Contra el discurso de Bettina Romero que pregona un municipio ordenado, luego de su fracaso electoral se conocieron datos que despiertan sospechas de corrupción en su gestión. El romerato elabora un plan para garantizarle impunidad de la mano de la Auditoría General que preside Gustavo Ferraris. A los sectores del poder robar no les cuesta nada.

Tras su estrepitosa derrota el pasado 14 de Mayo, Bettina Romero informó a cuanto periodista se le cruzó que iba a entregar una comuna con cuentas ordenadas, aunque aclaró que la transición comenzaría recién en noviembre.

Contra lo afirmado, otra es la historia que caracterizó al municipio capitalino en los últimos tiempos. Desesperada por revertir los números de las encuestas que siempre la dieron como perdedora, ordenó hace meses un sinnúmero de obras para impactar en la vista de los vecinos y sobre las que se ciernen especulaciones de podrían haber sido parte de financiamiento ilegal para una costosa campaña.

Son cientos de millones los perdidos en cartelería, pintadas, pegatinas y publicidad en redes y medios periodísticos. No obstante, el avasallante comportamiento del aparato municipal no se tradujo en adhesiones y perdió por más de 50.000 votos de diferencia.

Las obras más pretensiosas de Bettina son las que ahora generan comentarios y sospechas y están siendo analizadas por el Tribunal de Cuentas Municipal. El famoso puente sobre el Río Arenales, por el que recibió de Nación 400 millones de pesos, luego obtuvo una inyección de recursos similar para ampliar la obra que se le encomendó a Riva S.A., vieja socia del romerato hasta 2007 y que desde ese tiempo obtuvo escasos contratos.

En el caso de los anuncios que se hicieron para recuperar la zona del canal de Avenida Yrigoyen y crear un “paseo familiar”, se habrían destinado más de 300 millones de anticipo a la empresa Walter Conta S.A. –otro socio contratista del romerato que nunca se dedicó a este tipo de obras-. Las explicaciones de la Secretaria de Planeamiento Urbano María Angulo ni siquiera tuvieron un proyecto de respaldo y lo pagado no encuentra un cartel o maqueta que lo compense.

Lo mismo ha ocurrido con la obra de remodelación de la Plaza 9 de Julio y las pequeñas reformas introducidas no parecen costar los 135 millones invertidos inicialmente, de los cuales Nación puso 50. Para peor, Bettina ahora ha informado que ampliará las obras previstas inicialmente en $40.980.161,21, para iluminación $39.587.938,74, y $41.755.471,07 en mejoras eléctricas que no aparecen como una prioridad.

La revancha

El fracaso de este sector, todavía poderoso, tiene respuesta. La furia del romerato quiere canalizarse desfinanciando al municipio en estos meses, para luego vigilar minuciosamente y denunciar cada error o complicación por la que atraviese el sucesor en el que se concentran a diario.

Es por eso que el fondo fiduciario de más de 2.000 millones que se había reservado en el Banco Hipotecario ya habría desaparecido y que el déficit financiero municipal ascendería hoy a más de 500 millones.

Los 2.500 millones de diferencia, comprometidos en apenas tres semanas, obedecen a anticipos y pagos girados a las empresas que ejecutan las obras medianas que se multiplicaron asombrosamente por los principales puntos de la ciudad en el último mes de campaña y que ahora se paralizaron. Todas ellas han comenzado a reclamar incrementos por redeterminaciones de precios y cuentan con la seguridad que dieron algunos funcionarios de que les van a reconocer los aumentos.

En unos días, siempre asesorada por Daniel Nallar, Bettina se apresta a reconocer otra redeterminación de precios para la también romerista Agrotécnica Füeguina que es titular de uno de los contratos más costosos de la provincia y que hoy ya percibe 450 millones de pesos mensuales. Como no le alcanza la plata para pagar, la Intendenta habría adelantado que les entregará cheques de pago diferido que tendrá que cubrir la gestión venidera.

Además, los sueldos se llevaron una porción de las pretendidas reservas y seguirán siendo materia de preocupación con el espiral inflacionario y las protestas y manifestaciones que realizan los gremios que agrupan a los empleados municipales. Por un lado, la llamada “Intergremial” integrada por ADEMUS, SIMULSA, ATMPS y ATE, y por el otro la veterana UTM que comanda desde hace años Pedro Serrudo y el SOEM.

Contrataciones escondidas

Las especulaciones sobre irregularidades en las contrataciones no solamente se concentran en sobreprecios, oscurantismo en los procesos y el direccionamiento hacia empresas amigas, todos elementos caracterizantes de la corrupción.

También parten de la paralización desde Marzo de este año de la publicación de las contrataciones de obras y servicios en el Boletín Oficial Municipal que conduce con mano dura el Coordinador Ilegal y Técnico Daniel Nallar.

Los gastos del proselitismo político de Bettina parecen coincidir con contrataciones que tuvieron un crecimiento en esos meses previos al 14 de Mayo, hasta ahora disimuladas y no difundidas por rubros curiosos: Alquileres de servicios de sonido para los actos; impresiones de los folletos de campaña y contrataciones de viandas y agua para los repartidores; compras de elementos de pintura para los muchachos que arrasaron con las paredes de la ciudad con el nombre de “Bettina Romero”; impresión de las gorras de los militantes; compra de carne para actos o reuniones.

Sin embargo, los montos más importantes se los llevan las emblemáticas contrataciones de desmalezado, podas y compras de motosierras para los punteros que cobran más que desmalezan y estarían dirigidos por Aroldo Tonini y el hermano de la Intendenta Juan Esteban Romero. No se quedaron atrás las adquisiciones de cuchetas y frazadas.

El control de los amigos

Bettina no está sola y el romerato ha comenzado ha diseñar una estrategia para asegurar que los informes de su gestión sean redactados por sus fieles.

Pasada la elección comenzó el proceso de cobertura con algo sorpresivo: Por primera vez desde que se creó el Tribunal de Cuentas Municipal en los ‘90, un intendente capitalino remitió la cuenta general del ejercicio para que la analice una autoridad provincial desconociendo la autonomía de la comuna salteña. En efecto, es Bettina Romero la que ha decidido someterse al control de la Auditoría Provincial que preside el ultraromerista Gustavo Ferraris.

Siempre compatibles con los designios marcados por el senador Juan Romero, el 2 de Junio pasado la Auditoría General dictó la Resolución Conjunta n° 29 que firmaron Gustavo Ferraris y Abdo Omar Esper para constituir un equipo de trabajo que pretende encargarse de los procesos de transición de toda la Provincia, incluyendo al Municipio Salta.

Ferraris no se quedó allí y ha instruido a sus subalternos para que en lo inmediato presenten una acción en la Corte de Justicia para que ésta decida sobre la competencia de la Auditoría General para controlar al municipio de Salta. La iniciativa tiene un doble objetivo: La defensa de la gestión de Bettina Romero ante posibles denuncias de corrupción, y la eventual hostilización o condicionamiento político del entrante Emiliano Durand.

El Concejo Deliberante sigue ausente mientras sórdidamente ya se desató una batalla que podría implicar la desaparición del organismo que tiene a su cargo controlar todo lo que ha gastado Bettina Romero.

En tres semanas ha cambiado el mundo en la Avenida Paraguay en la que se respira un aire de frustración y bronca que contagia a empleados que avizoran perderán sus puestos políticos de trabajo. En la cúpula ya diseñaron la defensa de Bettina y un agresivo plan para devaluar al nuevo intendente. Se sienten confiados, seguros de que nadie los tocará, aunque sean millones los que falten de la bolsa de los impuestos que pagamos todos.