La intervención del Municipio de Aguas Blancas es una respuesta severa contra el crimen organizado de Orán. Con alguna resistencia de dirigentes del Partido Justicialista se impuso claramente la decisión de condenar a quienes desde la política incursionan por el narcotráfico o se sirven de su dinero.
N. de R.
La intervención del Municipio de Aguas Blancas, definida en una semana por las dos cámaras legislativas, califica como una de las respuestas más contundentes que ha dado la Provincia al crimen organizado, aunque se haya gestado de manera improvisada y traumática. Con cierta polémica, algunos desencuentros en las altas cumbres del poder y una deplorable calidad legislativa para tratar temas importantes, un intendente y un abogado entraron al calabozo y un juez prebendario tiene los días contados.
Algunos operaron en contra de la corriente. Mientras el lunes ya se hablaba de avanzar con una intervención, algunos legalistas del Partido Justicialista se negaban y encontraron la excusa en que el Intendente no estaba detenido. Para ellos, el escándalo tiene grados o intensidades, y no resulta suficiente la relación del alcalde con el narcotráfico sino, no habiendo más remedio, su encarcelamiento.
Sin embargo, el pedido de los fiscales no tardó en llegar al Juez Raúl López, que ordenó a regañadientes la detención de Carlos “Conejo” Martínez y Ortega Serrano, y se mostró un poco remolón a la hora ordenar el allanamiento de su colega Claudio Parisi. Es quien todavía dilata la detención que debe ser solicitada al Jurado de Enjuiciamiento.
Algunos intendentes recibieron llamados de un diputado del departamento de Orán, aunque ninguno se animó a colectivizarse en solidaridad con el “Conejo” Martínez. Nada dijo el Foro de Intendentes sobre semejante medida. Una última gestión la realizó el Secretario General del PJ Antonio Hucena, quien se animó a alegar ante varios diputados a favor del destituido en la playa de estacionamiento de la Legislatura Provincial. Sin embargo, la suerte estaba echada.
El interventor del Municipio de Aguas Blancas será Adrián Zigarán, quien ya trabajó en terrenos difíciles cuando se intervinieron Aguaray y Salvador Mazza. En su primera declaración ya dejó en claro que la frontera del narcotráfico ya avanzó hasta Colonia Santa Rosa. La mención no es casual, tras algunas versiones que colocan a algunas autoridades políticas de ese municipio dentro del radar del narcotráfico.
La publicación de Cuarto Poder de la edición anterior puso especial acento en las responsabilidades de políticos y funcionarios en el ingreso a las lides políticas de personas vinculadas al narcotráfico. También dejó en claro que cada colaborador de la narcocriminalidad busca ocupar espacios estratégicos en la administración pública provincial y municipal para favorecer designios de sus mentores. Esto explica los rangos de los actuales acusados.
La justicia de Orán, tanto del fuero federal o provincial, se encuentra severamente cuestionada. Un juez y un fiscal del ámbito nacional, dos jueces penales y un secretario provinciales, son la punta de un iceberg insondable. Cuántos actores de la justicia también cobran coimas para mejorar la situación procesal de detenidos, o para demorar investigaciones de gran calibre? Que rol juegan quienes detentan cargos de representación popular como intendentes, diputados y senadores de los departamentos fronterizos? Hasta ahora se ha relativizado la importancia que tiene que tener la legislación electoral para poner filtros y señalan con razón que la ley de “ficha limpia” es una necesidad impostergable.
Parisi aparece
Claudio Alejandro Parisi pasó en poco tiempo de ser un prospecto de juez inofensivo a un modelo que parece haber claudicado frente a las tentaciones del dinero. El problema es que se trata de plata contaminada por el narcotráfico y que le pagan un buen sueldo y le dieron garantías de estabilidad por ser, esencialmente, justo y no aflojar frente a los sobornos con los que juega el narcotráfico. Está acusado de favorecer ilegalmente la detención domiciliaria de José Dimas Ruiz, previo pago de un dinero que habría efectivizado en dólares el abogado Roberto Ortega Serrano. El Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados debiera ser más estricto con quienes usan la profesión y el amiguismo de las localías para forzar sentencias favorables para los traficantes.
Claudio Parisi tuvo perfil bajo hasta ahora. Solamente se expuso como presidente de una Comisión Normalizadora del Club General Pizarro de Orán. Durante el urtubeycismo, que tuvo criterios relajados en un amplio proceso de renovación de jueces durante más de una década, apareció en 2013 como Auxiliar de una Fiscalía Penal promovido por el entonces Procurador General Pablo López Viñals. En noviembre de 2014 obtuvo el acuerdo del senado para Juez de Garantías de Segunda Nominación de Orán. Diez años después quedó comprometido pero todavía no se audita el tiempo en el que podría haber multiplicado estos caso venales.
El 2 de Febrero de 2015 juraron como jueces Claudio Parisi y Edgardo Laurenci junto a 11 magistrados más en toda la provincia. María Inés Diez y Pamela Caletti fueron Ministras de Justicia en esa era, y un Consejo de la Magistratura poblado de políticos trabajó las designaciones en las que un 50% del puntaje se dirimía en entrevistas personales en donde prevaleció la discrecionalidad y los contactos personales. Quieran o no, son demasiados los nombres que contribuyeron a que el sistema falle.
En ese entonces el senador por Orán era Pablo González, quien luego sería electo intendente del municipio de San Ramón de la Nueva Orán y tendría sobre el final de su segundo mandato una estrecha relación con José Dimaz Ruiz, cuyo abogado Roberto Ortega Serrano terminaría comprometiendo a Claudio Parisi. Como se explica que un médico que habitó en la fauna política oranense terminó estrechando lazos con un narco?
