La magistrada que lleva la causa del diputado provincial Kuldeep Singh no parece muy interesada en hacer justicia.
Es difícil saber qué es más extraño: que un diputado ingrese junto a otros hombres armados a desvalijar a una empresa o que dos semanas después de que hasta se publiquen las filiaciones de los ilícitos ese hombre siga siendo diputado y camine libre por la calle.
Hay algo más bizarro: que la principal voz en defensa del diputado sea la de la jueza que debe investigar la causa.
Hoy la jueza de Garantías, Ada Zunino, dio un par de entrevistas en que derrapó feo sobre la causa que involucra al diputado provincial, Kuldeep Singh, imputado por robo y privación ilegítima de la libertad.
Zunino dijo que hoy dejó en libertad a los otros cómplices porque son tres obreros que “a simple vista” tienen “buena conducta”, y se presentaron de manera espontánea.
Sobre el hombre que tenía un arma, Zunino dijo que sería un tucumano que se dedicaría a “cobrar deudas”.
Pero, como si fuera la abogada defensora, Zunino marcó distancia entre los sujetos armados y el diputado Singh, y los tres obreros, porque no se los observa juntos, “no está demostrado que llegaron juntos”, y añadió que “el video que aportó una de las partes está editado y muestra 30 segundos un lapso de más de una hora”, por lo que pidió la grabación en crudo que aún no fue entregada en su despacho.
“No hay pruebas suficientes para pedir el desafuero”, subrayó la Jueza en Fm Profesional, y dijo que esa medida podría pedirla con el resultado de dos allanamientos que pidió la semana pasada, y que este martes fueron autorizados por la Cámara de Diputados.
Después de escuchar a Zunino, el que salió al cruce fue el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago.
“Le diría que lea el Código Procesal Penal de Salta”, dijo el legislador en la misma emisora y le recordó a Zunino, que son los jueces los que deben pedir el desafuero de Singh, dado que no es competencia de la Cámara ya que no tiene facultades para analizar si un par es culpable o no ante la denuncia.
Godoy incluso cuestionó la postura “defensora” de la Jueza con Singh y los otros tres imputados, que al igual que el diputado del Frente Salteño, ya están en libertad.
Algo muy curioso de las declaraciones de Zunino es que también criticó al gobierno provincial por la situación financiera de la empresa robada. La magistrada sembró dudas sobre la empresa supuestamente asaltada en el Parque Industrial de General Güemes, Nutribras, porque el propietario, Maximiliano Tierri, tiene antecedentes de quiebras y estafas en otras provincias, y en Salta serían más de 50 los perjudicados.
Zunino dijo que se investiga un subsidio aportado por la Provincia de Salta que ascendería a los 150 millones de pesos, y aseguró que no está probado que el legislador del Frente Salteño se dedique al prestamismo y que en ese marco haya concurrido a cobrar una deuda.
Minutos después de las palabras de Zunino, la Secretaría de Industria emitió un breve comunicado desmintiéndola. Señalaron que en 2016 se emitió un certificado de crédito fiscal por tres millones de pesos, y el año siguiente otro similar por el mismo monto. Ambos montos por la ley de promoción industrial, que sirvieron para la instalación de la planta y que fueron otorgados una vez que se corroboró el avance de obras. No entregaron más plata. No hubo 150 millones, como dijo Zunino.
