La última reunión del Consejo Federal de Defensores y Asesores de Incapaces de la República Argentina decidió plantear un amparo por los presos de la Alcaidía local. El encuentro se realizó este jueves en las oficinas de la Defensoría General de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En representación de Salta asistieron, la Defensora general de la Provincia, María Inés Diez y la asesora general de Incapaces de Salta, Mirta Lapad.
Desde Salta, se compartió la presentación de un hábeas corpus colectivo y correctivo, presentado oportunamente por la Defensoría en el que se solicita el cese del agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención de todas las personas alojadas en la Alcaldía General de la Provincia. Por parte de Buenos Aires se analizó la problemática de hacinamiento en centros de detención de todo el país y la utilización de tobilleras electrónicas como medida sustitutiva.
En Salta, los alojados en la Alcaldía, privados de su libertad, se encuentran hacinados, en un ambiente insalubre, sin elementos adecuados para descansar y abrigarse, con mala alimentación y escasa atención médica, lo que afecta su integridad psico-física, su dignidad y su seguridad, tanto como la del personal penitenciario.
Un asunto más
Otro tema de análisis fue la utilización de tobilleras electrónicas como dispositivo de seguridad frente a la posibilidad de otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria. Ya que presenta complicaciones como la obligatoriedad de que algún familiar disponga de espacio para alojar a quien se encuentra en conflicto con la ley penal para poder viabilizar esta metodología.
También se analizó la situación de la provincia en cuanto a la implementación del Órgano de Revisión de Salud Mental. En este sentido, la Cámara de Diputados de Salta dio media sanción a un proyecto de ley para crear el Órgano de Revisión y Promoción de los Derechos Humanos en Salud Mental en el ámbito de la Asesoría General de Incapaces, basándose en la Ley Nacional 26657. La iniciativa establece que el organismo tendrá intervención en “todos los servicios y establecimientos de salud, públicos y privados o del tercer sector, cualquiera sea su forma jurídica o de gestión, que se encuentren en el territorio de la provincia de Salta”.
En esta misma dirección, se especificó que el órgano tendrá la función de monitorear periódicamente la inserción social de personas y las condiciones de internación por razones de salud mental. Evaluar que toda internación involuntaria se encuentre debidamente justificada y requerir información y/o documentación a las instituciones que permita evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos.