A pesar de las múltiples evidencias de contaminación, la justicia se encamina a habilitar a la empresa Metalnor a instalar una fundidora de metal a metros de viviendas particulares. Cerca de 9000 vecinos de Cerrillos resisten los embates del poder judicial, económico y político.
El pasado viernes 18 de octubre el Poder Judicial realizó una inspección ocular en un predio de 42 hectáreas sobre la ruta 26, en el municipio de Cerrillos. Allí, la empresa Metalúrgica Integral S.A. -Conocida como Metalnor- pretende desde 2020 instalar tres hornos industriales de fundición de metal ferroso. Dos eléctricos y uno a gas.
El proyecto se encuentra frenado por un amparo presentado por vecinos que habitan a escasos metros del inmueble, pero las señales de la justicia no dan muchas esperanzas. El juez Benjamín Pérez Ruiz resolvió no hacer lugar al pedido de no innovar sobre el estado de las obras de construcción.
El temor lógico de los habitantes de la banda sur del río Ancho es vivir en carne propia la tragedia de Abra Pampa. En la localidad jujeña funcionó la planta fundidora “Metal Huasi”, que cuando cerró hace más de 30 años dejó atrás 60.000 toneladas de escombros contaminantes. Un análisis realizado por la Universidad Nacional de Jujuy arrojó que el 81% de los niños de la zona tenía niveles de plomo en sangre por encima de lo tolerable. Carencias nutricionales y deficiencias cognitivas son algunas de las secuelas que dejó aquella experiencia. Los afectados no han recibido aún ningún tipo de tratamiento.
En el partido de Tres de Febrero, los vecinos lograron la clausura hace apenas unos meses de la fundidora Cafesa SRL, por su alto impacto en el ambiente. La planta se negaba a trasladarse a un parque industrial, tal como exige la normativa. También en Florencio Varela los habitantes consiguieron que la justicia condene a la firma Industrial Varela SRL, al municipio y a la provincia de Buenos Aires por el daño ambiental generado por la fundidora.
Para los vecinos de la zona, las alarmas comenzaron a sonar a partir de una serie de análisis que revelaron elevados niveles de plomo en sangre detectados en niños y niñas, más la evidencia de problemas neurológicos y de crecimiento, de falta de concentración y dificultad en el aprendizaje que experimentaban en la escuela. Fue entonces cuando se iniciaron los reclamos sociales y luego la presentación jurídica.
Por su parte, la bibliografía disponible en relación al carácter contaminante de la industria de la fundición es sumamente abundante, lo que desacredita aún más la decisión de la justicia local. Un estudio del CONICET titulado “Industrias de fundición: aspectos ambientales e indicadores de condición ambiental”, destaca el impacto de la actividad sobre los recursos hídricos: “Los residuos de fundición constituyen focos multipuntuales que en mayor o menor medida impactan al sistema hídrico subterráneo local. En este sentido, la contaminación del agua del acuífero se produce por el contacto de las arenas con el agua de lluvia cuyo recorrido (proceso de infiltración) termina en la napa freática (lixiviación)[30], significando ello un peligro permanente”.
En estado de vulnerabilidad
A seis metros del terreno donde Metalnor pretende poner a funcionar sus calderas, están emplazadas las viviendas de los pobladores de la ruta 26. Se estima que 9000 familias podrían ser afectadas por el impacto de la actividad en el aire, el agua, el suelo y el sonido. La secretaría de Desarrollo Humano de la intendencia de Cerrillos ordenó un censo en la zona, del que se desprende que el 60% de las viviendas se encuentra habitada por personas con discapacidades motoras, epilepsias, síndrome de Asperger, cegueras, falta de desarrollo fisiológico y mental, entre otras.
Milagro Avendaño es vecina de Cerrillos y participó de una manifestación junto a sus pares el día de la inspección ocular de la justicia. En diálogo con Cuarto Poder advirtió: “Hay una total incompatibilidad en medio de una zona urbana. Sabemos que en el centro, una actividad de fundición que funcionaba en la plaza Alvarado fue debidamente trasladada al parque industrial. Acá se habla de tres hornos de fundición y hay un rumor, dadas las dimensiones del predio, de que podrían ser más”.
Y añadió: “Somos cerca de 9000 familias que vivimos a pocos metros del municipio Capital, nos separa sólo el río Ancho. Es una zona ventosa, nos inundamos. No hay servicio de cloacas, vivimos un abandono total. Además, tenemos una gran porción de la población con alta vulnerabilidad en esta zona. Constantemente somos agredidos en el ambiente”.
La planta muestra importantes avances a pesar de la resistencia de los vecinos y de la cautelar presentada oportunamente. En el lugar ya se construyó una playa de estacionamiento que es utilizada frecuentemente por operarios y conductores de camiones.
La lucha de Milagro y sus vecinos comenzó en 2020, en plena pandemia, cuando uno de los habitantes de Los Pinares filmó el levantamiento de un enorme paredón a metros de su casa. En un video subido a redes, que cosechó cientas de reacciones, expresó: “se está pasando por alto una cantidad innumerable de factores que dicen no a la instalación de una industria en este lugar”. Un año más tarde presentaron el amparo en la justicia, que luego sería desestimado.
Ni Vega, ni Borelli
En el mes de diciembre, a días de dejar el poder, la ex intendenta de Cerrillos -ahora diputada nacional del saenzismo- Yolanda Vega, otorgó a través de sus funcionarios el certificado ambiental a la empresa Metalnor. Meses atrás había prometido a los vecinos que participaría de la audiencia pública realizada en agosto de 2022 en defensa del planteo vecinal. Jamás se presentó en el debate.
La llegada del nuevo gobierno municipal tampoco trajo mucha esperanza a los amparistas. A diez meses de haber asumido, y teniendo la posibilidad de dejar sin efecto el permiso ambiental, el intendente Enrique Borelli no da señales de querer avanzar en tal sentido.
Si ante la escasez de respuestas los vecinos hubieran decidido trasladar el reclamo a la Capital, donde se encuentra el domicilio legal de la empresa, también hubieran encontrado escollos. Durante los cuatro años de bettinismo, Metalnor abrochó un jugoso negocio basado en la gestión del metal. La gestión de Romero decidió entregarle la posibilidad de quedarse con todo vehículo en condición de chatarra abandonado en la vía pública. Al parecer, para Bettina levantar los restos abandonados de un auto era mucho laburo, por lo que decidió entregar el negocio a un privado, que, a cambio, se quedaba con el material.
Fue el ex secretario Legal y Técnico, Daniel Nallar, quien firmó el convenio con Metalnor por la que esta le pagaba, en promedio, ocho pesos por cada kilo de chatarra.
Permisos precarios
A través de la Resolución N° 1235/22, el Ente Regulador de Servicios Públicos ordenó en 2022 la suspensión de los trámites de permisos precarios y concesiones de agua para la planta de fundición de Metalnor. La medida llegó luego de que los vecinos denunciaran contaminación en la audiencia pública celebrada días antes.
En la resolución se dejó establecido que la suspensión tendrá lugar hasta tanto la Autoridad de Aplicación coordine y monitoree el manejo sustentable de los recursos hídricos conjuntamente con el Ente, los Ministerios de Salud y Producción.
Además, la medida exige que se presenten ante el organismo los estudios hidrológicos que garanticen que el emprendimiento industrial «no afectará el servicio que actualmente presta la empresa COSAYSA en la zona urbana aledaña y se determinen las fuentes y caudales de agua que aseguren el prioritario abastecimiento poblacional”.
