Bajo el concepto de “ecotasa”, cada vez más municipios se vuelcan al cobro de impuestos al turismo, en línea con la exigencia del gobierno nacional para generar recursos propios. En Salta, en los últimos meses, tres municipios amagaron con imponer una tasa a los visitantes ocasionales, pero luego dieron marcha atrás. En el mundo, cobran fuerza los levantamientos contra la gentrificación y el aumento desmedido de los alquileres. ¿Qué está pasando y qué puede pasar en Salta?

Jerson De Cecco

Primero fue la ciudad de Salta, en diciembre del año pasado, con la creación de la tasa de servicios e infraestructura turística. Fue uno de los primeros proyectos aprobados por la actual composición del Concejo Deliberante y se convirtió en ordenanza tras haber obtenido el apoyo mayoritario de los ediles. Ya por estos días, la polémica giró en torno a la emblemática localidad de Iruya, cuyos representantes comunales aprobaron la ecotasa turística, que preveía desembolsos de $2000 y $4000 para visitantes argentinos y extranjeros respectivamente. Finalmente, el intendente de Cachi, Américo Liendro, deslizó en medios locales que la idea no le parecía nada descabellada en el contexto de crisis actual y reconoció que tiene el tema en carpeta. En todos los casos, el anuncio generó controversia y reacciones por parte de las cámaras empresarias del turismo, lo que motivó la marcha atrás de los municipios.

Meter mano en los códigos tributarios municipales poniendo el foco en el turismo no es un recurso novedoso en tiempos de crisis. Sin embargo, la creatividad impositiva aflora con especial ímpetu en un contexto en el que sobrevuela el mantra liberal “no hay plata”. Sólo en el primer mes del año las transferencias automáticas del gobierno nacional a las provincias cayeron un 11%, en tanto que las discrecionales se desplomaron 98%. El gobierno libertario advirtió por entonces que las administraciones provinciales y municipales debían llenar el agujero con recursos propios, lo que -en los hechos- no significaba otra cosa que trasladar el costo político de aumentar la presión tributaria a gobernadores e intendentes.

A las pocas ciudades turísticas del país que ya cobraban un canon a los visitantes extranjeros, como Bariloche (Río Negro) o Comodoro Rivadavia (Chubut), se sumaron varios municipios en los últimos meses. La fundamentación, siguiendo la normativa barilochense, sostiene que el Estado municipal debe acompañar este movimiento cultural y comercial mediante la “provisión y prestación de bienes y servicios públicos, como ser: transporte público, higiene y recolección de residuos, seguridad y control, inspección y verificación, etc”. Y sigue: “En virtud de la necesidad de no generar un deterioro en la prestación y provisión de servicios turísticos y de infraestructura turística es que se requiere la creación de ingresos públicos que se relacionen y que mejoren exclusivamente el sector turístico, con especial atención a la preservación y cuidado del medio ambiente que su crecimiento sostenido indefectiblemente altera”.

Primeros antecedentes

En Salta, el concepto de ecotasa turística ya resonaba en tiempos de pandemia, particularmente en la ciudad de Cafayate. En julio de 2020, el concejo deliberante de ese municipio aprobó por unanimidad una ordenanza para el cobro de un canon equivalente a 12 unidades tributarias que, por entonces, significaba $91 por turista.

Además, según el proyecto, quienes llegaran en auto a esa localidad del Valle Calchaquí debían pagar una tasa por el vehículo por el doble del valor (24 unidades tributarias) si el transporte es para más de 10 personas.

El impuesto también tendría razón en los gastos en salud pública, originados por la pandemia. Así, los visitantes en autos particulares deberían pagar doce unidades tributarias de $7,60. Es decir, $91.20, por persona. En caso de ser vehículos de más de 10 pasajeros, la tasa por vehículo alcanzaba los $182.40 por persona y para vehículos de más de 20 pasajeros estará fijada en 48 UT ($364.80 por entonces).

Por último, la ordenanza establecía que por razones prácticas, las empresas turísticas serían las que deberán recaudar en carácter de responsables sustitutos del tributo, recayendo en las mismas la obligación de tramitar la respectiva inscripción.

Otros municipios que no se caracterizan precisamente por sus atractivos turísticos, como Salvador Mazza y Aguas Blancas, apelaron a métodos más rústicos para hacerse de recursos. En el municipio del extremo norte del departamento Orán, el ingreso está vedado para todo vehículo no radicado en la comuna que no abone una tasa que denominan de “estacionamiento”. En Salvador Mazza, en tanto, se aprobó recientemente en el Concejo Deliberante un impuesto a los vehículos particulares que ingresan al municipio, como si de Disney se tratara. Esta tasa, que comenzó a aplicarse hace semanas, ha suscitado críticas por su falta de transparencia en el uso de los fondos recaudados.

