Luego de 5 años la justicia imputó a un hombre por el asesinato de la menor que residía en un centro de “contención” estatal.
Las responsabilidades estatales por el femicidio de la joven Rebeca Anahí Girón de 17 años quien residía en uno de los dispositivos dependientes del entonces Ministerio de Derechos Humanos de Salta a cargo de Marianela Cansinos, fueron silenciados a pesar de haber pasado cinco años de un violento asesinato contra una mujer.
El silencio por las responsabilidades de funcionarias que en aquel entonces debían resguardar a la menor son tapadas incluso por el fiscal que hoy lleva la causa. Y que casualmente ya fue señalado por maniobras similares, se trata del fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio.
El hallazgo del cuerpo de la joven de 17 años se produjo el 23 de setiembre de 2015 en una vivienda abandonada, ubicada en pasaje Madre Teresa de Calcuta y Manuela G. de Todd de Villa Angelita. Según declararon el secretario de Derechos Humanos, Martín García Caínzo y el entonces titular de Igualdad de Oportunidades, Eduardo Robino, la menor se había “fugado” de los centros de contención en diferentes oportunidades.
Aunque hoy desde prensa del Ministerio Público Fiscal al informar que el hombre que halló el cuerpo fue imputado, luego de años de impunidad, aseguren que la víctima “se encontraba en situación de calle”, lo cierto es que la joven residía en el Centro de Inclusión Transitoria Amanecer, del barrio Castañares.
Marcela Lagarde definió: “la inexistencia o debilidad del Estado de derecho, en la cual se reproducen la violencia sin límite y los asesinatos sin castigo” para que estos crímenes se extiendan en el tiempo. “Por eso, para diferenciar los términos, preferí la voz feminicidio y así denominar el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del estado de derecho que favorece la impunidad. Por ello afirmo que el feminicidio es un crimen de Estado”, dijo.
5 años, un imputado
Prensa oficial informa que el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio, imputó a Hernán Nicolás Viveros como autor del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género en perjuicio de Rebeca Anahí Girón.
Informaron que “La Unidad Especial de Investigaciones realizó un informe de intervención en la causa, donde analizó entrevistas, declaraciones y elementos objetivos recogidos y pudo detectar inconsistencias en la actividad de los sujetos que se encontraban presentes en el lugar donde se encuentra sin vida a la víctima. Se identifica a los tres hombres que ingresan a la vivienda abandonada y se establece que Viveros es quien ingresa al lugar exacto donde se encontraba el cuerpo y se vislumbra en todo momento su intención de desviar la investigación hacia otras personas, sin poder explicar el motivo por el que concurrieron a ese lugar. De la investigación surge que el hallazgo fue ‘propiciado’ y presentado de manera presuntamente accidental por el acusado, que además, omitió dar cuenta de dicha circunstancia a las autoridades”.
Una muerte evitable
En 2005 Cuarto poder retrató las omisiones estatales ante el asesinato de una menor que debía ser resguardada por el Estado, justamente en una de las provincias con mayores casos de muertes violentas contra mujeres. Compartimos la nota escrita por el periodista Federico Anzardi:
Una nueva muerte ocurrió en el corazón de Derechos Humanos. Anahí Girón falleció tras años turbulentos provocados por las adicciones. Los funcionarios aseguran que se hizo todo lo posible pero documentación a la que accedió Cuarto Poder sugiere, otra vez, lentitud y trabas innecesarias de un Ministerio cuestionado.
Menos de tres meses después de la muerte de Thiago Quipildor, el Ministerio de Derechos Humanos se ve envuelto en un nuevo caso que revela irregularidades internas que podrían haber contribuido indirectamente en el fallecimiento de Rebeca Anahí Girón, una adolescente que apareció estrangulada el sábado pasado en la zona del río Arenales.
Anahí tenía 17 años. Venía de una familia que se había desintegrado e intentaba salir de una serie de adicciones adquiridas desde 2012. Caía constantemente en el consumo, presa de una vida que la había destinado a deambular por las calles.
Cuando tenía 15 años, entró en una espiral de adicciones a diferentes sustancias. Empezó a fugarse del Pequeño Hogar al que había sido destinada junto a su hermana mayor por los equipos técnicos del subprograma Sistemas Alternativos de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades del Ministerio. Desde entonces, tuvo breves paréntesis de estabilidad que no lograron mantenerse.
