Zapata y el lobby cigarrero: Un fallo con mucho humo

Un fallo de dudosa legitimidad exime al olmedista Carlos Zapata de las denuncias por lobby a favor de una tabacalera evasora. La justicia federal porteña fue la misma que permitió que Tabacalera Sarandí no pagará impuestos durante siete años, afectando al Estado en $2 mil millones.

Kim Im Porta

Una grave denuncia que el senador provincial Enrique Cornejo había radicado en contra del diputado nacional Carlos Zapata por lobby a favor de una tabacalera fue desestimada por la Justicia Federal. La presentación se dio en medio del tratamiento de la Ley Bases, cuando se dirimía la inclusión o no del capítulo del Tabaco en el apartado fiscal. A pesar del optimismo manifestado por el legislador olmedista, la causa regresará al fuero local.

Las sospechas de Cornejo son compartidas por diversos actores del empresariado, el periodismo y la política. Según entienden, Zapata influyó para evitar que Nación elimine el impuesto interno mínimo a las cigarreras, beneficiando de esta forma a una empresa particular: tabacalera Sarandí.

Pero la desestimación por parte de la justicia porteña era, para muchos, una crónica anunciada. Según Cornejo, la justicia federal de CABA garantizó que las empresas cigarreras no pagarán el impuesto durante siete años, desoyendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y desfinanciando a la Nación, las provincias y los productores de tabaco por un monto de 2 mil millones de dólares. El juez Rafecas declaró su incompetencia y remitió la causa a la justicia local para la continuación del proceso investigativo.

En declaraciones a medios locales, el senador dejó entrever algunas inexactitudes en el fallo del magistrado: “el juez Rafecas manifestó en su resolución que yo efectué una presentación en base a una denuncia propiciada por la Cámara Argentina Nacional de Empresas de Tabaco (CANET), tal afirmación no es correcta, es inexacta, toda vez que mi denuncia es anterior a ésta, por lo tanto, hay un error esencial de este magistrado federal, el que con mucha liviandad analizó la misma”.

En un escrito, Cornejo pone de manifiesto sus sospechas respecto de la decisión de la justicia porteña y ratifica su rechazo al accionar de Zapata: “Ante toda la información publicada por la prensa nacional en los diarios Clarín, La Nación, portales digitales de Misiones y otros, relacionada a esta temática y nombrado expresamente al Cr. Carlos Zapata, puse en conocimiento de la justicia estos hechos sumado a la sorprendente e injustificada e irracional defensa del mismo a empresas cigarreras que, escudándose en fallos, como los de esta Justicia Federal del Dr. Rafecas, brindaron las condiciones para el no pago del impuesto mínimo a empresas, desobedeciendo estos jueces lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mi accionar fue avalado públicamente por todas las instituciones privadas tabacaleras, quienes asimismo también repudiaron el accionar del diputado Zapata. Independientemente si se llega a tipificar la conducta denunciada como un delito en este proceso, lo que sí queda acreditado es que Zapata no defendió los intereses del conjunto de los salteños, nuestro país y menos aún el de los productores de tabaco. Él justificó lo actuado por el Señor del Tabaco, y tendrá en su intelecto millones de razones que motivaron su conducta, la cual no se pudo comprender”.

Gigantes de la evasión

La principal queja vino por la situación de la evasión que coordinó la Tabacalera Sarandí al fisco, algo que más tarde terminó siendo recriminado duramente en el sector político. El senador denunciante de Zapata se refirió a este panorama y dio sus fundamentos sobre la participación de Zapata dentro de esta polémica.

“Carlos Zapata desde hace dos años, en diferentes medios, ha justificado y avalado los fallos judiciales que son de dudosa procedencia y tenía una actitud muy extraña al justificar tamaña evasión”, expresó el legislador güemense. Según Cornejo, Zapata es señalado como uno de los responsables de sacar el capítulo del tabaco de la Ley Bases, motivo por el que terminó siendo señalado.

La denuncia fue acompañada en su momento por las instituciones representativas del sector tabacalero de la Provincia de Salta. La Cámara del Tabaco de Salta, la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta Limitada y la Asociación Mutual de Productores Tabacaleros, emitieron un comunicado donde expresaron: “el Sr. Zapata estaría vinculado a empresas cigarreras a quienes respondería desprotegiendo intereses del Estado, labores funcionales y obligacionales propias y apartándose del principio de imparcialidad”.

Pablo Otero, propietario de tabacalera Sarandí, argumenta que su compañía no debe pagar el impuesto interno mínimo a los cigarrillos porque sería “injusto” frente a la capacidad económica de los grandes aglomerados presentes en la Argentina. Concretamente, Massalin Particulares (Phillip Morris) y British American Tobacco. Descalifica a quienes lo cuestionan y los acusa de querer destruir la industria nacional. Pese a ello, su compañía no compró ni un gramo de tabaco argentino a los productores locales en todo 2023, según los registros de las cámaras de Salta, Jujuy y Misiones. El agujero fiscal producto de esta operatoria se estima en más de $2 mil millones.