Tras salir a la luz que podría estar involucrado en el robo y contrabando de rieles a Bolivia, el intendente de Morillo, Atta Gerala, suma una causa más a su abultado prontuario. Un cuarto de siglo en el poder y varias explicaciones pendientes en la justicia.
Está al frente de una de las localidades más pobres del país y es uno de los jefes comunales más ausentes en la gestión. Está atornillado al poder hace casi 30 años, de los cuales ejerció el cargo en 25 de ellos. Su extensa trayectoria en la administración del municipio asentado en el corazón del chaco salteño estuvo y está repleta de roces con la justicia.
El pasado jueves, la justicia federal ordenó por pedido del fiscal Eduard Villalba una serie de allanamientos en inmuebles del norte provincial. Entre ellos estaba el domicilio de Atta Miguel Gerala, intendente de Rivadavia Banda Norte, conocida popularmente como Morillo.
De acuerdo a las primeras hipótesis, Gerala sería el principal sospechoso de integrar una organización cuyo “brazo ejecutor” eran hombres de comunidades indígenas de la zona que cortaban y extraían los rieles que luego eran enviados al Estado Plurinacional de Bolivia, donde eran reducidos.
Durante los procedimientos se detuvo a dos personas, una de ellas es Miguel Gerala, hijo del jefe comunal. Además, se secuestraron alrededor de 152 rieles y dinero en efectivo que se encontraba en una de las viviendas allanadas. Los operativos fueron ordenados por el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya.
A pesar de lo estruendoso del caso, el nuevo escándalo judicial que tiene como protagonista a Gerala es apenas un capítulo más en la extensa carrera político-delincuencial del patrón de Morillo.
De profesión, casta
Atta Gerala asumió por primera vez la intendencia durante la última dictadura militar. En 1995, de la mano de Juan Carlos Romero, reasumió y estuvo 16 años más al frente de la intendencia y en 2011 se convirtió en diputado provincial.
En 2015 volvió a Morillo en la lista del FreJuReVi, enfrentando a Carabajal y ganándole por sólo 29 votos. Ambos llevaban a Urtubey como candidato a gobernador. En el prontuario de Atta abundan las denuncias sobre trabajo esclavo hacia comunidades indígenas en sus fincas y por malversación de fondos públicos. Su hermano, el empresario de Orán Mario Gerala, es propietario de las fincas conocidas como Abra Grande y Abra Chica, en donde se realizan desmontes de yungas que autorizó el exgobernador Juan Manuel Urtubey. También es pública la relación entre la soja que comercializa y el narcotráfico, y las denuncias por trabajo infantil.
Uno de sus más recientes escándalos tuvo lugar el año pasado a escasos días de la elección provincial que lo ungió nuevamente como jefe comunal. En una recorrida de campaña en comunidades originarias de la zona, fue filmado mientras advertía a los pobladores “Si no me ayudan a mí, chau viviendas”. Y luego agregó: “Ustedes pueden votar a cualquiera de los concejales, pero deben votar por Atta”.
También en mayo del año pasado se conoció que Gerala pagó la fianza de Juan Farías, un hombre que se encontraba preso por abusar de una menor de 13 años en septiembre del 2022. Farías resultó ser tío de la esposa de Atta y padre de policías de Morillo. Yamila González, madre de la menor, declaró por entonces: “Atta Gerala dio la plata para que se pague la fianza. La señora Gabina lo pidió, como estamos en tiempo de elecciones. Estamos cansados de que en nuestro pueblo tapen todo. No es la única violación que taparon, también lo hicieron con una niña wichí”. Y añadió: “todos los abusos que pasan en el pueblo los tapa Atta Gerala”.
En marzo de 2018, un obrero que trabajaba en la vivienda de Gerala cayó al vacío y perdió la vida luego de agonizar varios minutos. Lucía Alejandra Ruiz, viuda de Eliseo González, apuntó contra el intendente por no proveer medidas elementales de seguridad a sus trabajadores. En la denuncia indicaron que desconocen cómo se le encargó realizar ese trabajo “sin haber adoptado las mínimas medidas de seguridad que ellos requerían como arnés, casco”, por lo que entendieron que “existió un obrar negligente del dueño y del director de la obra que tuvo como resultado la muerte”. El caso, al igual que tantos otros, quedó sumido en la total impunidad.
Tampoco se ahorró conflictos con otros representantes del departamento Rivadavia, como Jesús “Rana” Villa. En 2017 salió a la luz un video en el que Gerala pide expresamente matar al por entonces diputado provincial para ganar las elecciones legislativas. Fue la víctima de la amenaza quien reveló que algunos años atrás ya había sido centro de un intento de homicidio por parte del intendente.
Según contó, el episodio sucedió en la Legislatura Provincial cuando él estaba por bajar las escaleras, y antes de iniciar el descenso fue interrumpido su paso por Gerala, quien tras pararse frente a su persona e insultarlo, lo empujó hacia abajo. Afortunadamente, Villa logró sujetarse de las barandas, y escapar de ese lugar para luego realizar la denuncia policial que finalmente quedó en la nada.
¿100 años de perdón?
En 2021, los medios locales reflejaron un hecho policial que, esta vez, tuvo a Gerala como presunta víctima. Según la denuncia radicada en la Comisaría 44, 3 personas seriamente armadas, ingresaron a la casa del jefe comunal y, a punta de cañón, forzaron los portones para escapar con una camioneta Toyota y 16 millones de pesos en efectivo.
Tras el atraco, los delincuentes huyeron por Ruta 81 hacia el norte, expresó un tal Elías Cruz, quien oficiaba como sereno de la vivienda del alcalde norteño. Según el relato de éste, los malvivientes amenazaron con las armas de fuego a él, al intendente y a su esposa, Carolina Frías, quien también se encontraba en el lugar. Al parecer, en medio del incidente Gerala recibió golpes por parte de los asaltantes, por lo que tuvo que ser asistido por personal de salud.
Tras una intensa investigación -que esta vez sí se hizo con celeridad- se recuperaron 3 de los 16 palos sustraídos. La incógnita que surgió inmediatamente fue cómo se había hecho de semejante fortuna el alcalde cuando, por entonces, su sueldo era de 63 mil pesos.
En 2016, fue procesado por el delito de peculado, luego de una denuncia presentada en 2011 por su competidora Marcela Carabajal. El proceso judicial avanzó y, en 2019, la causa fue elevada a juicio en la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal.
El peculado, definido como la apropiación indebida de recursos públicos por parte de un funcionario, fue un punto clave en la carrera judicial de Gerala. En su defensa, argumentó en 2012 que las acusaciones respondían a motivaciones políticas. A pesar de estos cuestionamientos, logró retomar la intendencia en 2015 tras una ajustada victoria electoral por solo 30 votos.
Por entonces, también se barajó la posibilidad de su destitución, seguida de la intervención del municipio de Morillo. Cualquier similitud con el presente es pura coincidencia.
