Ante las noticias de que provincias como Chaco y Entre Ríos suspendieron los aumentos salariales a la policía por haberse concretado bajo extorsión, el ministro de seguridad provincial, Alejandro Cornejo, aclaró que acá no se dará marcha atrás porque nuestros azules no extorsionan.
Lo hizo mediante un comunicado de prensa en donde el ministro explicó que el acuerdo, en Salta, “no se dio bajo presión de paro o bajo extorsión por los robos y saqueos, por lo que no se dará marcha atrás al incremento salarial” y diferenció el caso salteño de otras provincias en donde según el funcionario sí se dieron negociaciones bajo extorsión por lo cual algunos gobernadores contemplan la posibilidad de dar marcha atrás con el aumento acordado. Hay que recordar que las provincias de Chaco y Entre Ríos decidieron suspender el aumento salarial acordado con las fuerzas de seguridad locales luego de los acuartelamientos que provocaron, el 9 y 10 de diciembre de 2013, los saqueos en 20 distritos. En Entre Ríos, el gobierno de Sergio Urribarri desconoció el compromiso acordado. La medida fue dada a conocer por el procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge García, quien aseguró públicamente que el acta está «viciada de nulidad porque fue firmada bajo extorsión».
En Salta, según Alejandro Cornejo D´Andrea “no sufrimos una situación de paro, la policía nunca paró, por lo cual el panorama es distinto y está garantizado lo acordado con la policía en ese momento porque inclusive ya se efectivizó”. El ministro se olvidó, sin embargo, de recordar el contexto en el que se dio ese acuerdo: saqueos generalizados en varias provincias del país posibilitadas por el acuartelamiento policial; amenazas de saqueos en nuestra propia provincia; y abierta amenaza de paro policial también acá. Situación que permitió que aún sin una formal declaración de huelga en la provincia, pero con batallones policiales atrincherados en el centro policial, con el cierre de cuatro comisarías y con unos miles de alzados de azul marchando por las calles advirtiendo que estaban dispuestos a no hacer nada, fueran suficientes para que la suba salarial rompieran los límites que el mismo gobierno pone a otros sectores: un 50%. Porcentaje que para poder efectivizarse requirió incrementar impuestos que recayeron en los comerciantes y profesionales cuentapropistas que, por supuesto, trasladaran el incremento a los consumidores.
