Los desmontes siguen dando que hablar. Desde 2004 a 2015 se realizaron 306 audiencias públicas para aprobar el tumbado de grandes superficies de monte, que entre lo legal y lo ilegal ascienden a 1,2 millones de hectáreas deforestadas. (Franco Hessling)
El Chaco salteño, los departamentos de Rivadavia, Anta y San Martín, con un suelo árido y un clima tropical, es una zona boscosa por naturaleza. Las ramificaciones de las arboledas le suman porosidad al suelo y la nobleza de la vegetación atempera el impacto directo de las gotas cuando arremeten las lluvias. La explicación técnica añade que el vigor de la lluvia dando directo al suelo remueve la capa más superficial de la tierra, que es la parte con mayor fertilidad. El desmonte, digámoslo sin tecnicismos, causa daños irreversibles en el suelo y complica los drenajes. Los especialistas indican que el agua escurre (corre por la parte superficial del suelo) pero no drena (absorbida por el suelo). Todo ello sin adosar las consecuencias del uso de herbicidas de amplio espectro, como el glifosato aplicado a la “soja RR”, que arrasa con toda otra planta que no sea la sembrada con semillas transgénicas provistas por la firma Monsanto.
Tanto en el alud ocurrido en Tartagal, allá por febrero de 2009, como en cuanta inclemencia aparentemente natural aceche al Chaco desde entonces, el arboricidio tiene una responsabilidad directa. El corte temporal no es antojadizo, responde a que entre 2004 y 2008, según el libro “La deforestación del Chaco salteño 2004-2015”, fue un período nefasto para el medioambiente y los lugareños: se tumbaron 591.841 hectáreas de monte. Esa superficie representa no menos de veinte veces el perímetro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consensos
En un minucioso estudio de Andrés Leake, su hija Cecilia y Omar Enrique López, se registra que las audiencias públicas convocadas por el Gobierno de la Provincia para realizar desmontes desde 2004 a 2015 fueron 306. La etapa con mayores convocatorias ciudadanas no vinculantes fue entre 2005 y 2007 -se autorizó la deforestación de 356 mil hectáreas-, a sabiendas que la Ley de Bosques -de fines de 2007- vendría a ponerle cepo a la expansión de las hectáreas productivas del polo agroexportador. El crecimiento de la actividad agropecuaria como engranaje nodal de una economía nacional se traduce en desertificación.
En aquella etapa de apuros, el por entonces gobernador Juan Carlos Romero y el mozuelo autor de “Sembrando Progreso”, un tal Juan Manuel Urtubey -en aquel momento diputado nacional-, hicieron una labor conjunta: mientras el primero autorizaba desmontes a mansalva, el segundo fue parte de la legión de legisladores nacionales salteños -que también sumaba a Marcelo López Arias y Sonia Margarita Escudero- que cuestionó el proyecto original que habían elevado las organizaciones ambientalistas con el aval de más de 1,3 millones de argentinos.
Además de la legión salteña se sumaron otros parlamentarios de provincias primarizadas, lograron introducirle parches a la propuesta prístina, entre ellos, que cada provincia reglamentaría su propio Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). La Ley Nacional de Presupuestos mínimos de protección ambiental de Bosques Nativos (26.331, “Ley de Bosques”) se sancionó el 28 de noviembre de 2007, con Urtubey todavía como diputado nacional, ya siendo gobernador electo. La Ley Provincial 7543 (el OTBN salteño) se aprobó el 16 de diciembre de 2008, a un año de asumido como gobernador el otrora mozuelo que veía el progreso en la siembra.
Lo que sí publican
El libro de los Leake y López (La deforestación en el Chaco salteño 2004-2015), utiliza como una de sus técnicas de recolección de datos la revisión de todas las convocatorias a audiencias públicas para desmontes que se dieron desde abril de 2004 hasta diciembre de 2015. Toman abril de 2004 como punto de partida porque es el momento en que el Boletín Oficial empezó a publicarse de manera online. Los autores circunscriben el marco de su búsqueda a todas aquellas audiencias para tratar Proyectos de Cambios de Uso del Suelo (PCUS). El estudio demuestra que el 99% de los PCUS abordados por las audiencias de 2004 a 2015 fueron desmontes para usos productivos (mayoritariamente ganadería), y que sólo el 1% se destinó a reforestación.
