El escándalo se asoma con la confirmación de que 434empleados estatales están recibiendo planes sociales solo en la provincia de Salta. La justicia federal, en este caso el fiscal Guillermo Marijuan, se encuentra desenmascarando una realidad que desafía toda lógica ética y plantea serias dudas sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos.
Este inquietante descubrimiento no es un incidente aislado, sino un reflejo de una problemática más amplia. A lo largo de diez provincias, más de 8.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, diseñado para los más vulnerables, han sido identificados como empleados públicos. En Salta, la incongruencia alcanza la cifra de 434, cuestionando la integridad del sistema destinado a ayudar a quienes enfrentan dificultades socioeconómicas.
La investigación del fiscal Marijuan desentraña una red de presuntas maniobras ilícitas, planteando interrogantes críticos: ¿Cómo es posible que aquellos que tienen la responsabilidad de administrar recursos públicos estén en la lista de beneficiarios destinados a los más desfavorecidos?
La falta de transparencia y la posibilidad de que estas prácticas se extiendan a otras provincias plantean preguntas incómodas sobre la efectividad de los controles y la responsabilidad de las autoridades.
En este mar de incertidumbre, la justicia federal, a través del fiscal Marijuan, ha tomado medidas firmes. La solicitud de la suspensión y baja de planes sociales para aquellos involucrados destaca la urgencia de abordar este problema y restablecer la confianza en los programas sociales.
Por ahora, son las provincias de Tucumán con 1.145 empleados que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja, con 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; y Santa Cruz, con 128.
La desviación de fondos públicos hacia aquellos que no cumplen con los requisitos establecidos para el programa Potenciar Trabajo plantea también la cuestión fundamental de la supervisión efectiva de estos recursos. El costo anual de esta defraudación, en el contexto de las dificultades económicas que enfrenta el país, resalta la urgencia de abordar esta problemática de manera inmediata y efectiva.
El programa Potenciar Trabajo, diseñado para promover la inclusión social, ahora se ve manchado por la sombra de la irregularidad y la posible explotación. La responsabilidad recae no solo en aquellos que han participado en estas prácticas cuestionables, sino también en las autoridades encargadas de garantizar la eficacia y la transparencia de estos programas.
Este escándalo no solo debería ser una llamada de atención para Salta, sino para todo el país. La necesidad de una revisión exhaustiva de los controles, la implementación de medidas preventivas y la rendición de cuentas son imperativas.
