554, lo que corresponde al 17% de todo el dinero asignado. Entre los integrantes del directorio del Enacom se encuentra el peronista Alejandro F. Gigena, quien participó de la creación de Aguas del Colorado en 2006 y de Empatel en 2019. Aunque son conocidos los nexos entre el albertismo y el peronismo pampeano de Verna, muchos posaron la mirada sobre la actual Subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, Pamela Ares, oriunda de Macachín (La Pampa) y pareja de Gonzalo Quilodrán.
A estas empresas provinciales se las conoce genéricamente por la sigla de su razón social: sociedades de participación estatal mayoritaria (Sapem). En conjunto, fueron adjudicadas con $849,2 millones, es decir, más de la mitad de todos los fondos distribuidos.
El Ente Nacional de Comunicaciones actualmente es presidido por Claudio Ambrosini, referente del massismo, que también integró el directorio anterior como minoría en representación del Frente Renovador. Los otros dos directores son Quilodrán y María Florencia Pacheco, licenciada en Educación con experiencia como empleada pública en la Anses y el IOMA. Tanto Quilodrán como Pacheco se referencian en el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. El directorio se completa con el abogado pampeano Gigena -propuesto por el kirchnerismo del Congreso- y por la expresidenta del organismo y exdiputada -diseñadora gráfica de formación- Silvana Giuduci, propuesta por el bloque del PRO.
