Ante el Consejo Económico y Social, el ministro Javier Montero expuso sobre la revisión del Ordenamiento Territorial y, en una especie de balance de 10 años de políticas ambientales, informó el estado de los bosques nativos y confirmó el desmonte de casi medio millón de hectáreas. (Gonzalo Teruel)
La última reunión del Consejo Económico y Social, organismo previsto por la Constitución de Salta y conformado recién durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, dejó en evidencia un inocultable fracaso de la política ambiental de la provincia. Al menos en lo que al cuidado de los bosques nativos y las comunidades que viven en ellos se refiere.
Durante el conclave realizado el pasado lunes se presentó, de manera parcial, un informe sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que la provincia debe actualizar y remitir al gobierno nacional para su aprobación. Y el resultado es dantesco: pese a la vigencia de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos popularmente conocida como “Ley de Bosques” o “Ley Bonasso” en la provincia se desmontaron casi 500 mil hectáreas.
De acuerdo a los datos del propio gobierno entre 2008 y 2014 casi medio millón de hectáreas de bosques fueron taladas y, peor aún, más de la mitad de manera ilegal. En plena vigencia de la ley se desmontaron como mínimo más de 55 mil hectáreas anuales entre 2008 y 2014: 73.426, 58.837, 59.072, 64.989, 80.295, 66.415 y 65.873, respectivamente.
En la mayoría de esos años, con excepción de 2010 y 2014, los desmontes ilegales fueron muy mayores a los legales: 48.003 ilegales y 21.283 legales en 2008; 36.724 y 21.937 en 2009; 27.397 y 31.481 en 2010; 36.605 y 27.629 en 2011; 53.809 y 26.273 en 2012; 37.838 y 27.476 en 2013; y 14.281 ilegales y 51.349 legales en 2014. Siempre de acuerdo a datos oficiales, 254.658 hectáreas fueron volteadas sin autorización y otras 207.426 con autorización. Sobre otras casi 7 mil hectáreas tumbadas no hay datos ni registros.
“El análisis anual de las superficies desmontadas en forma legal e ilegal, indica un punto máximo de ocurrencia de ATa (Áreas Transformadas Ajustadas) ilegales en el año 2012, a partir de allí se observa una tendencia de disminución, y un aumento relativo de las superficies desmontadas con autorización de la provincia, ATa legales” reconoce el informe al que accedió Cuarto Poder.
Desde finales de 2007, en el inicio de la administración de Urtubey, pasaron hasta entonces 4 ministros de Ambiente y otros tantos secretarios, subsecretarios, directores y funcionarios varios: Julio Nasser de 2007 a 2010, Francisco López Sastre de 2010 a 2011, Alfredo De Angelis de 2011 a 2013 y Baltazar Saravia de 2013 a 2015 fueron los responsables de la política ambiental como ministros junto al propio López Sastre, Mirta Terán y Gustavo Paul como secretarios y a Graciela Ayala, Adriana Artaza y Natalia Rangeón como encargados técnicos del área más sensible de la cartera medioambiental.
Recién durante la gestión de Saravia, en diciembre de 2014 y luego de un escrache de la organización ambientalista Greenpeace, el gobernador Urtubey prohibió por decreto (Dcto. 3.749/14) las “recategorizaciones” que antes y también por decreto (Dcto. 2.211/10) había autorizado para permitir el avance de las topadoras sobre zonas protegidas por la normativa nacional y su correlato provincial. Oficiales datos adicionales muestran que en los últimos 2 años, 2015 y 2016, el número de hectáreas de bosques derribadas bajó considerablemente: a 35.829 y a 24.168, respectivamente. En ambos casos, la superficie volteada sin autorización fue minúsculo: 1.026 y 409 hectáreas, respectivamente.
Estos últimos datos generan, sin embargo, tensiones por ahora insalvables: organizaciones ambientalistas protestan por el desmonte de no menos de 25 mil hectáreas anuales y entidades de productores reclaman por la falta de oportunidades para expandir la frontera agropecuaria. La opción que se trabaja en el gobierno provincial, con aval de autoridades nacionales, es el Manejo del Bosque con Ganadería Integrada o “MBGI” que no termina de convencer ni a unos ni a otros.
“Vamos a evaluar y opinar sobre el estado y avance de las acciones sobre el tema” dijo tras la reunión del lunes el titular del Consejo Económico y Social, Julio Loutaif, y destacó la implementación del MBGI “que es un concepto nuevo que permitiría aprovechar alrededor de 4 millones de hectáreas que tienen que ser intervenidas respetando al medio ambiente”. Ese mensaje, hectáreas más o menos, es el que expresó en reiteradas oportunidades el propio Urtubey. En abril, por caso, y ante la presidenta de Suiza, Doris Leuthard, el gobernador se refirió a las potencialidades del sector energético, vitivinícola, minero y agroindustrial y (sin mencionar el Ordenamiento Territorial) dijo que “hay 3 millones de hectáreas disponibles en Salta para la actividad productiva”.
No sin diferencias y tensiones con los secretarios de Asuntos Agrarios y de Ambiente, Flavio Aguilera e Irene Soler, el actual ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Javier Montero, pidió a Loutaif que el Consejo Económico y Social participe de la revisión del Ordenamiento Territorial. Cuál será el dictamen final y cuál será la respuesta del Ministerio de Ambiente de la Nación que, en última instancia lo aprobará o no, son los interrogantes que el gobierno espera despejar con un argumento sólido: en los últimos años los desmontes, legales e ilegales, se redujeron en la provincia.
Esa reducción, claro, es hija de la presión de organizaciones ambientales, sociales y políticas y de los medios de difusión y no de la voluntad política. Prueba de ello es que los responsables, políticos y técnicos, de lo sucedido en el pasado cercano no hicieron nunca un mea culpa y hasta conservan cargos menores dentro de la administración provincial.