Las audiencias públicas, si bien fueron no vinculantes y con convocatorias cargadas de galimatías, sirven a los autores para trazar un vínculo entre los desmontes autorizados y la legislación vigente. Por ejemplo, como ya se ha dicho, en 2007 fue el año con más audiencias, totalizaron 76, en 2006 fueron 29, un año antes 57, y en 2004 otras 38 convocatorias. Todo ello, antes de la sanción de la Ley Nacional de Bosques. Por entonces, el flexible régimen ambiental hacía que los PCUS se vuelvan expeditivos, dándole a la expansión de la frontera productiva el impulso impuesto por la cotización de los commodities. La dependencia al mundo (que algunos llaman “inserción”) de la provincia y del país, por sus roles de proveedores de bienes primarios, sujetaba el oxígeno económico a los imperativos del capitalismo internacional. Al menos así lo entendieron Romero y Urtubey.
Tras los años de desmonte libertino, los previos a la Ley de Bosques, el mozuelo Juan Manuel fue alcanzado por la cautela. Durante 2008 se elaboró el OTBN de la provincia, aprobado recién en diciembre; en ese primer año de gobierno de Urtubey no se convocó ninguna audiencia pública para tratar PCUS. En 2009 hubo solamente una, y en 2010 se alcanzaron las 12 instancias no vinculantes. Ése año, el mismo en el que inexplicablemente el defensor Ariel “Chino” Garcé jugó un mundial de fútbol, Urtubey salía del marasmo y volvía a mejorar las condiciones para la desertificación. Mediante el Decreto Provincial 2.211 implementado el 1 de junio de 2010, días antes del momento más impensado para la carrera deportiva de Garcé, el Gobierno de la Provincia les hacía un guiño a los grandes productores salteños: creaba la figura de la “recategorización” para modificar a placer, según cada caso, el OTBN que dividía las áreas protegidas en rojas (prohibido el desmonte), amarillo (parcialmente vulnerables), y verdes (habilitadas para los arboricidios).
No sólo 2010 tuvo 12 audiencias después de dos años con una sola convocatoria, sino que además en 2011 fueron 29. Aquel año electoral, en el que Cristina Fernández obtuvo sin atenuantes su reelección y en Salta aparecieron muertas las francesas Houria Moummi y Cassandre Bouvier, Urtubey amplió las comodidades de los desmontadores. A través del Decreto Provincial 3136 del 11 de julio, eximió a ciertas recategorizaciones de someterse a audiencia pública. Como consecuencia de ello, en 2012 volvieron a caer la cantidad de consultas no vinculantes: fueron solamente 9.
Tirón de orejas
De igual manera, la cantidad de hectáreas tumbadas nunca se domesticó: en 2008 no hubo audiencias y se desmontaron 115.850 has., en 2009 hubo una sola audiencia y se deforestaron 55.345 has., el saldo 2010 fue 12 audiencias y 48.167 has., 2011 arrojó 29 consultas y 78.843 has., y 2012 acabó con 9 audiencias y 91.129 has. menos de bosque chaqueño. El ritmo menguó en el último año registrado, en 2015 se deforestaron 32.131 hectáreas, la porción menor de todo el período estudiado (2004-2015).
¿Una ola de conciencia ambiental infestó el club 20 de Febrero, la Sociedad Rural y Prograno durante 2015? No, el desmonte cayó abruptamente ese período por una advertencia de la Auditoría General de la Nación publicada en mayo de 2014. En el documento se aseguraba que las recategorizaciones que bajan la urgencia de conservación de ciertas zonas para volverlas “verdes” (aptas para el desmonte) fueron una manera de trampear la Ley Nacional de Bosques. El artículo 17 de la Ley Provincial de OTBN (7543) abría la puerta a procesos de recategorización, y los sucesivos decretos 2211/10 y 3136/11 aprovecharon la hendidura urdida por los leguleyos del gobernador.
