Pasó un año de gobierno, nacional, provincial y municipal, pero un año atípico para el mundo entero. Mas de un dirigente político debe haber pensado «¿Por qué a mí?», «Justo cuando me toca mí». y si… nadie eligió lo que nos tocó vivir.

Desde el espectro nacional, la vicepresidenta Cristina Fernández publicó una carta en la que hizo su balance de gestión. Por un lado, ponderó el esfuerzo realizado por el gobierno nacional para enfrentar “dos tragedias”, la pandemia del coronavirus y la «economía arrasada» que dejó Mauricio Macri.  Por el otro, apuntó contra el Poder Judicial, en general, pero sobre todo contra la Corte Suprema de Justicia, a las que acusó de «encabezar y dirigir el proceso de Lawfare» en la Argentina y de garantizar la impunidad de los exfuncionarios de Cambiemos.

«Representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación», el Poder Judicial «no hizo más que confirmar que desde allí se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y lo que es peor, aún continúa”, comenzó diciendo Cristina en el documento titulado «A un año… balance», publicado en sus redes.

«Y que a nadie se le ocurra tergiversar mis palabras con titulares diciendo que pretendemos una Justicia adicta», continuó y evocó que, en 2003, tras haber ganado con el 22 por ciento de los votos, el expresidente Néstor Kirchner denunció la extorsión de lo que se conocía como «la mayoría automática de la Corte menemista», que fue modificada en los meses posteriores en «un proceso virtuoso». «De aquella Corte, hoy no queda absolutamente nada», señaló.

Respecto al expresidente del máximo tribunal, recordó el vínculo que lo unía con el juez brasileño Sergio Moro, que sin pruebas metió preso al expresidente de Brasil, Ignacio Lula Da Silva, impidiéndole ser candidato a presidente y posibilitando la llegada al poder de Jair Bolsonaro, quien lo premió designándolo, en un escándalo sin precedentes, como su ministro de Justicia. También vinculado con Bonadío, a quien definió como «una aberración» y aseguró que «nunca rindió un examen para ser magistrado e integró la célebre lista de «los jueces de la servilleta». «Se autodefinía como un practicante del derecho penal creativo», agregó.

La vicepresidenta también le reprochó a la Corte haber «convalidado» el endeudamiento con el FMI durante la gestión de Cambiemos y remarcó que «a nadie debería extrañarle entonces, no sólo que el Lawfare siga en su apogeo, sino que, además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno».

A modo de conclusión, observó que el Poder Judicial es el único que «no va a elecciones» y que «tiene la palabra final sobre las decisiones» del Ejecutivo y del Legislativo. «Si además de todo eso, es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno, estaremos muy lejos de construir la República y la Nación que anhelamos la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas», expresó.

Desde el otro extremo de la fórmula, los albertistas decían “Es Cristina, no se puede esperar otra cosa”, al leer el posteó en sus redes sociales.

Entendiendo que no fue casualidad ni un descuido que obviara mencionar con nombre y apellido a Alberto Fernández, quien, desde su despacho del primer piso de la Casa Rosada, asume que la relación política con la vicepresidente tendrá la velocidad y los vaivenes de una montaña rusa.

Se trata de una cuestión de estilos. Alberto Fernández también cuestiona el funcionamiento de la Justicia, pero de una manera más diplomática. Es claro que el Presidente no hará nada que implique más tensión interna en la coalición oficialista, a pesar de no desconocer las maniobras cristinistas en el Senado. Enterró su nominación de Daniel Rafecas como Procurador General, empujó la ley de Procuración que no estaba en su agenda parlamentaria y transformó en un adefesio mutante a la Reforma Judicial que había prometido en la campaña electoral.

El posteo de Cristina en las redes sociales “no fija ninguna estrategia de acumulación de poder”, explicaban los albertistas. Alberto Fernández privilegiará su propia agenda política. No hay un plan de acción para cercar al kirchnerismo y ejecutar un programa de Gobierno “albertista”.

Es puro control de daños. Aunque desde otra óptica se pueda ver que Cristina no sólo soslayó al Jefe de Estado en su primer aniversario, condicionó los contactos que estaba haciendo con el poder real en la Corte Suprema y negó identidad a la coalición oficialista al no mencionar ni una vez al Frente de Todos en su carta-balance.

Quizás a Alberto Fernández le hubiera gustado una foto juntos, al primer año de mandato, pero no, eso no pasó.