El 2024 comenzó con humores sociales que todavía no han expresado plenamente la desilusión con la clase política. Luego de apostar a un cambio rotundo, hoy advierten muchos que los efectos reales del discurso liberal los va a sumergir en el bajo fondo de las limitaciones.
Suspensión de la obra pública con pérdida de fuentes de trabajo, incrementos tarifarios y de impuestos, suba de precios indiscriminada y un preanuncio de que las protestas sociales que habían sido fomentadas durante dos décadas serán reprimidas. Nada de lo que ocurre no fue anunciado y es la principal virtud de un Javier Milei que no le mintió a nadie y encontró la justa ocasión para confrontar con la política ortodoxa devaluada que mostró la demagógica cara de Sergio Massa para continuar con los desaciertos crónicos. Hoy la figura del tigrense no vale un peso, como tampoco la del peronismo y el kirchnerismo que tiene a sus principales referentes desaparecidos. La centro-derecha más recalcitrante es la que puebla espacios gubernamentales en donde el ajuste y el discurso cuasivengativo es la moneda corriente.
La cultura del apriete ha comenzado a frecuentar la Casa Rosada. Tiraron un ministro por la ventana no sólo por eventuales infidencias sobre lo que hablan a puertas cerradas, sino también porque nuevamente se reproduce la versión actualizada de la pelea de “halcones” y “palomas”. Después de Guillermo Ferraro, al que echó y le desguasó el área ministerial de infraestructura, parece que la figura de Guillermo Francos es la que seguiría en tanto no se adapte a las posturas y conceptos radicalizados del Presidente y del Jefe de Gabinete Nicolás Posse.
El problema no se concentra solamente en haber ventilado algunos comentarios o expresiones que deben tener una reserva, sino que ponen en evidencia que no existen frenos inhibitorios en el mandatario y que por ello no reprime impulsos, ni resiste decepciones, y busca doblegar con la billetera presupuestaria legítimas objeciones de los gobernadores.
SALTA EN JAQUE
Gustavo Sáenz ha comenzado a dar señales claras de que acompañará a Milei solamente en lo que no produzca perjuicio a los variados intereses de Salta. Las economías regionales están comprometidas, como también se han mermado las remesas coparticipables y esto determina suspensión de obras locales y dificultades para pagar una planta de 80.000 empleados, casi toda heredada.
Además, el Gobernador ha dado muestras concretas de que acomoda el cuerpo frente a la carencia inminente de partidas, decretando congelamientos de cargos, sueldos y contrataciones. No es el único mandatario provincial al que le han recortado las transferencias y que padece los aprietes. Por lo pronto sus diputados nacionales Pablo Outes, Pamela Caletti y Yolanda Vega votarán la ley ómnibus con pequeñas disidencias. Saben que Salta depende demasiado del presupuesto nacional.
CONFLICTIVIDAD EN PROGRESO
El problema es el derrame de la carencia en todos los estamentos gubernamentales. Con el aguinaldo en el bolsillo los trabajadores estatales se conformaron con que les pagaran diciembre de 2023 en tres cuotas, pero anticipan una dura negociación para febrero. Seguramente allí volverán a encabezar las pretensiones de actualización salarial los docentes que, probablemente, no vuelvan a las rutas dada la decisión presidencial y de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich de vedar la cuestionable práctica del corte de ruta. En el ámbito docente ha generado sorpresa que durante todo el año pasado más de una centena de docentes no volviera a dictar clases. Son los que serán cesanteados con justa razón. Los excesos de tolerancia terminan en costos que, en este caso, le representaron al Gobierno Provincial una pérdida de cien millones de pesos.
Algún remezón ha generado el ajuste en las grandes cuevas de la política. No son pocos los ñoquis que han quedado sin los emolumentos luego de años de cobrar sin contraprestar ningún esfuerzo en la legislatura provincial (diputados y senadores).
