A falta de unos pocos días para el inicio del ciclo lectivo 2024 de la educación primaria y secundaria de la provincia de Salta las tensiones ocupan todos los espacios gremiales y sindicales docentes con la clara posibilidad de ir a unas paritarias a la baja.
José Veronelli
La tradición de los mal llamados “conflictos docentes” en la provincia de Salta tiene tantos años como la mismísima educación pública. Desde las crueles represiones que tomaron estado público a nivel nacional a través de la televisión en los 90’ y los 2000, a la depresión sostenida de los salarios durante los últimos 8 años, la masa obrera docente lleva adelante batallas cada año para reivindicar las demandas en términos de infraestructura, convenio colectivo de trabajo y requerimientos alimenticios para los estudiantes.
Los conflictos entre el gobierno y los sindicatos docentes en Salta desde la asunción del actual gobernador Gustavo Ruperto Sáenz han ido escalando, principalmente sobre demandas salariales, condiciones laborales y recursos para la educación. Lejos quedaron las paritarias nacionales y los reclamos por baja en ganancias. En su lugar el 2024 promete marchas y huelgas para reclamar contra el aumento del 400% o más en el transporte, los servicios, impuestos y alimentos.
La legitimidad sobre el trato a los docentes vino en mayo con la renovación del ejecutivo por un amplio margen en el escrutinio, dejando un 47% contundente que en algún punto avala al señor gobernador a tomar las medidas que considere, pues el apoyo del pueblo estaba demostrado en las urnas. Aunque nadie se cuestionara como el armado electoral de Sáenz constituyó un conglomerado con tantos partidos y dirigentes de todo el arco político ideológico de la provincia.
Así es como a pocos días de ganar las elecciones de mayo Saenz arremetió contra los docentes de la pública y entre represión y cierre de paritarias terminó el mes de mayo con una carpa instalada en la Plaza 9 de Julio que hasta nuestros días sigue en pie exhibiendo los reclamos que de manera gallarda sostienen durmiendo en el piso con los azulejos más caros de la provincia.
La carpa sigue, y no de fiesta
Hace menos de un año Sáenz inauguró la era Milei con la frase que pasó a la historia de la política contemporánea, “no hay más plata” afirmando que no había posibilidad de mejorar los salarios docentes, dando por tierra cualquier negociación futura, en especial con Docentes Autoconvocados. El clima de época se vivió primero en Salta, luego en Jujuy, para finalmente, volverse una tormenta en todo el país.
Cuando la inflación de marzo y abril de 2023 espantaban a todos los argentinos, Sáenz sentenció que no era posible mejorar los salarios, con plena conciencia que los aumentos no alcanzaban y que no le ganaban a la inflación. Declaraciones que serían impensadas hoy en día con un acumulado de más de casi el 50% de inflación en los últimos dos meses, números de un INDEC sospechado y cuestionable a partir de las declaraciones del 14 de febrero por parte del primer mandatario de la nación que admitió un 54% de inflación mayorista solo en diciembre.
Los Ministerios de Economía y de Educación cerraron en ese entonces con un aumento del 34 % en cuotas y un bono de $60.000 a pagarse también cuotas. Este fue firmado por los gremios pero no contó con la aceptación de la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados que la rechazó de pleno por no cubrir las demandas y los números exigidos. Teniendo en cuenta la inflación de 2023 dibujada por el INDEC, los docentes perdieron alrededor del 70% de su poder adquisitivo desde la última paritaria. Sumado a un paquete de aumentos de servicios que se proyecta en el 200% para los primeros meses del año, nos deja un saldo irremontable que seguramente ninguna paritaria de 2024 podrá compensar. Más bien, se tratará de un ancla antiinflacionaria que se va llevar puesto al 80% de los docentes y las docentes en la provincia.
Por aquellos días Sáenz se despegó de la detención de 19 manifestantes, con la famosa excusa de que el ejecutivo no interfiere ni influye en las decisiones del poder judicial de la provincia. Como si la historia política de Salta no tuviera un largo árbol genealógico que vincula a varias generaciones de políticos y jueces, fiscales y demás funcionarios de la justicia entre sí, por negocios, familia o ambas.
El respeto por la independencia de los poderes y la pulcritud del poder judicial, legislativo y ejecutivo no deberían ponerse en duda para el señor gobernador. Cada uno desde su lugar cumple y funciona correctamente para su percepción. La policía por su parte también se desempeña de manera impecable y contiene las protestas docentes con respeto y tacto.
Las clases en riesgo
Cómo la tradición ultra ortodoxa lo demanda, hace falta mirar cómo manejan las paritarias docentes los países que el ejecutivo nacional tanto admira e imita. En Estados Unidos, las negociaciones salariales y condiciones laborales con los docentes suelen llevarse a cabo a nivel local y estatal, allá el sistema educativo es descentralizado. Algo parecido a lo que intentó Mauricio Macri entre 2017 y 2019 en nuestro país quitando la paritaria nacional.
Las negociaciones colectivas en EEUU entre los sindicatos docentes, las juntas escolares y autoridades ejecutivas locales abordan varios temas, salarios, beneficios, horas de trabajo, evaluaciones laborales y otros aspectos relacionados con las condiciones de empleo. Pero no hay registro de recortes del tenor que está llevando a cabo el ejecutivo nacional.
A pocos días del inicio lectivo 2024 las provincias están llenas de incertidumbres y vacías de presupuesto. Se anunció como una victoria que no hay plata para el incentivo docente y otros ítems que solía cubrir Nación ayudando a todas las provincias. En cambio hay una palanca de negociación implícita en estas medidas de recorte, que tiene todo que ver con el distanciamiento del ejecutivo provincial del nacional, a pesar de haber imitado sus propuestas desde diciembre.
Nada es casual en la política Argentina de la era Milei. Luego del fracaso legislativo de la Ley Ómnibus, la arremetida contra las provincias viene a constituirse como un pase de factura por faltar a los “acuerdos tácitos” entre los gobernadores, los diputados y el ejecutivo nacional. No es casual que luego del naufragio Salta fuera apuntada como traidora, a pesar de haber aportado los votos de los ex diputados opositores Outes, Vega y Caletti, dos de ellos votados como representantes de Unión por la Patria y la última como candidata impuesto en el extinto Frente de Todos.