Con la sentencia no se pudo determinar quién fue el responsable del femicidio de Paola Ramírez ocurrido en 2014. La familia de la joven que llegó al juicio sin Defensa señaló que en Salta: “A la justicia se la compra”. (Andrea Sztychmasjter)

Esta semana la Sala I del Tribunal de Juicio integrado por los jueces Federico Armiñana Dohorman, Martín Pérez e Ignacio Colombo condenó a Juan Ramón Díaz (36) a la pena de tres años y seis meses de prisión por resultar autor penalmente responsable del delito de “encubrimiento agravado”, por el “homicidio” de la joven madre Paola Ramírez (16).

Aunque en un primer momento y según la justicia, Díaz estaba imputado del delito de homicidio doblemente calificado, porque Paola había sido hallada “con una cinta roja atada a su cuello y con signos de haber sido víctima de abuso sexual”, para los jueces no hubo pruebas fehacientes que determinen que el ahora condenado fue el femicida, sino que en realidad fue su encubridor.

José Ramírez, tío de Paola mencionó que llegaron a la instancia de juicio sin Defensa: “No nos dejaron poner abogados. Desde el Ministerio de Justicia primero nos dijeron que no nos preocupemos, que ellos nos iban a brindar acompañamiento y asesoramiento a través del abogado de ellos, que se iba a presentar como querellante. Pero ahora nos damos cuenta que en realidad lo que querían eran sacarse de encima este caso”, señaló.

José criticó que ni el ÇIF, ni la Policía, ni el fiscal que en aquél momento intervino, Eduardo Barrionuevo -ahora juez-, hicieron bien su investigación. “En el juicio quedó manifiesto que el perfil psicológico de Díaz es el de un tipo que ‘no mide sus impulsos sexuales’, y además que ‘se cree superior a las mujeres’. Le encontraron material pornográfico, tarjetas con la leyenda ‘Hola soy Juan, llámame’ y un número de teléfono. Se supo además que tenía una cuenta de Facebook a través de la cual se contactaba con menores. Nada de eso fue investigado más allá y hoy tenemos esta pésima condena”, relató a partir de lo declarado por la psicóloga del Gabinete Interdisciplinario del Ministerio Público, quien durante el juicio brindó detalles del perfil psicológico de Díaz.

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Aparte de estos elementos señalados por José, a Díaz se le encontró en su domicilio el teléfono celular de Paola escondido y desarmado y la tarjeta de memoria funcionando en su celular. Todo esto según el testimonio de dos efectivos policiales que declararon en el juicio. “Díaz tenía en una caja material pornográfico y una cinta parecida a la que Paola tenía en su cuello y con la cual la mataron. Primero quisieron instalar que Paola tuvo relaciones sexuales consentidas y que esa cinta ella misma se la dejó poner”, señaló José.

El tío de Paola señaló que también se supo que Díaz bajo el nombre “reparador de heladera” tenía agendado en el celular a una de las chicas vistas por última vez junto a Paola. “supimos que esta chica tiene un parentesco çon Díaz”, aseguró y recordó la nula investigación del ÇIF desde un primer momento: “El CIF que fue el que llevo a cabo la investigación desde el principio se llevó muchas cosas por delante, no tuvo todos los recaudos para una investigación seria”.

Para la familia Ramírez, Paola la última vez que fue vista con vida se encontraba en una situación de vulnerabilidad solo por ser mujer, y criticaron por eso la demora de la comisaria en tomarles la denuncia por su desaparición. “Paola desaparece el domingo y recién el miércoles nos toman la denuncia de que la buscábamos”.

Frente a estos datos, José Ramírez señala que en el juicio, para los jueces “No hubieron pruebas suficientes, cómo por ejemplo la prueba de ADN, y por eso determinaron que Díaz no es responsable directo”. Ramírez se pregunta entonces, por qué si todavía “no habían pruebas suficientes”, decidieron igualmente elevar a juicio el caso.

Sin respuestas

Para José, la sentencia fue una “decepción”, “Vemos que al Estado no le importan los ciudadanos, en realidad les importa si son de un alto nivel económico. A la justicia en Salta se la compra”, mencionó: “El Estado salteño y la justicia todavía nos deben una respuesta sobre la muerte de Paola”.

Es lo que en concordancia opinaron desde el Partido Obrero, quienes junto a la comisión de familiares contra la impunidad, fueron los que estuvieron apoyando a la familia. Bajo el título: “El Estado responsable que quede impune el femicidio de Paola Ramírez” señalaron en un comunicado que “los fiscales que investigaron le dijeron a los familiares que se alejen del Partido Obrero si quieren justicia para Paola”.

Asimismo señalaron el accionar de unos de los jueces integrantes del tribunal: “Uno de los jueces Martin Pérez, fue el que tuvo a su cargo la investigación del crimen de las turistas francesas, cuestionado por graves irregularidades como torturas a los detenidos, pruebas plantadas y disparatadas teorías de gauchos asesinos de turistas. ¿Qué garantías se puede tener? Esta escandalosa sentencia reafirma el carácter reaccionario de la justicia salteña y del gobierno de Urtubey. Si no encubren, como en el caso de las francesas, no se investiga un crimen, mucho menos se protege a la mujer. La demagogia con la Emergencia en Violencia hace agua por todos lados”, mencionaron desde el PO.

Sin ayuda

José mencionó que “ni desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ni desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres” les brindaron ayuda, “jamás nadie nos llamó, ni nos preguntó si necesitábamos algo”.

Contó que después de lo sucedido con Paola a unos de sus hermanos pequeños le hacían bulling en la escuela, “porque todos se habían enterado de cómo la habían encontrado”, señaló. Al tanto de la situación “Desde el Ministerio de Derechos Humanos nos entregaron una hoja en donde decía que el niño debía ir a un psicólogo y pedir turno en la salita. Pero nada más ,eso fue todo”, relató José.

Recordemos que los fiscales penales Pablo Rivero y Rodrigo González Miralpeix solicitaron en los alegatos el cambio de calificación a femicidio público. Para la familia Ramirez, “no hay dudas que lo de Paola fue un femicidio y la condena no tiene nada que ver con la que dieron. La justicia sólo existe para familias de gran poder adquisitivo, de apellido reconocido, no así para nosotros los pobres, justicia para unos cuantos”, lamentaron.