Iruya, Cachi y Capital

En la capital salteña, la ordenanza aprobada por el cuerpo deliberativo alcanza a personas mayores de doce años que, en carácter de turistas, arriben a la ciudad y se alojen en establecimientos turísticos de cualquier tipo. Se define como la contraprestación que la Municipalidad exige a los turistas que pernoctan en la ciudad, cualquiera sea el tipo y categoría del establecimiento, por los servicios turísticos y de infraestructura, directos e indirectos, y aquellos potenciales que la Municipalidad presta en concepto de conservación patrimonial, mejoramiento y protección de los sitios y paseos turísticos. Además prevé la creación del Fondo Turístico Municipal que tendrá como objeto ser destinado a proyectos de mejoras, mantenimiento de la infraestructura turística, promoción y fomento del turismo.

La normativa, si bien se aprobó, quedó en suspenso y su aplicación fue postergada. Desde la comuna aseguraron que “no es momento” de implementarla, dado que el nivel del turismo ha bajado como producto de la crisis.

En Iruya, la ecotasa está incluida dentro del paquete de “Medidas para optimizar la experiencia turística en Iruya”. De acuerdo a la ordenanza 12/24, aprobada por el Concejo Deliberante el 24 de mayo último, cada visitante argentino pagará $2.000 y cada extranjero, $4.000. La misma ordenanza establece que la ecotasa estará “constituida por un monto fijo del valor del litro de nafta Infinia, que abonará cada turista en el pueblo de Iruya al ingresar al Municipio”. Además, la normativa incluye un cánon para el estacionamiento medido y para la utilización de sanitarios públicos que, hasta ahora, eran gratuitos. El gobierno de la provincia ordenó la marcha atrás de la medida luego de que la polémica se extendiera a los medios nacionales.

Finalmente, el municipio de Cachi, a través de su intendente, Américo Liendro, manifestó su intención de implementar una tasa impositiva para los turistas que elijan la localidad como lugar de visita. Si bien el proyecto aún no ingresó al Concejo Deliberante, es una medida que se evaluaría en todo el Valle Calchaquí.

El jefe comunal explicó que sería una tasa de conservación del medio ambiente. “Estamos estudiando pero todavía no llegó al Concejo, de todas formas sería mínimo porque tampoco queremos correr a los visitantes”, aseguró.

Un problema mundial

El decrecimiento turístico, que en estas tierras se presenta como una tragedia, se convirtió en una demanda férrea por parte de habitantes de ciudades vacacionales. Semanas atrás se hicieron virales las imágenes de ciudadanos europeos arrojando agua a turistas al grito de “Tourist, go home!” (¡Turistas, vuelvan a sus casas!). El argumento detrás de la intervención es que los costos de vida en ciudades con mucha afluencia turística se tornan inaccesibles por el encarecimiento de alquileres y servicios básicos. Salvando distancias, el fenómeno puede palparse en localidades salteñas como Cafayate o Cachi, donde un alojamiento tiene valores similares a los de la costa atlántica.

En la ciudad de Salta, las alertas ya están encendidas a raíz de la proliferación de los alquileres temporales. El alquiler por cuatro días de un departamento en calle Pueyrredón o en Tres Cerritos, equipara en valores a un alquiler mensual, además de que los propietarios se ahorran contratos e impuestos. Los primeros en advertirlo fueron, como era de esperarse, los empresarios hoteleros. Los que padecen las peores consecuencias son los miles de vecinos en busca de alquileres para vivienda.

Este fenómeno, allá por los 60’s, adquirió el nombre de “gentrificación” y la ciudad de Salta no está exenta del mismo. Un estudio del CONICET denominado “Regreso a la ciudad construida, renovación urbana y gentrificación: el caso de la ciudad de Salta”, advertía sobre esta realidad en 2017. “Siguiendo los supuestos de Iván Díaz Parra y Pablo Rabasco (2013) es posible sostener que hubo un proceso de regeneración turística o gentrificación, el cual se concibe como un fenómeno que genera cambios en la valorización del suelo y las viviendas, además cambios de estatus de sus habitantes (Diaz Parra, 2014: 25). Esto implicó un desplazamiento paulatino pero no expulsión violenta, de los inquilinos que vivían en el casco histórico y que fueron cediendo sus terrenos para la edificación de nuevos edificios dedicados a la administración pública, a la industria hotelera y en especial al comercio”.

En relación a otros espacio no céntricos de la ciudad, el estudio detalle: “La zona sur se dotó de más viviendas, restaurantes, supermercados de diferentes empresas, lo que fue influyendo en la renta urbana, generando el aumento en el valor del suelo, modificando la estructura económica y social de la zona y de la ciudad en general. Es así, que se fue transformando la imagen de la ciudad de Salta, como ´vitrina urbana? (Gravano, 2005: 84) abierta al público en general”.