Sólo hasta mayo de este año se recibieron 69 denuncias contra efectivos de las fuerzas por violencia de género y en 2016 fueron 246 los casos registrados. Los datos corresponden al Ministerio de Seguridad de Salta. (Andrea Sztychmasjter)
Los datos acerca de qué manera actúan desde el Ministerio de Seguridad de la provincia respecto a los policías denunciados por violencia de género fueron expuestos por Jorge Ovejero, de la Secretaría de Seguridad y difundidos en una reunión que mantuvieron autoridades de esa cartera y senadores provinciales.
En la oportunidad desde el Ministerio aseguraron que cuando hay denuncias por violencia de género o familiar contra los agentes de la Policía, la primera medida es retener el arma reglamentaria. Sin embargo los casos de femicidios en manos de policías salteños que ya poseían denuncias demuestran que esa medida sigue sin implementarse.
¿Quién decide si un policía está en condiciones de portar un arma? Ovejero aseguró que en una segunda instancia lo que se dispone es la intervención de un gabinete psicosocial dado que esta situación (denuncia y sanción) y el pase a «pasivo» (sin retribución salarial) puede complicar la situación familiar.
El hombre de seguridad aseguró que un gabinete específico es el que analiza caso por caso y decide qué hacer con ese policía. Si hay cambio de funciones, y el policía pasa a tareas administrativas el agente puede recibir su arma reglamentaria pero no portarla. “Implica que no puede hacer adicionales” y por lo tanto obtener más ingresos. Las consecuencias económicas que esto provoca, son en muchos casos motivo para que las mujeres retiren la denuncia hacia los policías maltratadores, según informó el propio secretario.
Durante 2015, de 17 femicidios ocurridos en Salta, 3 fueron realizados por policías mientras que en el año 2016 hubo dos casos de femicidios a manos de hombres de las fuerza de seguridad.
Mirando al sur
En la Legislatura porteña existe un proyecto de ley que busca restringir el uso de armas de aquellos efectivos de la fuerza policial que son denunciados por violencia de género y/o familiar. El proyecto fue presentado a fines de junio por el legislador Gabriel Fuks, del bloque Corriente Nacional de la Militancia. La redacción del proyecto dice así: “En el caso en que el presunto agresor sea agente de la Policía de la Ciudad deberá poner el hecho en conocimiento del Ministerio de Justicia y Seguridad y ordenar el inmediato retiro del arma reglamentaria por el plazo y circunstancia que éste determine”.
Además establece que “ante la denuncia contra un agente de la Policía de la Ciudad por hechos de violencia familiar, doméstica y/o contra las mujeres, o bien, ante la adopción de medidas preventivas y/o cautelares”, el Ministerio de Justicia y Seguridad “deberá adecuar procedimientos y normas a fin de restringir la portación del arma de fuego reglamentaria a la jornada de trabajo evitando su traslado fuera de la dependencia o lugar específico donde presta servicios”.
Según el Observatorio Marisa Isabel Zambrano de La Casa del Encuentro, entre 2008 y 2012, 76 femicidios fueron cometidos por hombres pertenecientes de las fuerzas de seguridad en el país. En los dos últimos años, en Argentina se registraron 576 femicidios, según las estadísticas de la ONG Casa del Encuentro. Miembros o exmiembros de las fuerzas de seguridad del país fueron responsables de 37 de esos asesinatos y sus víctimas fallecieron casi siempre por disparos de bala.
Capacitación y denuncias
El Ministro de Seguridad de la Provincia de Salta, Carlos Oliver, se refirió a las estadísticas de efectivos de la Policía de Salta denunciados por violencia de género. En este sentido, en declaraciones radiales el funcionario sostuvo que se está articulando y trabajando en conjunto con el Ministerio de Justicia y el Observatorio de Violencia contra las mujeres.
Hasta mayo de 2017 según informó se van recibiendo 69 denuncias contra efectivos de seguridad por violencia de género y en todo el 2016 fueron 246 casos registrados: “La gente tiene que saber que dentro del protocolo, cuando se recibe una denuncia por estas causas, inmediatamente se les retiene el arma reglamentaria y se los pone a disposición hasta que se aclare la situación”, manifestó Oliver.
A partir de un convenio firmado entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de Salta, hasta el momento fueron capacitadas más de 400 personas, “en una propuesta formativa que tiene una carga horaria de seis horas”, informaron fuentes oficiales. Es la Subsecretaría de Políticas de Género del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, quien lleva adelante este ciclo de capacitaciones denominado “Protección de las violencias en la provincia, procedimiento de la Ley N° 7.888” destinado a la Policía de Salta.
Está dirigido a jefes de servicio, coordinadores de sector, operadores de violencia, instructores y operadores comunitarios de distintas zonas de la ciudad de Salta, Valle de Lerma y Valle de Sianca. El objetivo de los encuentros de formación es “fortalecer la profesionalización en género y derechos de las mujeres del personal de la Policía de la Provincia de Salta a partir de la promoción de valores, actitudes y aptitudes para la intervención adecuada y eficaz ante hechos que comprometan la seguridad de las mujeres, en estricto cumplimiento del marco normativo vigente y aplicable”.
Por ello, según informaron, se proyecta esta capacitación a fin de que los operadores de violencia y demás policías cuenten con herramientas para el abordaje de casos de violencia de género y violencia familiar, debido a que generalmente son quienes tienen el primer contacto de la víctima de este tipo de violencia.
La Justicia y Policía
En octubre del año pasado el Juzgado de Violencia familia y de género de Tartagal dispuso mediante una sentencia que la Policía de Salta brinde capacitación a sus efectivos sobre violencia de género. La disposición se dio luego que la policía Yanina Gay denunciara al comisario mayor Juan Carlos Migues por persecución y hostigamiento en la comisaría de Mosconi. La mujer que se encontraba embarazada tuvo que salir por todos los medios de comunicación y exponer las situaciones internas de maltrato que había recibido por parte de miembros de la fuerza. Entre ellas, el no cumplimiento de la licencia por maternidad.
En la sentencia judicial se detalla que las autoridades de la policía de la provincia deberán instruir al personal responsable de la Dirección de Recursos sobre el tratamiento de las mujeres con Licencia por Maternidad y normativa vigente en materia de violencia de género laboral e institucional.
