El abuso sexual ejercido por curas contra menores que depositan en ellos confianza y respeto, tiene el agravante que detrás de estos pedófilos hay instituciones que en vez de velar para que se arribe a sentencias ejemplificadoras, optan por el silencio. Están mas preocupados por su pellejo disfrazado de “independencia judicial”, que el de los niños abusados que luego de haber sido sometidos a ultrajes, se animan a contar y denunciar, con la esperanza de que se haga justicia, para así poder reinventar sus vidas, pero se topan con jueces como Adolfo Figueroa.
Por A. Bogado
Tan grandes fueron las carcajadas que se escucharon en funcionarios y empleados del Poder Judicial con el ambiguo comunicado del Colegio de Magistrados denunciando presiones internas y externas, sin dar nombres, para defender al juez de la Sala Violín, Adolfo Figueroa que hasta los ordenanzas pensaron que se había viralizado una broma por las computadoras en la Ciudad Judicial. Es que nadie podía creer que después de favorecer de manera escandalosa a dos curas pedófilos por pedido especial de la Curia, alguien pensara que el jubilado juez, convocado como miliciano a defender causas indefendibles no había recibido un llamado en su teléfono rojo, resolviendo como ningún juez en actividad de las otras Salas del Tribunal de Impugnación se hubiera animado a hacerlo.
Primero el Focis y después el procurador Abel Cornejo, denunciaron públicamente el escándalo que significa que la única Sala que falla a favor de los curas pedófilos, la integren dos jueces jubilados. Si se analiza cómo se actúa con los cargos vacantes en el Poder Judicial mientras se llama a concurso en el Consejo de la Magistratura, cualquier ciudadano desprevenido puede darse cuenta que se aplica la ley 7717. Según esa ley, cuando hay una vacante, el Consejo de la Magistratura llama a una entrevista y luego eleva ternas al Ejecutivo, quien a su vez escoge un nombre y pide el acuerdo del Senado. Las suplencias o subrogancias, no pueden durar más de dos años según la ley. Lo que llama la atención es que para la única Sala del Tribunal de Impugnación, que en materia penal es el más importante de la Provincia, se hayan concursado las otras tres Salas y solamente se haya omitido hacerlo en la Sala IV, donde se recurrió a un procedimiento inusual en Salta porque solamente comenzó a regir desde que se realizó el Convenio de Traspaso en Materia Previsional con la Nación a través de la ley provincial 7582 que adhiere a la ley nacional 24.018.
Esta última ley es la que regula el régimen de jubilaciones de los jueces nacionales y provinciales y les otorga el 82% móvil. Según el artículo 16 de la ley 24.018 que se sancionó para solucionar la controvertida situación en la que durante años se encontraban los jueces federales subrogantes en el interior del país -por ejemplo Catamarca no tiene juez federal titular desde hace 16 años- las Cámara Federales pueden hacer una lista con los jueces jubilados y sortearlos, hasta tanto se cubran las vacantes. La demora en la designación de jueces federales es una vieja polémica que envolvió tanto al gobierno kirchnerista como al macrismo, pero sucede que en Salta nunca se produjo semejante situación. De ese artilugio precisamente, es el que se valió la Corte de Justicia local para cubrir las vacantes de la Sala IV, obviando lo que especialmente ordena en materia de concursos la Constitución de la Provincia. Lo que es peor es que al principio, a la Sala Violín la integraban Adolfo Figueroa, Omar Silisque y Luis Costas. Cansado del desgaste que había producido la primera excarcelación del cura Rosa Torino, Costas renunció y -como si viviésemos en Macondo, porque de otra forma no se entiende- el Consejo de la Magistratura llamó a concurso para cubrir únicamente el cargo de Costas. Otra curiosidad es que esa Sala IV -o Violín- desde la creación del Tribunal de Impugnación estuvo siempre vacante, es decir no se concursaron sus cargos y con una pijotería se les designó jueces como en las peores épocas de la dictadura, mediante una Acordada de la Corte de Justicia, sin concurso.
Como cuando ya te metés en el río y no queda otra que mojarte, el jubilado juez Adolfo Figueroa -acostumbrado a la vieja prédica de que los jueces solo hablan por sus sentencias- se hizo hacer un reportaje a toda página en el diario El Tribuno en el que justifica su designación por tiempo indeterminado anunciando que es constitucional porque antes, cuando estaba en actividad recibió acuerdo del Senado ¿?. La explicación hizo ruborizar a varios y encolerizar a otros, sabiendo que muchas veces pasar por el Consejo de la Magistratura implica someterse a destratos y humillaciones que para peor, quedan filmados. Nunca explicó en la entrevista el cuestionado magistrado, porqué se apartó de la jurisprudencia en materia de abusos infantiles de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es de aplicación obligatoria. Tampoco dijo nada respecto de, hasta cuándo piensa quedarse apoltronado en un cargo que evidentemente usurpa desde hace tres años. Y si vamos mas lejos, el juez o mintió, o tiene poca memoria porque se animó a manifestar que la acordada de la Corte fue firmada por los entonces miembros, entre los que se encontraba su actual verdugo, pero resulta que la firma de Cornejo no aparece en el documento con lo cual se descuenta que no hubo tal aceptación.
Tampoco la Corte de Justicia dijo ni pío sobre un nuevo apartamiento de las normas legales vigentes; ni por qué para todas las vacantes transitorias utiliza un sistema, y solamente para este caso, otro. Es así como las supuestas “presiones» que denuncia el Colegio de Magistrados son un mal chiste que no merecen ni la risa, porque evidentemente a ninguno de sus integrantes le importa un bledo, que dentro de la justicia se deje de hacer trampa.
Mientras tanto, los culpables son los medios de comunicación, los que denuncian, o los abogados sin padrinos que quieren que se tomen concursos transparentes en los cargos vacantes. Y no que los ocupen jubilados simpatizantes de curas abusadores.
Adolfo Figueroa resolvió a favor del cura José Carlos Aguilera acusado de abuso sexual en dos causas ocurridas entre 1997 y 1998.
También revocó el requerimiento de elevación a juicio en la causa contra el sacerdote Agustín Rosa Torino, imputado por “abuso sexual gravemente ultrajante”.