Tras distintas fugas, Anahí fue destinada el año pasado al Centro de Inclusión Transitoria Amanecer, del barrio Castañares, donde se consideraba que estaría mejor asistida debido a su situación. Su hermana se mantuvo en el Pequeño Hogar hasta que cumplió la mayoría de edad.
El 19 de septiembre, cerca de las 17.30, Anahí fue hallada en una casa abandonada cercana al puente de avenida Tavella. Estaba acostada y tenía el pantalón por las rodillas. Fuentes del Ministerio de Derechos Humanos aseguran que la noticia cayó como una bomba en los distintos despachos y no necesariamente por la congoja producida por una muerte que muchos veían venir, sino porque el hecho manchaba una vez más a la gestión de Marianela Cansino.
Desde entonces, la información fue surgiendo a cuentagotas, hasta que el Ministerio no pudo seguir evitando hablar del tema. El lunes, la noticia se empezó a divulgar por los medios, que rápidamente informaron que se trataba de una menor que estaba bajo el cuidado del gobierno. El primer funcionario que habló fue el secretario de Derechos Humanos, Martín García Caínzo, quien el martes declaró al sitio web La Gaceta que Anahí estaba fugada desde noviembre. Al día siguiente, Nuevo Diario citó al titular de Igualdad de Oportunidades, Eduardo Robino, aclarando que la adolescente había tenido diversos contactos con la gente de la Secretaría durante este 2015.
El jueves, la subsecretaria de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades, Marcela Guaymás, le aseguró a Cuarto Poder que desde el Ministerio se hizo todo lo que estaba al alcance para ayudar a Anahí. Agregó que la joven se resistía a realizar los tratamientos que se le sugerían para combatir sus adicciones.
“En estas cuestiones se apela a la voluntad. No podés forzar el tratamiento”, explicó Guaymás, quien agregó que las constantes fugas de Anahí también se debieron a un impedimento legal: los CIT son lugares de puertas abiertas, donde nadie está encerrado.
La funcionaria también expresó que Anahí siempre estuvo acompañada por gente de la Secretaría, que intentó constantemente sacarla del pozo en el que se encontraba.
No fue una sorpresa
En Igualdad de Oportunidades no están sorprendidos por la muerte de Anahí. Aseguran que era algo que ya se había pronosticado puertas adentro y que respondía a lo difícil que resultaba ayudarla. Se fugaba constantemente, pero muchas veces parecía dispuesta a salir de sus adicciones. Algunos empleados la asistieron incluso cuando ya no les correspondía.
La prueba de este compromiso existente desde los empleados de la Secretaría es la nota dirigida a la Asesora de Incapaces Nº 5, Dra. Patricia Gómez de González, enviada en febrero de este año por uno de los equipos técnicos de Sistemas Alternativos, que ya no estaban a cargo de Anahí debido a que la asistencia correspondía a los miembros del CIT.
En la nota se informaba que Anahí fue internada el 30 de enero de 2015 en la sala de Desintoxicación del Hospital del Milagro después de haberse presentado espontáneamente en el Pequeño Hogar en el que vivió junto a su hermana. Anahí siempre volvía a ese lugar. Allí se sentía protegida y contenida. Detestaba Amanecer.
En esa oportunidad, Anahí estaba buscando alimento y vestimenta. Llegó hasta el Pequeño Hogar, donde la encargada y el equipo técnico de Sistemas Alternativos la convencieron de ser asistida.
El 4 de febrero fue derivada al Centro de Orientación y Consulta de la Secretaría de Abordaje Integral de las Adicciones, permaneciendo en el Pequeño Hogar como medida temporal.
En esos días, ante la posibilidad de realizar un tratamiento de rehabilitación, Anahí alternaba estados de entusiasmo y optimismo con otros en los cuales era notable su ansiedad y la baja tolerancia a la frustración. No podía esperar, necesitaba recuperarse cuanto antes. Mientras tanto, se estaba realizando el período de admisión de la joven en el Programa de rehabilitación PUENTE, donde no había lugar disponible en ese momento.
