Hace pocos días, la comunidad de Cafayate quedó impactada por un violento desalojo en el paraje San Luis. En el operativo, 160 efectivos del GOPAR expulsaron a 12 peones rurales y sus familias, incluyendo niños pequeños y ancianos, de sus hogares. La fuerza desmedida utilizada en el desalojo generó indignación entre los vecinos y los mismos desalojados.
Los afectados y algunos vecinos sostienen que los verdaderos responsables detrás del desalojo serían testaferros de Bettina Romero, ex intendenta de la capital, y su esposo, Francisco Lávaque. Estas familias han vivido en el paraje San Luis por más de 60 años, lo que hace que la situación sea aún más dolorosa y controvertida. A pesar de varios intentos de desalojo anteriores, esta vez el operativo se llevó a cabo con una gran cantidad de efectivos y durante la madrugada, aumentando la tensión y el drama del evento.
Según testimonios de los desalojados, como el de Sandra Ramos, el operativo comenzó alrededor de las 4:00 am. Ramos relata cómo fue testigo del despliegue policial cuando regresaba a su hogar. La presencia de medios de comunicación fue impedida por la policía, con excepción del concejal Rodrigo Chocobar, quien pudo documentar el evento. Chocobar cuestionó el gasto del gobierno provincial en un operativo tan costoso y desproporcionado para desalojar a unas pocas familias.
Las familias desalojadas denunciaron en redes sociales la violencia y la injusticia del operativo, señalando que hubo menores y ancianos afectados, incluyendo una persona con problemas cardíacos. Acusaron a los responsables de querer usar las tierras para proyectos turísticos y vitivinícolas, insinuando la implicación de intereses políticos y económicos significativos. El concejal Chocobar también expresó sus dudas sobre la legalidad y la moralidad del desalojo, criticando la actuación del gobierno provincial.
