Concejales de Capital recorrerán el vertedero San Javier con el objetivo de constatar el estado del lugar. El año pasado encontraron líquidos lixiviados sin tratamiento en una laguna. Y un estado precario en el manejo de los residuos.
El objetivo es conocer el tratamiento que se realiza sobre los lixiviados y el biogás, también el estado de las trincheras (el último recorrido en mayo de 2017, ya había colapsado la trinchera 3 y se arrojaba en la 1), y el trabajo de las cooperativas en el marco del Programa Separemos Juntos.
Hace exactamente un año la concejal Cristina Foffani (PO) recorría el lugar junto a un equipo de trabajo interdisciplinario del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y Criminalística para obtener muestras y datar el estado del basural. En aquella ocasión fue que la laguna de lixiviados sin tratamiento saltó a la vista. Esa fue una de las razones por las que luego exigió que la Municipalidad rescindiera el contrato con Agrotécnica Fueguina, la empresa que tiene a su cargo el tratamiento de residuos de la ciudad de Salta. Algo que claramente no sucedió.
La laguna estaba en la trinchera 2 (cerrada hace 6 años): “Es una montaña de basura de varios metros que produce líquidos que son muy contaminantes. Se necesita de un tratamiento especial. La gente de la empresa primero nos dijo que se trataba de una pileta, pero en realidad es una laguna que se acumuló con esta clase de líquido que provine de la basura”, comentó Foffani en ese momento.
El problema detectado en ese momento fue que el agua contaminada iba directo a las napas bajo tierra, y cuando llovía, en la superficie, el líquido iba en dirección al Río Arenales, hoy un lugar totalmente contaminado, tanto por el vertedero como por diversas empresas que arrojan residuos a sus orillas, o directamente EN el río.
La concejal, aquella vez, aprovechó para arremeter contra la gestión Sáenz: “Está claro que la Municipalidad conoce esta situación porque hay dos inspectores todo el tiempo en tres turnos en el vertedero. Saben lo que está pasando, hay una complicidad del Estado. Nosotros culpamos directamente al intendente Gustavo Sáenz como cómplice de que la empresa viole el contrato en lo que refiere al tratamiento”.
En cuanto a las cooperativas que trabajan en el reciclado, es sabido que no cuentan con lo necesario para hacerlo, no tienen maquinaria, o la que poseen no funciona.