En los municipios también existe preocupación porque el ajuste los arrastrará. A pesar de que el tsunami ya está anunciado, prosiguen los festivales como si nada pasara. Cachets de millones de pesos se pagan para animar el circo que antes entretenía pero que, tal vez ahora, solamente implicará falta de recursos vitales para evitar más conflictividad con los empleados.
JUSTICIA CIEGA
Los que no aflojaron, como siempre, son los magistrados del Poder Judicial. El recorte apenas alcanzó a Jueces de Corte que cobran entre 5 y 6 millones de pesos y gozan de demasiadas prebendas, mientras que los jueces de primera y segunda instancia, y los defensores y asesores, siguen con sueldos intactos y tendrán movilidad. La Constitución los ampara y no solamente no se puede reducir sus haberes, sino que tampoco pagaron jamás el impuesto a las ganancias. Claro que estas seguridades deben tenerlas los jueces independientes y honestos. Quizás esa sea la discusión fina de un poder que no da muestras de reconciliación con la ciudadanía. La Corte de Justicia ni siquiera les exige que lleguen temprano a trabajar, o que cubran los turnos de la tarde. Apenas seis o siete horas por millones de pesos mensuales provocan malestar en los que quieren justicia que, cuando llega, tiene demora exagerada o no llega nunca.
Es en este Poder Judicial en donde maduran decisiones vinculadas con el caso de “las turistas francesas” y que generó un pedido de destitución realizado por el diputado José Gauffin para los Jueces del Tribunal de Impugnación Luciano Martini y Rubén Arias Nallar, dos catalanistas de la primera hora que condenaron ilegalmente a Santos Clemente Vera, ahora liberado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El problema es que el fallo de Martini y Arias Nallar fue confirmado por la Corte de Justicia de Salta con la firma de Guillermo Alberto Catalano, Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Posadas, Abel Cornejo, Guillermo Félix Díaz y Susana Graciela Kauffman. Tres de ellos todavía están ocupando cargos y quieren renovación por diez años más. De ellos Gauffín parece que se olvidó. En estos temas siempre existen perejiles a los que podrían ofrendar para que se salven los más importantes, mientras que la Provincia de Salta deberá pagar una indemnización millonaria a favor de quien estuvo preso injustamente por casi diez años.
La Herencia
Mientras esta realidad acuciante sigue un curso que será más doloroso, no pierden tiempo quienes piensan que este es el último mandato de Gustavo Sáenz. La primera adelantada fue Bettina Romero, que de no haber perdido la intendencia hoy tendría un carril para una competencia en la que ya se han comenzado a ubicar otros dirigentes.
Un operativo clamor ya se despliega en las intimidades del Grand Bourg a favor de Pablo Outes, que ha sembrado apoyos durante su campaña a diputado nacional y considera que es un candidato natural a suceder al actual líder.
Emiliano Estrada ha comenzado a salir de su letargo y sigue pensando en que su alianza con Olmedo y Zapata ha comenzado a fructificar para proponer un amplio frente en 2027. Quizás el problema es que es el sojero quien considera que existen serias probabilidades de que Milei lo apoye en una aventura por el sillón gubernativo salteño. Juan Romero es el que digita en las sombras este movimiento que no ha dejado de trabajar para recuperar el poder. Los hermanos Biella dicen que pueden proponer una sumatoria para cualquier postulante a la gobernación que elija este grupo que va tomando cuerpo.
Por supuesto, Emiliano Durand no ve objeciones para competir en caso de que el actual gobernador desista de un tercer mandato, y no pocos miran con atención sus incorporaciones en el gabinete municipal, que también tiene olor urtubeycista.
Así las cosas, la pelea y las estrategias electorales por el principal cargo de poder en Salta se concentrarán en las bancas del senado nacional que deben renovarse. Allí comenzarán a verse las caras y las reales ambiciones de quienes quieren jubilar anticipadamente a Sáenz. En cuanto a lealtades políticas locales, por lo visto, no todo está escrito.
