El diputado provincial Santiago Vargas se refirió al reclamo de comerciantes y vecinos por fallas en servicios públicos, a los que calificó de deficientes, así como a los incrementos que se han registrado y se van a registrar. En relación con la suba en diferentes tasas, con incrementos de hasta un 800% reclamados por remiseros y comerciantes, advirtió desde su experiencia legislativa que «una ordenanza se puede derogar con otra ordenanza. De hecho, el bloque radical ya presentó una ordenanza para retrotraer los valores de las cantidades de UTM que cambiaron, proponiendo mantener el precio de la UTM de 25 a 75, pero manteniendo las cantidades que tenían en el 2023. Porque en muchos ítems se aumentaron las unidades tributarias, de ahí el incremento de 23 mil pesos a 83 mil pesos que sufrió un comerciante de la zona. Por ejemplo, el alquiler del mercado pasó de 30 mil a 120 mil pesos. Es necesario convocar a una sesión especial para tratar esa ordenanza y así darle un respiro a la gente sin ahogar al Municipio, que señala la necesidad de dinero para cumplir con servicios que no está brindando».
También se refirió a la luz y el agua, por los cuales el reclamo es tan fuerte como el de iluminación y limpieza de la ciudad, y expresó: «Hay una falta de inversión y Cammesa no da abasto, Trasnoa tampoco, y Edesa tampoco. Estamos revisando las dos boletas que pagué en marzo del 2023, 13 mil pesos y en febrero de este año, 60 mil pesos. Hubo incrementos y se plantea un nuevo aumento con un servicio deficiente, sin tener en cuenta el bolsillo del usuario».
Respecto al servicio de agua, reiteró que junto a Matías Monteagudo presentaron varios proyectos respecto al tema, entre ellos el de no cobrar el servicio que no se brinda. «La realidad indica que una sequía de 10 días nos deja sin agua. La cantidad de obras no da abasto o no se terminaron, y toda el agua que se necesita no llega a abastecer la demanda. Desde agosto del año pasado hicimos una serie de presentaciones», advierte el legislador, y agrega respecto de la flamante Secretaría del Agua creada en Tartagal: «Queremos que nos aclaren cuál es la función de esa secretaría, porque están llevando a cabo un control del agua y análisis sin sustento científico, en el laboratorio del hospital con una metodología que no es la adecuada. Para medir el cloro, utilizan un maletín de los ingenieros cuyo contenido desconocemos. Para el agua potable se necesitan una serie de requisitos y se debe analizar mediante métodos de filtración o químicos con aparatos especializados. Pero me gustaría que nos dejen en claro si el agua es potable o no, porque el Ente Regulador nos dice que sí lo es y muestra un análisis, mientras que la Secretaría del Agua dice que no. Creo que esto genera una incertidumbre para el usuario que no es buena, ya que realmente no sabemos qué está ocurriendo».
Por último, se refirió a una ayuda con materiales de construcción que acercó a la sala de salud de San Roque, explicando: «Lamentablemente, el ajuste siempre llega por el lado más débil, salud o desarrollo social. Hay muchos problemas en salud, la doctora Miranda Ruiz pedía medicamentos para la atención rural, faltaba gasa, algodón, hilo de sutura. Ella está en la sala de San Roque, yo soy de San Roque y me acerqué. Estaban realizando una obra para ponerla en pie, pero por falta de materiales, el municipio proporcionaba la mano de obra pero no los materiales, así que los proporcioné para que pudieran continuar», destacó y concluyó: «Siempre se aprieta o se ajusta a los más débiles. Por eso quiero decirles a los beneficiarios de planes sociales que no se dejen intimidar. Se eliminaron los intermediarios, lo cual significa que ellos no pueden pedir ni reclamar su baja o alta. Una vez que iniciaron el trámite, no pueden retirarlo ni obligarte a trabajar o realizar actividades».
