La Corte Suprema de Justicia decidió tomar el caso de un habeas corpus presentado por el Comité Provincial de Prevención contra la Tortura. El comité denunció la violación de los derechos de las personas detenidas en las comisarías de la provincia.
La Corte de Justicia de Salta tomó la decisión de intervenir en la situación de las personas detenidas en las comisarías de la provincia, debido a las condiciones precarias en las que se encuentran. La Corte considera que el gobernador es responsable de garantizar los derechos de estas personas y de implementar políticas públicas para mejorar su situación.
Esta decisión se tomó luego de que el presidente del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Rodrigo Solá, presentara un habeas corpus. El procurador general de la provincia, Pedro García Gastiella, había apoyado la intervención de la Corte. Además se solicitó al Ministerio Público Fiscal que investigue la situación de las personas detenidas en las comisarías.
Solá argumentó que la situación de las personas detenidas en las comisarías viola sus derechos fundamentales, basados en la Constitución Provincial, la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Por eso, solicitó que se tomen medidas para mejorar las condiciones de detención y garantizar sus derechos . También solicitó que se cree un grupo de trabajo para coordinar y poner en práctica las medidas que se decidan a partir del habeas corpus. Este grupo estaría formado por representantes del gobierno, la Corte y el Comité de Prevención de la Tortura.
La Corte señaló al gobernador Gustavo Sáenz como responsable de la situación de las personas detenidas en las comisarías. Pero el tribunal argumentó que el gobernador es el responsable de diseñar las políticas públicas que garanticen los derechos de las personas privadas de libertad.