Dimas Ruiz y el dinero narco?
José Dimas Ruiz, pegado a Pablo González y al ex diputado Antonio Hucena, estuvo a un tris de ser candidato a senador provincial por el frente que lidera el PJ salteño. Es hijo de un panadero con alguna fortuna que terminó en la quiebra pero le financió su profesión de contador público y le heredó cinco casas.
Su despegue aparece vertiginoso en 2022, justamente cuando comenzó a relacionarse con gente peligrosa. En ese año es que se hizo de cuatro sociedades en las que diversificó actividades y cuyos capitales aparecen sospechados. Remató ese año incursionando en el impactante robo a Abras del Sol que contó con más de diez ladrones que usaron pasamontañas y armas de alto calibre, apropiándose de 13 millones de pesos y 130.000 dólares.
Agroline SAS fue creada el 23 de febrero de 2022 por Dimas Ruiz junto con los hermanos Tomás y Valentín Garavaglia para la compra y venta de agroquímicos e insumos para el agro en general, flores, plantas, semillas, abonos, fertilizantes y alimentos balanceados por menor y mayor. La sede social la constituyeron en la calle López y Planes Nº 241, Dpto. 5 B de Orán.
Dimas Ruiz fundó también Wama Comunicación SAS el 26 de Mayo de 2022 con Ramón Armando Alí y Ramiro Sebastián Ortega. El objeto de esta sociedad, compatible con sus intereses políticos, es la prestación y explotación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, telefonía y campañas publicitarias. La sede social está situada en calle López y Planes 800, Orán.
Apenas un mes después, creó Guadalascar SAS el 30 de junio del 2022 con Ramón Armando Alí para el servicio de expendio de bebidas en bares, cervecerías, pubs, cafeterías y tiene sede social en 25 de Mayo N° 203 de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.
Al mes siguiente compró la estructura social de Distri Dana SAS que tenía apenas un año de antigüedad. En reunión de socios del 29 de julio de 2022 se aceptó la renuncia de Daniel Alejandro Fernández como administrador titular y de Florencia Nicole Sotomayor como administradora suplente. Entregaron esos cargos a Valentín Garavaglia y José Dimas Ruiz. Desde ese momento constituyeron domicilio en calle López y Planes N° 800, el mismo que tiene Wama Comunicación SAS.
Distri Danas SAS tiene por objeto social la distribución, comercialización, compra y venta, importación y exportación, y comercio en general de todo tipo de artículos, bienes, insumos, materias primas, maquinarias y equipos, implementos, accesorios y materiales en general, para atender la industria en todos los órdenes, el sector de limpieza e higiene, agroindustria, agropecuario y alimenticio.
La Fiscalía Penal se Orán debería bucear en medio de estos intereses comerciales en los que no se advierten negocios rentables sino probables operaciones de blanqueo. En caso de ser pantallas societarias del narcotráfico lo que resta por saber es quienes son los Garavaglia, Ortega y Alí, quienes por cierto no tienen patrimonio alguno con qué explicar el capital aportado en estos emprendimientos. La justicia tiene demasiada tela por cortar en estas investigaciones.
Dimas Ruiz, a tenor de las versiones judiciales, aparece ya como un miembro del crimen organizado en el que sobresale Cristian “Gringo” Palavecino, a quien se acusa –entre otras fechorías- de planificar un atentado contra el Procurador General de la Provincia Pedro García Castiella.
La fiscal penal Daniela Murúa, interina en la Fiscalía Penal 2 de Orán, ya imputó a Dimas Ruíz por los delitos de tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego sin peritar (tres hechos) y robo simple agravado por las circunstancias de hurto en concurso real y en grado de partícipe necesario. No solamente habría sito el entregador de la frutihortícola Abra del Sol –de la que era el contador- sino que se lo acusa de planificar el robo en la casa de Juan Pablo Filtrin y de otras viviendas de personas con las que tenía trato.
A pesar de que no había explicaciones suficientes del origen del dinero que comenzó a mostrar en una localidad no tan grande como Orán, todos prefirieron callar o disimular. Tal vez por eso este narco-contador era el presidente del Zenta Rugby Club de Orán.
Vientos de cambio
El criterio que se fijó en relación al juez Edgardo Osvaldo Laurenci, que se salvó de la destitución cuando presentó la renuncia y ésta fue aceptada, no es el mismo que el aplicado a Claudio Parisi, al que la Procuración General quiere encarcelar.
Laurenci habría sucumbido al final de su carrera luego de que los narcos lo “cañoñearan” con algunos fajos de dinero. O quizás ya había cedido al dinero antes del caso que lo expuso. Todavía no hay contundencia para investigarlo y, gracias a un criterio piadoso del Ministro de Justicia Marcelo Domínguez de la Secretaria General de la Gobernación Matilde López Morillo -que redactaron el decreto de aceptación de su renuncia-, hoy percibe una jugosa jubilación.
Qué se debe hacer con un magistrado que favoreció la fuga de uno de los tantos sicarios que contrata el narcotráfico para amedrentar o silenciar a quienes pueden comprometerlos con la justicia? El favorecido por Laurenci es Lino Romero, que se reporta con el feroz clan Castedo, y que fue autorizado a salidas transitorias a pesar de sus antecedentes.
Aunque la responsabilidad de combatir el narcotráfico recae primordialmente sobre el Estado Nacional y las fuerzas de seguridad federales, está claro que Salta debe actuar con firmeza para que las localidades fronterizas resistan al intento de los traficantes de convertirlas en cotos de caza y zonas liberadas. Los socios o afines de los criminales no pueden actuar en política ni ocupar cargos en la función pública.