El reciente fallo de la Justicia Federal que intima al Gobierno nacional a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario se da a las puertas de una nueva Marcha Federal. Mientras la comunidad defiende la universidad pública, queda expuesta la paradoja de un modelo donde rectores y decanos perciben sueldos millonarios mientras los docentes de aula sufren una dura precarización.

Leona Del Monte

La confirmación judicial que exige al Ejecutivo nacional la aplicación irrestricta de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) encendió nuevamente los motores de la movilización en todo el país. Tras la declaración de inconstitucionalidad del decreto que frenaba las partidas presupuestarias para actualización salarial y becas, la comunidad académica se prepara para convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria.

Sin embargo, detrás del lema indiscutido de la defensa de la educación pública y gratuita se asoma una paradoja institucional: la profunda brecha entre la retórica de lucha y la realidad salarial que impera dentro de los propios rectorados.

La paradoja de la caja: presupuesto para sueldos, pero ¿para quiénes?

Más del 90 % del presupuesto de las universidades nacionales se destina a cubrir masa salarial y gastos de personal. En el discurso político, tanto las conducciones gremiales como las autoridades universitarias suelen argumentar que la asfixia presupuestaria pone en riesgo el acceso de los estudiantes a las aulas. No obstante, la gratuidad está garantizada por ley y el debate real pasa por cómo se distribuyen internamente los recursos públicos.

Allí es donde la retórica corporativa cae en la demagogia. Mientras la narrativa oficialista nacional expone que altos mandos del sistema universitario llegan a cobrar salarios de entre 7 y 18 millones de pesos, la brecha interna con la base docente evidencia una enorme inequidad.

 Rectores y decanos mantienen remuneraciones ejecutivas blindadas frente a la crisis generalizada. La masa que sostiene diariamente las comisiones de trabajos prácticos cobra montos que en dedicaciones simples difícilmente alcanzan a cubrir la canasta básica. Los Estudiantes quedan entrampados como rehén simbólico en la disputa política de partidas, aunque la gratuidad de la enseñanza no esté arancelada.

El escenario en Salta

En la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la tensión cobra un matiz particular. La gestión del rector Miguel Nina ha quedado ubicada bajo la lupa de los sindicatos docentes y la masa estudiantil debido a su postura institucional marcadamente receptiva hacia las directivas de contención fiscal del presidente Javier Milei.

Mientras que desde los claustros se exige un rechazo contundente a la política salarial del Gobierno central, en Salta el alineamiento político de la gestión rectoral se tradujo en decisiones que profundizaron la inestabilidad de la base. Lejos de reducir los honorarios directivos o revisar las estructuras jerárquicas, la contención del gasto impactó en la no renovación de contratos y en el congelamiento de concursos para auxiliares e interinos.

La demagogia radica en un doble discurso: desde la política universitaria nacional se agita la bandera de la «universidad herida» para presionar por fondos, pero a nivel local no existe un plan de reorganización interna que priorice a trabajadores por sobre los privilegios de los cargos directivos.

En Salta, el docente Rubén Correa señaló que la postura de la Casa Rosada arrastra al sistema a una situación inédita de rebeldía judicial, donde el Gobierno nacional parece cómodo tensando el escenario de movilización para eludir los incrementos salariales y las partidas presupuestarias que exige la ley.

En este contexto, crece la exigencia interna para que la Universidad Nacional de Salta (UNSa) asuma una postura institucional más firme y tome parte activa frente al ajuste. Los señalamientos apuntan a la conducción del rector Miguel Nina por optar por una estrategia de espera y no haber acompañado formalmente con la firma de la UNSa la presentación judicial del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en medio de una crisis donde las partidas nacionales apenas alcanzan a cubrir el 7,6% del funcionamiento operativo de la casa de altos estudios.

El fallo judicial y una marcha en la encrucijada

El fallo del juez Martín Cormick al anular el veto encubierto del Ejecutivo nacional dejó en claro que las leyes promulgadas por el Congreso deben cumplirse sin dilaciones. Sin embargo, la resolución de fondo sobre el financiamiento no resuelve la equidad interna.

La universidad pública sigue siendo la herramienta fundamental de movilidad social en Argentina, pero la próxima marcha universitaria enfrentará una grieta en su propia representatividad: la necesidad de defender los presupuestos para garantizar clases de calidad, sin que ello signifique convalidar los sueldos millonarios de los rectorados ni la complacencia de gestiones locales que aplican el ajuste sobre los eslabones más vulnerables del sistema.