El Procurador General, Pablo López Viñals, firmó un convenio con los apoderados de Juan José y Daniel Darío Karlen, propietarios de 12.000 hectáreas desmontadas ilegalmente. Si lo empresarios cumplen, zafaran del pago de $171 millones. (G.T.)
“Este convenio permitió abrir un proceso de negociación sobre los términos de la restauración y reconversión productiva de la finca. Para ello inmediatamente después de firmado el acuerdo la fiscal interviniente, Griselda Nieto, pidió la suspensión de los plazos lo que implica frenar la causa que se tramita en el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Tartagal a cargo interinamente de la jueza Claudia Yance” informaron desde la oficina de prensa del Poder Judicial.
Y recordaron que “la jueza tramita con la modalidad de proceso colectivo una causa contra los propietarios de ambos lotes donde el Ministerio Público Fiscal había pedido que se condene los empresarios Karlen a pagar más de $171 millones para reparar el daño ambiental producido por el desmonte de las casi 12 mil hectáreas de la finca”. Esas hectáreas están identificadas con las matriculas 30.746 y 30.747.
“Hasta el 25 de julio se podrá arribar a un acuerdo sobre la forma en la que los mismos propietarios llevarán adelante la recuperación de la naturaleza. Y si no lo hicieran hasta ese momento el proceso será declarado concluido y fracasado, prosiguiéndose con el trámite hasta condenar a los propietarios a afrontar económicamente la recuperación en los términos de lo solicitado por el Ministerio Público y estimado por los peritos intervinientes”, anticiparon a Cuarto Poder los voceros del Poder Judicial.
