Luego del pedido de organizaciones de mujeres, Urtubey dejó sin efecto un decreto que obstaculizaba los abortos no punibles, mientras 37 diputados firmaron contra la despenalización del aborto porque consideraron que sería un “genocidio”. Los médicos siguen amparándose en el argumento ético de la objeción de conciencia y los grupos católicos apropiándose de la palabra “vida”.
Andrea Sztychmasjter
El domingo pasado, grupos católicos autodenominados “pro vida” se manifestaron una vez más por las calles salteñas: “Se siente, se siente, la vida está presente”, “aguante la vida”, y otros cánticos con la palabra Vida se escucharon decir entre los presentes. La caravana abarcó alrededor de 15 cuadras y tal como habían convocado, estuvieron con sus vehículos “adornados con globos celestes y blancos”.
Autos y 4×4, incluso un colectivo de Saeta y de la Veloz del Norte y una ambulancia del Samec, con banderas y carteles se dieron cita en el Monumento a Güemes. Los reclamantes eufóricamente señalaron estar a “favor de las dos vidas”. “Estemos atentos esto recién comienza”, se escuchó decir por uno de los micrófonos. “La ideología de género atenta contra nuestra familia, no queremos aborto enmascarado como parte del servicio a la salud”, dijeron.
Y es que desde que comenzaron en Diputados las audiencias de debate por la despenalización y legalización del aborto, los grupos católicos de las provincias más reaccionarias vienen concretando diferentes manifestaciones. En Salta, al lado de los “pañuelazos” que realizan distintas organizaciones de mujeres, grupos católicos se reúnen a rezar; es lo que ocurrió los últimos martes frente a la Legislatura. Luego de la movilización nacional “del día del niño por nacer” y de la caravana de autos, los grupos de la iglesia católica convocaron a una próxima marcha para el 10 de junio, dos días antes de que finalmente se trate el proyecto de ley en el Congreso.
La escritora Claudia Piñeiro, en su exposición por la despenalización del aborto en Diputados, explicó cómo el lenguaje construye realidad y cómo en este debate los grupos católicos se apropian de la palabra Vida. Citando al libro Sobre la tiranía, de Timothy Snyder, la escritora advirtió determinadas operaciones que se dan en la democracia que conducen a situaciones cercanas a la tiranía; una de ellas es cuando un sector de la sociedad se apropia de una palabra, signo o símbolo, del que excluye al resto. “No permitamos que nos roben la palabra vida. Yo también estoy por la vida y estoy a favor de una ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). No nos ofendan más”, señaló.
El presidenciable se adelanta
En medio del caso que tomó estado público, de una niña salteña de 10 años embarazada producto de la violación de su padrastro, resurgió el incumplimiento de la Provincia de Salta respecto al fallo de la Corte Suprema sobre la realización de Abortos No Punibles (ANP), señalado incansablemente por organizaciones de mujeres desde 2012. Además del proyecto del bloque del Partido Obrero, firmado por los diputados Gabriela Jorge , Claudio Ariel Del Plá, Julio Quintana, Arturo Borelli, y Norma Colpari, el martes pasado con la firma de Mario Ángel (PV) Ramón Villa (FPV), Gladys Paredes (FPV) y Tomás Rodríguez (PV) se presentó otro proyecto de ley que buscaba dejar sin efecto el decreto 1170/12 del gobernador Urtubey para que Salta se adecuara a lo estipulado en el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con derecho a la Interrupción legal de un embarazo, elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación en 2015 y revisado en 2016. Además de dejar sin efecto las Resoluciones Nº215/12 del antiguo Ministerio de Derechos Humanos y la Nº 797/12 del Ministerio de Salud provincial.
Mientras que entre los fundamentos del proyecto obrero se marcaba la no adecuación de Salta respecto a los tiempos de gestación para el acceso al Aborto No Punible. Aunque la Corte Suprema no establece ningún plazo, el decreto de Urtubey que finalmente decidió dar de baja, definía que sólo se realizarían hasta las 12 semanas de embarazo. Otro punto importante marcado en el proyecto mencionado es la objeción de conciencia, que si bien el Fallo de la Corte Suprema lo admite, se manifiesta que justamente es este aspecto el que impide la realización de la práctica. Incluso en el Protocolo Nacional en el apartado respecto a los procedimientos médicos que deben emplearse para realizar la interrupción de un embarazo, se informa hasta la semana 22 de gestación.
