La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, pasó esta semana por Salta y nuevamente emitió declaraciones rayanas a lo delirante. Dijo que en la “Argentina no hay carteles” de narcotráfico. (F.H.)
Esta semana desembarcó en Salta la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. No fue para resolver el conflicto de los bagayeros, con quienes se negó a dialogar delegando en funcionarios de segunda línea y otros ministros la resolución del asunto. Estuvo el miércoles por la tarde-noche en el cierre de la III Jornada de Cooperación Internacional entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público, realizada en el Centro de Convenciones de Limache.
En ese marco, la errante ministra volvió a la carga con declaraciones un tanto polémicas sobre la situación del narcotráfico en el país. Según consigna un matutino local en su edición de ayer, Bullrich expresó que “en la Argentina no hay carteles, lo que hay son familias, clanes o grupos, no les diría carteles como los que están en Brasil, que no los vamos a dejar entrar”. Las cantidades de drogas incautadas, en evidente aumento en relación a una década atrás, desmiente parcialmente ese diagnóstico. Ello sin nombrar las varias causas por tráfico de estupefacientes que en los últimos tiempos han tenido como protagonistas a trabajadores de la Justicia y miembros de las fuerzas de seguridad.
A su favor, la ministra acierta al comparar la situación nacional con la de países como Brasil, donde, al igual que en México, el crimen organizado ha montado una estructura tan nutrida que hasta cuenta con guarniciones armadas propias. Suele decirse que en esos casos el narcotráfico representa un poder para-estatal con igual o más capacidad de maniobra que los gobiernos. Cabe preguntarse, en ese contexto, si la criminalidad compleja en Argentina directamente no cooptó al Estado en vez de ocuparse por urdir uno paralelo.
Los ejemplos abundan aunque basta revisar los hechos de agenda para robustecer esa hipótesis. Por estos días, sólo en Salta -también podrían traerse a colación hechos en Santa Fe, o lo sucedido en Itatí, Corrientes-, hay un ex juez federal, Raúl Reynoso, en prisión preventiva señalado como el líder de una banda ilícita que operaba en la Justicia cobrando dádivas para beneficiar a narcotraficantes, y un ex gendarme, Emiliano Guillermo Mondaca, imputado como cabeza de una presunta banda criminal que transportaba cargamentos de cocaína.
Por si ello no fuera prueba suficiente para considerar que la cartelización argentina es adentro del Estado, no para-estatal como sucede en México y Brasil, hay que decir que ambas causas (la de auxiliares de la Justicia Federal, incluido un juez, y la de presuntos narco-gendarmes, pretendidos custodios de la frontera por donde ingresa droga al país), están conectadas entre sí. Ello es evidencia firme de cómo se entraman relaciones en redor de la distribución de droga, los funcionarios del poder estatal, con intereses propios y compartidos en el negocio, operan mancomunadamente, de forma organizada.
En el juicio a los narco-gendarmes que transcurre en estas semanas, hay nueve imputados, Mondaca apuntado como líder de la banda. Uno de los sospechados, también miembro de la fuerza fronteriza, Roberto Julián Gamarra, se encuentra prófugo desde que junto a su par y la hermana de aquel, Rosana Mondaca, fueran hallados en junio de 2011, en Aguaray, transportando casi una tonelada de cocaína (poco más de 966 kilos). Entre los imputados también están Pablo Ramón Vera y Alejo Durán, dueños de la firma de venta de automóviles que aportó el vehículo donde los hermanos Mondaca y Gamarra fueron encontrados con la enorme cantidad de sustancia prohibida. En 2013, Reynoso absolvió parcialmente a Vera y Durán, a quienes se los acusa de haber pagado la gentileza con un terreno que ronda las 700 hectáreas. El abogado que los defendía, y aún los patrocina, es René Gómez, imputado en la causa por la que Reynoso está preso (virtualmente, parte de la banda que habría liderado el ex magistrado). Gómez defiende a todos los imputados de la causa Mondaca salvo a Emiliano.
Cipayos en todo
Hace algunas semanas, el sociólogo y extitular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín, dialogó con un programa radial salteño y tuvo contundentes apreciaciones sobre la situación actual del crimen organizado. Sobre Reynoso, verbigracia, dijo sin titubeos que “era un hombre de la DEA (Drug Enforcement Administration)”.
Saín rememoró que en años anteriores, durante los gobiernos kirchneristas, no había una política anti-imperialista para combatir al crimen complejo, se trabajaba articuladamente con algunos agentes de la DEA aunque sin dejarse imponer una estrategia de acción. Según el ex militante de Nuevo Encuentro, en la actualidad los que manejan las políticas de seguridad a nivel nacional trabajan para la DEA.
La DEA, pensándola con buena fe, tiene una política global para “combatir” las drogas y atacar a los grandes carteles de distribución. Saín explicó que la organización norteamericana, igual que otras instituciones de gobierno y poder de la potencia anglosajona, despliega una estrategia de persecución imperialista. El precepto es infiltrarse en las asociaciones de narcos en el rubro cocaína, para lo cual utilizan a los países periféricos que se prestan para que dejen actuar en sus territorios a los carteles. Dejándolos actuar, los conocen e infiltran. Saín sugiere que eso es precisamente lo que está haciendo el Gobierno actual, sometido a las imposiciones de la DEA.
“Si revisás todos los decomisos de droga que se han venido haciendo en los últimos meses y sumas qué sustancia es la que menos se incautó te das cuenta que están dejando actuar a los distribuidores de cocaína, línea que la DEA viene intentando bajar en el país desde los tiempos en que nosotros estábamos al frente de la seguridad”, enfatizó el sociólogo.