Finalmente, y luego de una larga polémica que llevó un extenso tratamiento en los medios de comunicación y hasta una protesta en las puertas del establecimiento escolar privado, el Ministerio de Educación resolvió multar al Colegio Santa María. 

De esta forma se estableció que el colegio Santa María incurrió en un acto de discriminación respecto al estudiante que manifestó su orientación sexual y vulneró los derechos a los compañeros que se solidarizaron con este joven.

Mediante la resolución Nº 10.202, el Ministerio de Educación establece que las autoridades del colegio deberán implementar a partir de 2019 un programa de capacitación en derechos humanos con especial énfasis en el principio de igualdad y no discriminación, dirigido a directores, personal jerárquico, tutores y docentes.

Además resuelve que la institución adoptará las medidas necesarias para garantizar la re matriculación de los alumnos involucrados en el caso, o a opción de sus representantes, conceder el respectivo pase a otra unidad educativa.

También se determina aplicar una multa, equivalente a diez cuotas o aranceles abonada por alumno (se estima que cada chico paga alrededor de 15 mil pesos por mes), según lo establecido en artículos del Decreto Provincial Nº 4.203/1.999 correspondiente al Régimen de Incorporación para Establecimientos de Gestión Privada.

El argumento de la resolución se ampara el rol del Estado ante las normas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución de la Nación Argentina donde se incluyen los tratados internacionales, a partir de la reforma del 94; el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; la Ley 23.849, de Protección Integral de la Niñez y la Convención sobre los Derechos del Niño y otras normativas internacionales, nacionales y provinciales, según informaron desde el Gobierno.

El caso

El caso del menor Santiago C., ocurrido en el Colegio Santa María puso en evidencia la cimiente autoritaria de una elite.

Un celador, abochornó al alumno frente a sus compañeros por usar una pulsera con los colores de la diversidad.

Luego, el personal directivo violentó los derechos personalísimos del adolescente en un interrogatorio invasivo sobre su sexualidad.

Finalmente,  la fundación Santa María, que preside Virginia Blaquier de Patrón Costas, decidió expulsar a  cuatro amigos de Santiago C. por haber expresado su repudio al hecho, bajo la excusa de un derecho de admisión.

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Tras la mediatización del caso de Santiago, la ministra de educación Analía Berruezo defendió a la institución católica. Para la funcionaria, la expulsión tenía que ver con una inconducta de los alumnos en el mes de octubre.

“No es algo que tenga que ver con su orientación sexual. Tiene que ver con una burla que hicieron en el mes de octubre, según dicen desde el establecimiento, al símbolo de la escuela. Por eso se generó en ese mes un llamado de atención y una posterior reunión con las familias”– dijo en su momento.

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La intervención del gobernador de la provincia Juan Manuel Urtubey ante la fuerte presión mediática y social, hizo a la funcionaria retroceder en sus argumentos favorables al Colegio para esta vez, reconocer que lo que sucedió en el Colegio Santa María, fue un acto de discriminación y vulneración de derechos.