A cuatro meses de la condena a prisión de las ex dirigentes de la ADP por el mega fraude a los docentes, la justicia y los abogados involucrados parecen haber encontrado una nueva fórmula para estafar a los trabajadores de la educación, consolidando una segunda fase de la trama que pone en evidencia la total impunidad de quienes mueven los hilos del engaño.
Esos ecos del pasado que nos advierten que, cuando parece que la justicia ha hablado, el sistema encuentra maneras de seguir favoreciendo a los mismos actores que contribuyeron a la estafa en primer lugar. El caso de los docentes estafados por el fideicomiso Virgen de Urkupiña I es el ejemplo perfecto de cómo, aún después de una condena y la declaración en quiebra de la ADP, los afectados no logran justicia. Tras la sentencia que mandó a prisión a Patricia Argañaraz (ex secretaria de la ADP) y Marita Cerezo (ex tesorera), la promesa de reparación y recuperación de los fondos se ha convertido en una segunda estafa. Lo que parecía ser el cierre de un capítulo oscuro de corrupción, se reabre con una nueva versión de la misma trama: menos dinero, más engaños y menos opciones para quienes fueron estafados en 2017.
A cuatro meses de la condena que sancionó a las ex autoridades de la ADP por las maniobras fraudulentas, la nueva fase de esta historia de impunidad comienza con la intervención de la justicia, que ha logrado que los afectados no solo pierdan dinero, sino que se vean atrapados en una maraña de decisiones arbitrarias. Con el juez Pablo Muñoz, encargado de la causa, haciendo sonar el tambor de las alternativas el próximo jueves 27 de marzo, se da paso a un espectáculo de decisiones que dejan a los docentes en una encrucijada sin salida.
Dos opciones, ninguna ganadora
El anuncio de las alternativas que se le presentarán a los estafados este jueves es, cuanto menos, grotesco. La primera opción es un golpe directo al bolsillo: aquellos que pagaron la totalidad del terreno en 2017, un monto cercano a los $290.000 (unos 18 mil dólares), tendrán la posibilidad de acceder a uno de los 90 terrenos disponibles, pero abonando una suma adicional de $500.000.
La segunda opción, dirigida a quienes abonaron una cantidad inferior al monto total del terreno, es aún más cruda: no accederán a ningún terreno y, en lugar de eso, recibirán un monto “actualizado” del dinero que depositaron en el fideicomiso. Sin embargo, esta actualización es meramente simbólica, ya que no refleja en absoluto los valores reales del capital inicial. Es un mecanismo de reparación que no tiene en cuenta la inflación, la devaluación de la moneda y, mucho menos, el esfuerzo real que los trabajadores de la educación hicieron para confiar en este esquema fraudulentamente estructurado.
El síndico Peñalva
Tras la declaración en quiebra de la ADP, el proceso de recuperación de los fondos caídos en manos de los delincuentes de cuello blanco se encargó a un síndico, Rafael Peñalva. En lugar de velar por la restitución íntegra de lo que los docentes han perdido, el síndico adoptó una postura sorprendentemente laxa, fijando montos de reembolso que son absurdamente bajos, incluso teniendo en cuenta el contexto económico que ha afectado a todos los argentinos desde 2017.
Peñalva ha fijado montos que no solo son insuficientes, sino que resultan arbitrarios y antojadizos, sin justificación coherente ni respuesta clara sobre el destino del dinero que fue incautado por la ex secretaria Patricia Argañaraz y su banda. Los afectados se encuentran, una vez más, atrapados en la trampa de un sistema que parece haber olvidado que las promesas de justicia deben estar respaldadas por hechos.
Abogados: ¿Aliados o cómplices?
En este mar de incertidumbre y desilusión, dos abogados se destacan como los principales representantes de los damnificados: Flavia Calvente y Eduardo Romani. Calvente, quien tiene estrechos vínculos con la ADP, parece más preocupada por proteger las arcas del gremio que por conseguir justicia para los afectados. Romani, por su parte, ha mantenido una vinculación directa con las esferas del poder, lo que plantea preguntas sobre si su intervención realmente favorece a los estafados o si su actitud laxa ha sido, más bien, cómplice del fraude. Ambos abogados se han mostrado incapaces de cuestionar la situación con la firmeza que corresponde ante el despojo sistemático de los derechos de los trabajadores.
Los damnificados que no pagaron la totalidad del terreno en 2017 han sido simplemente informados de que “no tienen opción”: la única alternativa es aceptar una devolución miserable y seguir adelante. Es, en resumen, un juego en el que el sistema les ofrece un futuro económico que está lejos de ser el justo.
El valor actualizado: ¿Una ilusión o una burla?
Uno de los damnificados con los que este medio pudo dialogar depositó en 2017 una cantidad de $250.000, una suma considerable para cualquier trabajador. El síndico Peñalva, junto con los abogados Calvente y Romani, “acordaron” una devolución de $2.538.809. Si bien es cierto que se trata de un monto superior al capital original, es evidente que esta cifra no tiene relación alguna con la realidad económica del período 2017-2025.
Para estimar el monto actualizado en base a criterios objetivos y racionales, es necesario simular una inversión en plazo fijo, ya que se trata de una de las más elegidas y estables a lo largo del mencionado periodo. Con tasas de interés que fueron fluctuantes a lo largo de ese lapso, es posible acceder a un monto actualizado mediante simuladores de inversión.
Así, dependiendo del tipo de fondo, el rendimiento directo de esa inversión hubiera sido de 3282,2%, lo que arroja un total de $8.445.390,02 entre capital e intereses. Otros simuladores, como los del Banco Nación, arrojan montos por encima de los $10 millones. Pero en el mundo de la justicia, parece que las matemáticas se ajustan a conveniencia.
Un ciclo interminable de engaños
La gran pregunta que queda flotando en el aire es: ¿dónde está el resto del dinero? Si tomamos como ejemplo a uno de los damnificados, su monto actualizado, de acuerdo con los simuladores, debería ser significativamente mayor. ¿Y qué pasa con el resto de los 135 afectados? Si cada uno de ellos recibiera una cantidad similar, la diferencia entre lo que deberían haber recibido y lo que se les devuelve podría ascender a cifras multimillonarias.
Y así, se está gestando una segunda estafa, esta vez más difícil de identificar, más insidiosa, pero igualmente perjudicial para los trabajadores de la educación. Las cifras no cuadran, y el comportamiento de la justicia, los abogados y el síndico sugiere que el ciclo de engaños podría repetirse una vez más. Los docentes estafados en 2017 parecen estar destinados a una nueva decepción, ahora con un sistema judicial y legal que, en lugar de restituir lo que les corresponde, parece estar colaborando activamente en la consolidación de un fraude que se ha vuelto casi imbatible.
Es curioso cómo, en un país donde los docentes son considerados pilares del sistema educativo, sus derechos y sus ahorros siguen siendo objeto de saqueo, con la complicidad tácita de aquellos que deberían velar por su justicia. Lo que parecía un simple fideicomiso destinado a asegurar el futuro de los trabajadores de la educación se ha convertido en una trampa que nunca deja de cerrarse. Mientras tanto, quienes se encargan de hacer cumplir la ley parecen ser los primeros en transitar el camino del engaño, dejando a los docentes, una vez más, a merced de una estafa que parece no tener fin. Y así, con una calculadora y un par de papeles, se escribe la crónica de un fraude que se reinventa, una y otra vez, en nombre de la “justicia”.
