El diputado nacional por Chaco, Hugo Maldonado, presentó un proyecto de ley que propone establecer un precio único para los combustibles. Una medida así favorecería al NOA en general y los salteños en particular que hoy pagan más que los habitantes de centro del país.

La noticia salió publicada en el portal Región Norte Grande que precisa que el proyecto tiene como premisa establecer un precio único de las naftas y el gasoil en todo el territorio nacional. Para zanjar las asimetrías provocadas por los mayores costos de distribución, propone prorratearlos entre los consumidores además de sancionar modificaciones en las alícuotas aplicadas por la Ley 23966 sobre Impuesto a los Combustibles, de manera diferenciada en seis regiones del país, teniendo en cuenta las distancias desde las refinerías y centros de almacenamiento y despacho: Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Patagónica: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego; Pampeana: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa; Cuyo: San Juan, San Luis y Mendoza; Noroeste: Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Catamarca, y Santiago del Estero; y Noreste: Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y norte de Santa Fe.

Maldonado asigna al Poder Ejecutivo la facultad de establecer los sistemas de control necesarios de modo de garantizar el suministro sin distorsiones. Para lograrlo, “podrá intervenir en el proceso de formación del precio de los hidrocarburos líquidos y deberá implementar los sistemas de control necesarios para asegurar el abastecimiento de combustibles a los precios establecidos”.

La propuesta se enfoca también en las relaciones comerciales que vinculan a las estaciones de servicio y las petroleras. En ese sentido, el legislador exige un registro de los contratos suscriptos entre operadores al por mayor y al por menor “a efectos de verificar si los mismos contienen cláusulas que de algún modo perjudiquen la libre concurrencia de las partes, o impidan, limiten o restrinjan la libre competencia”. Asimismo, el Proyecto prohíbe los actos o conductas empresarias que tengan relación con la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, tendientes a limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en el mercado.

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