El 10 de febrero, Anahí se fugó nuevamente. La nota del día 13 aseguraba que las últimas fugas e interrupciones de tratamientos se estaban dando “en el marco de ciertas dificultades institucionales”.
“El deterioro físico y psíquico como efecto del consumo de sustancias es evidente y preocupante en Anahí (…) ante un eventual retorno de la joven, no se recomienda que permanezca en el PH (Pequeño Hogar), dada la complejidad de su situación y en procura del resguardo del grupo de niños, niñas y adolescentes que allí residen. Por todo lo expuesto, se sugiere que en el caso de dar con el paradero de la joven Anahí Girón, y a los fines de garantizar su asistencia terapéutica, la misma permanezca en la División de Protección al Menor, para desde allí poder cumplimentar con el proceso de admisión que permita definir la estrategia de intervención más adecuada a la complejidad de su situación”, finalizaba la nota.
Dos meses después, los equipos técnicos de Sistemas Alternativos volvieron a encargarse de la situación de Anahí. En una nueva nota, informaban que la joven había estado internada dos días en el Hospital de Salud Mental Ragone por desintoxicación, hasta que fue retirada, luego del alta médica, por su hermana. “Frente a esto, ambas se presentaron en este Sub-Programa el día 20 de mayo para que podamos mediar con Anahí su internación o permanencia en un lugar hasta tanto pueda ser atendida en Puente, donde dan turnos programados y el cual estaba fijado para el día 22 de mayo (…) a pesar de la gravedad de la situación”, expresaba el texto, señalando que Anahí tenía que esperar para ser asistida incluso en momentos en los cuales ya estaba comprobada su tendencia a la fuga y la recaída.
Anahí rechazó esas propuestas y se las ingenió para volver a fugarse. En ese momento, ya no tenía un lugar fijo de residencia, deambulaba definitivamente por las calles. Su hermana, embarazada de siete meses, no paraba de buscar ayuda, pero sólo obtenía demoras.
La nota de mayo finalizaba igual que la de febrero: “Vemos la necesidad, salvo mayor criterio, que se efectivice la búsqueda de Anahí por el estado de abandono y riesgo en que se encuentra y a los fines de garantizar su asistencia terapéutica, la misma permanezca en la División de Protección al Menor, para desde allí poder cumplimentar con el proceso de admisión que permita definir la estrategia de intervención más adecuada a la complejidad de su situación”.
Qué hizo el Ministerio
Marcela Guaymás aseguró que Anahí siempre estuvo acompañada por los trabajadores de la Secretaría, lo cual es cierto a medias, ya que los que asistieron a la joven no eran los que debían hacerlo. Además, las sugerencias reiteradas para que Anahí fuera destinada a un lugar de mayor seguridad no se pusieron en práctica.
Como sucedió con Thiago Quipildor, el trágico desenlace fue anunciado por los propios empleados de Derechos Humanos. A pesar de que en las oficinas del Ministerio se cree que quienes debían ayudar a Anahí no hicieron demasiado, Guaymás no está de acuerdo con esa comparación.
Las responsabilidades también apuntan a la Policía y a Amanecer. Entre mayo y junio, según una fuente cercana a la Secretaría, Anahí estuvo detenida en la comisaría de Santa Lucía junto a su madre, quien presenta un cuadro de adicción mezclado con casos de robos y prostitución que influyeron en su hija. A pesar de que existía una denuncia por fuga desde noviembre, la chica fue liberada a las pocas horas de haber ingresado, antes de que los trabajadores de Igualdad de Oportunidades pudieran acudir.
El 12 de septiembre, una semana antes de su muerte, Anahí volvió a aparecer por el Pequeño Hogar al que acudía cada tanto. La escena fue similar a las anteriores. Estaba muy flaca. Prometió regresar a Amanecer y comenzar un tratamiento de rehabilitación. Nunca lo hizo.
Trabajadores de Derechos Humanos consideran que los chicos seguirán muriéndose mientras se mantengan desprotegidos por una estructura ministerial débil. Consideran que Anahí es un ejemplo de cómo las trabas burocráticas y la lentitud, en muchos casos originada por la falta de recursos, provoca un mal desempeño que se cobra vidas. Un panorama lógico de una gestión calificada, por sus propios empleados, como la peor de los últimos años.
