La secretaria de Salud Mental, Claudia Roman Ru, hizo el papelón de su vida. Consultada por la increíble muerte del interno psiquiátrico Ricardo Villagrán, dijo desconocer la misma. Se descarta que el gobierno reemplazará a la funcionaria que desconoce lo que pasa en su área y de la que hablan todos los salteños.     

El caso Villagrán había copado los medios desde el día de ayer. Primero porque fue trasladado al hospital San Bernardo con el brazo gangrenado por haber sido atado a una cama del hospital psiquiátrico Miguel Ragone. Luego porque se supo que le amputaron el brazo, y luego porque el cuadro se complicó para finalmente terminar falleciendo. La muerte se produjo ayer y la secretaria del área era buscada por la prensa que quería saber si siempre se atan a los pacientes a la cama.

El programa que se emite por Cable Express, Feedback, logró conectar a la funcionaria que increíblemente no sabía que el paciente había fallecido. Ante el desconcierto del conductor Martín Sánchez, Roman Ru dudó de la noticia que está en todos los medios y luego dijo que “no tenía la información”. Pidió tiempo para averiguar por lo que el conductor le concedió unos minutos para que a la secretaria alguien le diga lo que ya todo Salta sabía. Unos minutos después, la comunicación telefónica se restableció y la pobre mujer no tuvo más que aceptar la realidad y pedir disculpas.

Parece improbable que el gobierno no encuentre una forma de prescindir de los servicios de la licenciada que tiene a cargo también la lucha contra las adicciones sobre el que también se conocieron déficits de gestión alarmantes. En marzo de este año, se conoció un informe de la Sindicatura General de la Provincia que había sido redactado en agosto del año pasado. El mismo era lapidario con el organismo que dirige Claudia Román Ru. Entre otras cosas porque decía que  “…no ejerce plenamente las competencias que le fueran asignadas (…) destacándose en este sentido: la ausencia de disposiciones destinadas a definir y coordinar  las actividades de los efectores públicos con esa problemática; la inexistencia de acciones de regulación y control sobre las actividades de terceros en el área de competencia y la carencia de información completa y organizada sobre la problemática (…) que permita el diagnóstico de la situación y evaluar el impacto de las medidas adoptadas”.