Lo que no publican
Una de las principales críticas que aporta la investigación al respecto de la deforestación en Salta es el manejo discrecional de la información, que se nota -argumentan- en la falta de registros formales sobre los totales de bosque desmontado, en los tortuosos trámites burocráticos para acceder a la información, y en las galimatías de los documentos oficiales que intencionadamente divagan en tecnicismos e imprecisiones de todo orden.
En su página décimo sexta, la investigación indica: “El ejercicio del derecho al acceso a la información ambiental en Salta se ve obstaculizado, pues los expedientes de los PCUS no son de fácil acceso. Una primera dificultad radica en la necesidad de conocer el número de expediente. Para obtenerlo, una posibilidad consiste en hacer una consulta por Mesa de Entrada de la Secretaría de Ambiente (SA), siempre y cuando se tenga conocimiento del número de matrícula del catastro afectado o del nombre de la finca. Otra posibilidad consiste en revisar el Boletín Oficial, buscando en los avisos administrativos las convocatorias a audiencia pública. No obstante, la búsqueda se complica si no se cuenta con algunos datos básicos iniciales, como ser el nombre de la finca y/o los números de catastro”.
Al respecto de ello, también se señala que “para el monitoreo cabal de la deforestación del Chaco salteño, el acceso a dicha información resulta imprescindible. Por ejemplo, de las 465 mil has. que, según los registros de la SA, fueron desmontadas entre 2008 y 2014, más de la mitad (55%) lo fue de modo ilegal”. Detallan que “ese cálculo surge de los PCUS tramitados durante el período en cuestión. Sin acceso a esa información, resulta prácticamente imposible realizar un monitoreo independiente y objetivo del proceso de deforestación”.
Dependencia planeada
Cuando hubo el estallido de la soja, los agroexportadores -que en el norte argentino están nutridos por una oligarquía testaruda que defiende la insostenible idea de que la producción lucrativa agraria es la clave del desarrollo- presionaron para que la matriz económica nacional siguiera pivoteando principalmente sobre la producción primaria con pocos procesos que añadan valor. En Salta, el modelo es una perfección del fracaso: cuando el boom internacional apuntaba al sembradío de soja, que se plantó sobretodo en la pampa húmeda -Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, entre las destacadas-, Salta ofreció su Chaco -algo silvestre aunque con grandes superficies disponibles- para secundar a los grandes sojeros que coparon el centro del país con monocultivo. Eso explica que la deforestación en Salta, los PCUS, se haya realizado mayoritariamente para actividad ganadera, la soja sembrada en la provincia -si bien ronda las 400 mil hectáreas- representa un porcentaje mínimo de la exportación oleaginosa nacional. En términos claros, la dependencia de Salta es doble: produce bienes primarios para el mercado mundial, y produce los bienes subalternos de la exportación agropecuaria del país.
No obstante ello, con la tozudez de los necios y la óptica de los que ven atraso en la discusión ambiental y progreso en la rapiña extractivista, el actual ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Javier Montero, defendió esta semana ese esquema de perpetua dependencia. “Entendemos (desde el Gobierno de la Provincia) que el ordenamiento territorial vigente, en términos prácticos, hay que flexibilizarlo. Tenemos que lograr que nuestras hectáreas potencialmente productivas, como el caso de Rivadavia, sean aprovechadas”, afirmó esta semana en el lanzamiento de la Ferinoa 2017 ante la consulta de Cuarto Poder.
No conforme con semejante afirmación, Montero aportó mayores precisiones a la forma en que se planifica la dependencia económica a costa del medioambiente: “No se trata de desmonte sí o desmonte no, de lo que se trata es que, en aquellas zonas que tienen potencial, tenemos que permitir que se genere trabajo y mano de obra local”. La Sociedad Rural está feliz, mucho de producción poco de sustentable.
