Julia Tamara Toyos, candidata al Consejo de la Magistratura de la Nación, llegó con una revelación que promete sacudir los cimientos del sistema judicial: “Necesitamos jueces honestos, probos, imparciales e independientes”. A la altura de otros grandes descubrimientos de la humanidad, la abogada salteña acaba de advertir que la Justicia funciona mejor cuando quienes la integran son honestos y no responden a intereses ajenos. La propuesta es tan novedosa que cuesta creer que a nadie se le haya ocurrido antes. Quizás, con un poco más de tiempo de campaña, también descubra que el agua moja y que los expedientes no se resuelven solos.
Hay, sin embargo, una alternativa menos tranquilizadora: que Toyos no esté descubriendo nada, sino describiendo una realidad que conoce de primera mano. Si tiene información concreta sobre jueces deshonestos, parciales o dependientes de algún poder, sería interesante que precisara de qué habla y presentara las denuncias correspondientes. Porque una cosa es reclamar transparencia en abstracto, una consigna que difícilmente genere enemigos, y otra muy distinta es señalar las irregularidades que impiden que la Justicia funcione como debería. Por ahora, la candidata no aporta nombres ni casos que permitan saber si detrás de su declaración hay algo más que una colección de buenos deseos.
Toyos también reclama rendición de cuentas, gestión y respeto por los plazos procesales. Nada que objetar: incluso recuerda que hay jubilados que esperan tres años por sentencias que deberían dictarse en 60 días. El problema es que la Justicia no necesita una candidata que le explique al público las virtudes de la honestidad, sino representantes capaces de identificar los mecanismos que la deterioran y proponer cómo corregirlos. El 20 de octubre, los abogados tendrán que elegir a sus representantes. Mientras tanto, queda una duda elemental: ¿Toyos está denunciando lo que sabe o simplemente está descubriendo la pólvora?
