La Argentina entra en 2026 con un frente judicial internacional que pesa tanto como sus obligaciones financieras: entre sentencias firmes, apelaciones en curso y reclamos que se reactivan, el país afronta demandas en Estados Unidos, Reino Unido y ante el CIADI que, en conjunto, suman miles de millones de dólares.
Algunos procesos ya agotaron instancias; otros están en momentos decisivos y podrían escalar en los próximos meses. El caso más voluminoso sigue siendo la expropiación de YPF: tras un fallo adverso en Nueva York que fijó una condena cercana a los US$16.100 millones, la Argentina apeló y el expediente entró en una etapa compleja.
La jueza a cargo dictó medidas para avanzar sobre activos y requerir comunicaciones oficiales, aunque recientemente suspendió temporalmente la investigación destinada a identificar bienes de la petrolera susceptibles de embargo. Mientras tanto, los beneficiarios del fallo presionan para cobrar y buscan demostrar que entidades como Aerolíneas Argentinas o el Banco Central actúan como “alter egos” del Estado para intentar embargar sus activos; además, siguen abiertas apelaciones relacionadas con la entrega de acciones y la producción de mensajes oficiales.
Otro capítulo relevante son los cupones atados al PBI: la versión en euros ya fue condenada en la Justicia británica y no admite más recursos, por lo que la Argentina debe negociar un pago cercano a US$1.800 millones tras ejecutarse parte de la garantía. En paralelo, por los cupones en dólares, demandantes preparan nuevas presentaciones en Estados Unidos tras un rechazo técnico del caso original.
El default de 2001 sigue vigente, fondos holdouts consiguieron embargar activos por alrededor de US$300 millones y mantienen reclamos adicionales sin que queden más recursos legales para el país. Otros demandantes, con fallos favorables, intentan ejecutar cobros sobre acciones y avanzar sobre entidades estatales.
La expropiación de Aerolíneas Argentinas constituye otro expediente sensible: la Argentina apeló una condena por cerca de US$390 millones, que convive con reclamos conexos, incluidos arbitrajes en el CIADI.
El CIADI concentra varios casos recientes y antiguos: el tribunal ordenó pagos significativos por la pesificación de contratos y el congelamiento de peajes, y el Gobierno estudia alternativas, incluida la posibilidad de impugnar esos laudos. Sumadas a viejas causas por deuda en default y disputas por concesiones, las demandas activas y apelables superan ampliamente los US$30.000 millones según cálculos privados citados en expedientes.
La Argentina apela para ganar tiempo y buscar negociaciones, mientras los acreedores endurecen tácticas para forzar pagos o embargos. Las resoluciones que se adopten durante 2026 tendrán impacto directo sobre las reservas, los activos estratégicos y la capacidad de financiamiento del Estado.
