El municipio de Yrigoyen pretende aprobar una moratoria en beneficio de la multinacional que explota el ingenio El Tabacal por deudas desde el año 2011 a la fecha. La única edil que cuestionó los manejos del intendente y las maniobras del cuerpo deliberativo fue sancionada por dos meses. (Nicolás Bignante)

En marzo de este año, en medio de especulaciones sobre despidos y recortes, el Ingenio El Tabacal cambió su nombre por el de Seabord, en honor a la multinacional que explota el predio desde 1996. Sin embargo, los manejos y beneficios que la empresa obtuvo por parte del estado en todos sus niveles persistieron como hace 100 años, a pesar del cambio de nombres. Prueba de ello es la deuda millonaria que el concejo deliberante de Hipólito Yrigoyen, con la complicidad de la intendencia a cargo de Jorge Gallardo, pretende condonarle mediante la aplicación de una especie de moratoria.

El acuerdo suscripto por el intendente de Yrigoyen, el concejo deliberante y los apoderados de la empresa el 22 de abril pasado, hubiera enorgullecido al mismísimo Robustiano Patrón Costas. A través del convenio, la empresa solicitaba abonar al municipio en concepto de tributos varios, la suma de $2.900.000 desde 2011 a la fecha. La cifra resulta extremadamente irrisoria si se considera que sólo en 2018 la deuda de la empresa con el municipio llegó a $3.500.000. A cambio, el municipio se compromete a otorgar a la multinacional la habilitación municipal en un plazo de 72 horas, lo que permitiría a la firma adquirir los insumos necesarios para sus procesos productivos y comercializar sus productos, principalmente bioetanol, azúcares y energía eléctrica.

Pese a los múltiples pedidos de información por parte de la concejal Lucía Rojas, al día de hoy se desconoce el monto total de la deuda que la Seabord mantiene desde 2011 a la fecha. Se sabe que la misma comprende tasas de: control, registro, seguridad, inspección, salubridad, higiene y medio ambiente. Se sabe también que la última cuota mensual fijada por el municipio para el mes de mayo de 2019, llega apenas a los $93.000.

El plan de pago propuesto por la multinacional prevé el desembolso de $1.600.000 que irán a parar a las arcas del municipio. Los restantes $1.300.000 serán cancelados «en especie», lo que significa que la empresa cederá una fracción de un inmueble de su propiedad a la municipalidad.

 

Lo curioso es que el terreno en cuestión, cuyo número de matrícula es 25.002, ya había sido cedido en comodato el año pasado para el funcionamiento de la Escuela Nº 4457 Dr. Victorino de la Plaza. Es decir que el impacto del pago propuesto por la multinacional en la realidad del municipio resulta insignificante en relación a sus ganancias y a los efectos que su actividad tiene en el ambiente.  

El código tributario del municipio establece que para otorgar una habilitación comercial, cualquier empresa o comercio debe contar con un certificado de libre deuda. Quedan de esta forma obligados a saldar sus obligaciones, desde el más pequeño negocio de barrio en adelante. Tanto las habilitaciones, como las moratorias deben ser aprobadas por el concejo deliberante que, en este caso, rechazó el acuerdo pero abrió la posibilidad a que el intendente se tomara tales atribuciones. La única edil que exigió explicaciones por dicha maniobra fue Lucía Rojas, quien recibió como respuesta una sanción de dos meses por parte de sus colegas bajo la excusa de que trató de «mentiroso» a otro concejal.