Marcos Peña, jefe de Gabinete, dijo en estos días que la reciente votación en el Senado, que sancionó tres reformas cruciales para el Gobierno, fue un hecho político tan importante como las elecciones del 22 de octubre.

La Cámara alta aprobó la reforma previsional, el pacto fiscal y el compromiso de responsabilidad fiscal, que firmaron todas las provincias con la ya pintoresca excepción de San Luis. En efecto, 42 senadores (el oficialismo tiene sólo 13 en la actual composición) votaron a favor de la reforma previsional, proyecto que excitó la crítica del populismo político. Casi 30 senadores peronistas se sumaron al macrismo para darle media sanción. No fue, entonces, sólo una ardua faena del macrismo, sino también de la franja peronista que aspira a ser coprotagonista de un nuevo ciclo político.

Sin embargo, otra Argentina también aguardaba a Macri y a Peña. ¿Son los resabios del antiguo régimen? «Son las mafias», suele cortar el Presidente para ponerle fin a tanta distracción intelectual. Esa tensión permanente entre lo que fue y lo que podría ser tiene en Hugo Moyano a su expresión más cabal. La reforma laboral debió postergarse por la acción, contradictoria, inexplicable, del líder camionero y su familia. Huguito, su hijo abogado, y Juan Carlos Schmid, su representante en el tridente que conduce la CGT, participaron de la confección de la reforma y la aprobaron. Pablo y Facundo, sus otros dos hijos, promovieron en cambio el acto contra la reforma del miércoles pasado. Fue un acto kirchnerista. Pablo Moyano se unió a Hugo Yasky y a Roberto Baradel, dos sindicalistas conocidos por su cercanía al cristinismo, para protestar contra la reforma. Imagen turbadora: el moyanismo y el cristinismo juntos después de ocho años de trifulcas entre ellos.

¿Y qué hace (o qué quiere) Hugo Moyano? Miguel Pichetto (la figura clave para unir al gobierno de Macri y los gobernadores peronistas) pone como condición para avanzar en esa reforma que Moyano padre desautorice a una parte de su familia. No se conforma con la ratificación del apoyo de la CGT; quiere al patriarca de los Moyano respaldando la reforma. Pablo es poca cosa para él; lo que vale es el confuso rol del jefe de la familia. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que logró lo improbable (y también lo imposible) con el resto de la dirigencia cegetista, gastó ya más de diez conversaciones con Hugo Moyano para sacarle una definición. Moyano, el viejo, vacila y calla.

Moyano tiene la Justicia cerca. La Cámara en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora habilitó el concurso de acreedores de OCA. Era lo que OCA quería. ¿Un guiño del Gobierno a Moyano? No lo fue; en esa Cámara tiene más influencia La Cámpora que el macrismo. OCA es una obsesión del líder camionero. Con el argumento de que esa empresa de correo privado emplea a 7000 trabajadores afiliados a su sindicato, Moyano gastó más tiempo y energía en la sobrevivencia de OCA que en cualquier otro incidente sindical. OCA le debe 4000 millones de pesos a la AFIP. Alberto Abad no está dispuesto a perdonar nada cuando las deudas con la agencia impositiva son producto de pícaros o de tramposos. Si finalmente se habilitara el concurso de acreedores, le exigirá a OCA un pago inmediato de 1200 millones de pesos, que es la deuda que acumuló desde mayo hasta ahora. En mayo, la empresa abrió el concurso de acreedores, que la Justicia frenó luego.

Moyano sospecha que la Justicia puede dedicarse a averiguar algo más. ¿A quiénes le pagó OCA cuando recibió recursos del sindicado de camioneros? ¿Usó ese dinero sólo para pagar salarios o hubo otros beneficiados? Peor: ¿a quién proyecta pagarle primero OCA si le habilitan el concurso de acreedores? Nadie sabe por qué, pero esas preguntas angustian al líder camionero. No hay fuente sindical o gubernamental que dude de que en la propiedad de OCA hay intereses de la familia Moyano. ¿La revolución kirchnerista junto con los problemas del capitalismo moyanista? Es probable. Después de todo, los Kirchner se hicieron ricos mientras les aseguraban a sus fanáticos que estaban bajando de Sierra Maestra.

El otro problema judicial de Moyano es la investigación de la complicidad de la dirigencia del Club Independiente, que Moyano preside, con los negocios de la barra brava. Ese expediente judicial ya se llevó preso al vicepresidente del club, a otros directivos y a un poderoso custodio del propio Moyano, que se resistió a tiro limpio. La investigación la lleva un juez de Lomas de Zamora (edén y tormento de Moyano) que investiga a varios clubes más con los que el líder camionero no tiene nada que ver. Es probable que el Gobierno no haya impulsado ese escándalo. No importa. Moyano creerá siempre que sí lo hizo. Si las investigaciones de OCA le sacan la mitad del sueño, la otra mitad se la usurpa la pesquisa de Independiente. Un entrecruzamiento de llamadas de celulares, que está haciendo la Justicia, podría terminar vinculando a la barra brava del club con el sindicato de camioneros y con su familia. Moyano teme, al fin y al cabo, que en alguna madrugada toquen la puerta de su casa y no sea el lechero.

Información en manos del Gobierno asegura que hay también fuertes vínculos del kirchnerismo con RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), la franja radicalizada y violenta de los mapuches. La figura cristinista más cercana a ese grupo sería Andrés «Cuervo» Larroque. Los servicios de inteligencia le aseguraron a la administración que los militantes de RAM no superan los 50. Poquísimos. En Chile hay 2500 militantes de la también violenta CAM (Coordinadora Arauco-Malleco). Son igualmente pocos, porque allí la comunidad mapuche se compone de 200.000 personas. A veces importa menos el número que la capacidad de hacer daño que tienen. Esta es la gran duda del gobierno de Macri. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los militantes de RAM argentina? ¿Hasta dónde los dejará llegar la lenta justicia argentina? ¿Podrá probarse que Rafael Nahuel murió en un tiroteo entre la Prefectura y los ocupantes de un Parque Nacional cercano a Bariloche? La única esperanza que les queda es que también un entrecruzamiento de llamadas telefónicas aclare esa situación. Ya no existiría ninguna posibilidad de encontrar pruebas ciertas en el lugar donde sucedió la muerte de Nahuel.

Pero ¿por qué RAM, que existe desde hace unos diez años, decidió volcarse tan abruptamente a los métodos violentos? En rigor, ocurrieron en estos años hechos violentos graves que el Estado no investigó ni la Justicia persiguió. Es cierto, de todos modos, que ahora el desafío al Estado es mucho más frontal. Existen dos razones. Primero, la prosaica: la YPF de Cristina Kirchner les pagaba una especie de subvención a los militantes de RAM para que no entorpecieran las actividades de Vaca Muerta. La YPF de Macri les quitó el subsidio. Después, la razón compasiva: se pusieron cada vez más violentos en la medida en que se acerca la decisión judicial que extraditaría a Chile al líder de RAM, Facundo Jones Huala, que será juzgado en Santiago con la dura ley antiterrorista. Las dos razones no son incompatibles y, por el contrario, podrían ser complementarias.

Ocho meses estuvo el Gobierno preparando las reformas y la ingeniería política para realizarlas. De la negociación posterior participaron 24 gobernadores (la mayoría peronista), varios ministros nacionales y decenas de legisladores (también peronistas en gran parte). ¿Qué pasó entonces para que el acuerdo fuera equiparado a la resistencia? «Son los crujidos del viejo sistema», suele resumir Peña, convencido de que ganaron una batalla que todavía no terminó.

Fuente: La Nación