“Entendemos que la objeción de conciencia no está permitida en ninguna rama laboral de nuestro país, los únicos casos en el que fue admitida fue en el área de la ginecología y la obstetricia. Esto finalmente superpone un derecho inexistente por encima de los derechos de mujeres y niñas avalados científicamente y legalmente”, describen en su proyecto los diputados del bloque del PO. Esta situación se agudiza en Salta, puesto que según informó el propio gobernador, fueron los médicos salteños quienes le solicitaron que las victimas que deben recurrir a ANP primero realicen la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.
En el Protocolo Nacional, sin embargo, se remarca la importancia de la no judicialización de los casos como uno de los principios rectores del acceso al derecho a la salud: “La interrupción debe ser practicada por el equipo de salud sin intervenciones adicionales innecesarias, sean médicas, administrativas o judiciales. Judicializar significa dar intervención de cualquier forma a organismos judiciales o policiales, dando estado público a una situación privada y confidencial de quien acude al servicio de salud. El mandato de no judicialización implica que con la intervención de un médico es suficiente para decidir si el caso se encuadra en las circunstancias que legalizan la interrupción”.
Se supo extraoficialmente que el martes próximo los diputados querían aprobar la adecuación de Salta al Protocolo Nacional. Urtubey se adelantó y a través de su cuenta de Twitter informó que dará de baja su decreto. El documento oficial saldrá el lunes próximo, pero organizaciones de mujeres celebraron la noticia, entendiendo que era un histórico pedido.
Legisladores y el genocidio
A seis meses de la renovación de la Cámara de Diputados salteña todavía no pudo constituirse la Comisión de la Mujer. Entre idas y vueltas, las 12 diputadas recién el martes que viene se reunirán para elegir a quienes la presidirán. Pero mientras esto no ocurra la Comisión no podrá dar su dictamen respecto a los proyectos sobre ANP.
El martes pasado personas agrupadas en “Pro Vida Salta” mantuvieron una reunión con legisladores salteños. Por medio de un Proyecto de resolución 37 diputados se expresaron a favor del “Derecho a La Vida”, y a favor de la sanción de una ley que “contemple la protección integral de los Derechos Humanos de la mujer embarazada y de los niños hombres y mujeres por nacer, respetando la Constitución Nacional, y en contra de una ley que pretenda despenalizar el aborto matando niños inocentes generando un verdadero genocidio*”. En consonancia, Guillermo Durand Cornejo presentó el mismo proyecto en la Cámara de Senadores.
Desobediencias
El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades aprobó el martes pasado el programa de la Cátedra Libre “El aborto desde un abordaje social, de los derechos y de la Salud Integral”. En el primer encuentro que se realizará en el segundo cuatrimestre participará Mabel Bellucci, activista feminista queer, ensayista y periodista, participante de la Cátedra Libre de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la Facultad de Ciencias Sociales-UBA y del Grupo de Estudios sobre Sexualidades (GES) Gino Germani- UBA. Y autora del libro Historia de una desobediencia: Aborto y Feminismo.
Qué salud, mamita querida
En base a la negativa del Colegio Médicos de Salta de reconocer el derecho de niñas y mujeres a la salud, el próximo 30 de mayo realizarán de manera gratuita una charla-debate sobre aborto y salud en el Hospital Materno Infantil, organizada por “Profesionales por la Vida Salta”, claramente en contra de la despenalización del aborto. De la misma participarán médicos especialistas en genética y docentes, abogados y cirujanos, egresados y profesores de la UBA. Se abordará, según informaron, la objeción de conciencia y los motivos políticos de la despenalización del aborto. Y demostrarán una vez más como basándose en argumentos éticos sobre su juramento hipocrático y apelando a la objeción de conciencia pueden oponerse a un derecho básico inalienable como lo es la salud.
*El uso moderno de Holocausto (del griego ὁλοκαύτωμα holokáutoma, palabra compuesta de ὅλος (hólos) «todo» y de καῦσις káusis) aplicado al trato que los nazis dieron a los judíos aparece ya definido en 1942, aunque no se generalizó hasta la década de 1950. El término genocidio fue también acuñado durante el Holocausto por el judío polaco Raphael Lemkin.
