La Justicia Federal rechazó su competencia para investigar la desaparición en el sur del país del salteño Daniel Solano. Sergio Heredia, abogado de la familia del joven, declaró: “Espero que la justicia de Rio Negro reaccione, se haga el juicio oral y público, y podamos condenar a estos siete asesinos (policías) que ahora usan uniforme”. (As)

A fines de diciembre del año pasado el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro avalaba lo resuelto por el juez de Instrucción de Choele Choel, Julio Martínez Vivot, en la causa del salteño Daniel Solano respecto de la incompetencia de la Justicia provincial para continuar con esta investigación y remitir las actuaciones al juzgado Federal de Roca.

Desde el juzgado penal Nº 30  de Choele Choel se había planteado que la carátula de la causa del joven tartagalense era “desaparición forzada de persona” por lo que debía entender en su resolución y juicio el Fuero Federal. Pero la respuesta fue clara: el juzgado federal a cargo de la magistrada subrogante Carolina Pandolfi definió que no tiene competencia en este caso.

“La causa la volverán a la provincia porque un juez federal no se hará cargo de semejante problema”, declaraba el letrado Sergio Heredia. “Esto es una maniobra de encubrimiento donde se protege al juez Martínez Vivot y al fiscal Guillermo Bodrato que están gravemente comprometidos” resaltó Heredia. Otro punto que se suma a la investigación en torno al caso, es que el abogado detalló que un testigo declaró que uno de los jefes de la empresa Agrocosecha, patrones de Solano, lo llamó y le dijo que tenía que vender cocaína para ellos en Macuba, el lugar donde se lo vio por última vez al joven salteño.

“Nosotros le pedimos que se inicie una causa por narcotráfico porque también explican cómo iban los colectivos que entraban a un galpón y distribuía la droga en Lamarque, por eso para mí la Justicia Federal va a volver la causa a la Justicia Provincial… No se van a hacer cargo de semejante problema” señalaba el abogado.

Y asi fue, ahora la causa completa vuelve al juzgado 30, donde se decidirá si se eleva a la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia judicial de la Argentina. La nueva definición de competencia podría demandar como mínimo un año más. Otro punto en juego será en qué situación quedan las personas acusadas, en este caso los siete policías. Lo que parece lógico ahora es que vuelvan a tener estado de procesados en la justicia provincial.

En el fallo se definió “rechazar la competencia atribuida por el Juzgado de Instrucción Nº 30 de Choele Choel en favor de este Juzgado Federal de General Roca, y en consecuencia devolver las actuaciones al juzgado de origen para invitarlo -en caso de no compartir los argumentos aquí sustentados- a trabar contienda negativa de competencia y a dirimir la cuestión ante el superior común, esto es, la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Está firmado por María Carolina Pandolfi, jueza federal subrogante.

Entre los argumentos principales que había planteado el fiscal federal Federico Moldes se encuentra “que la calificación de desaparición forzada de personas no resulta aplicable al caso, pues no se ve como posibilidad la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, en tanto la participación de agentes o funcionarios por sí sola «no conduce, inevitablemente, a pensar que actuaron bajo el permiso, directiva o protección del Estado”.

“Esta sentencia avergüenza al Superior Tribunal de Justicia y al propio Gobierno de Rio Negro y enaltece el trabajo y la lucha de quienes apoyamos esta causa y buscamos verdad y justicia. Espero que la justicia de Rio Negro reaccione, se haga el juicio oral y público, y podamos condenar a estos siete asesinos que ahora usan uniforme; espero que la justicia reaccione y ordene la búsqueda del cuerpo de Daniel en el jaguel del campo La Manuela; espero que el pueblo de Choele Choel reaccione y se dé cuenta de la mugre de justicia que tiene”, repudió el abogado salteño.