A pesar del recorte presupuestario a las universidades y de la suba de los servicios públicos que afecta cualquier economía, el exrector de la UNSa, Víctor Claros, rechazó un millón de pesos para obras en los IEM de Capital y Tartagal. (Franco Hessling)
Mientras las universidades nacionales argentinas sufren una situación de estrechamiento económico, como estocada final de su paso por el rectorado de la Universidad Nacional de Salta, Víctor Hugo Claros firmó una resolución rectoral que estipula la devolución de más 305 mil pesos para obras y la cancelación del envío de otros 700 mil que se girarían una vez que esas construcciones se iniciaran.
El $1.018.000 del que prescindió el contador provenía de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y estaba destinado a reformas edilicias en los Institutos de Educación Media (IEM), tanto de Salta capital como de Tartagal. Se trataba de obras apuntadas a optimizar las condiciones de accesibilidad para personas con alguna discapacidad motora o dificultad para el traslado.
Según consta en el Convenio-Programa que firmaron el 9 de diciembre de 2013 la UNSa y la SPU, se destinarían 423 mil pesos para el IEM del norte provincial y otros 595 mil para su homólogo de la ciudad capitalina, apostado en el sector noreste del campus Castañares. Si bien no se expresa el detalle de las obras, sí se especifica que todas debían estar destinadas a hacer más accesible la infraestructura de los establecimientos.
El Convenio-Programa 76/14 celebrado entre la universidad y la dependencia nacional a fines de 2013 fue convalido a nivel doméstico mediante la resolución 289/14 del rectorado, por entonces en los albores del segundo mandato de Víctor Claros, justo después de la toma del edificio central en su contra, que se desplegó en repudio a la suspensión de concursos docentes en la Facultad de Humanidades, solitaria opositora a su gestión.
Después de ese hecho, que data de octubre de 2013, ante un clima de malestar generalizado, el ahora decano de Ciencias Económicas se beneficiaba con la llegada de fondos para obras en los IEM. Precisamente las construcciones fueron uno de los sellos que Claros quiso imprimirle a su paso por el rectorado: cortó la cinta de obras que gestionó su antecesora, Stella Pérez de Bianchi, conocidas como las aulas norte, hizo lo propio con pavimentaciones de calles internas, se hizo construir un despacho con baño privado y vestidor en el edificio central, se vanaglorió erigiendo un portal que emperifolle el ingreso a pie a la universidad, colocó precarios techos en los caminos para transeúntes y replicó su despacho rectoral en su actual oficina de decano de Ciencias Económicas -baño privado y vestidor-. Esto último, en complicidad con el actual rector y ex decano de Económicas, Antonio Fernández Fernández.
Sin embargo, esa ansia por inaugurar obras no se hizo extensiva a las reformas atenientes a mejorar la vida académica de las personas con alguna discapacidad motora. Como nunca se concretaron, quizá porque emprender esas acciones no hubiera tenido mucho rédito electoral ni era una mejora a la comodidad propia del excanillita Claros, cinco días antes de abandonar el rectorado decidió suspender el Convenio-Programa 76/14. ¿Una nueva muestra de arrogancia personalista? La decisión sólo se explica si se fantasea con que Claros pensó: “Si no lo inauguro yo, no lo inaugura nadie”.
Cuarto Poder intentó infructuosamente dialogar con el actual rector, el contador Fernández Fernández, quien fuera protegido de Claros, para consultarle si no detecta un acto de egoísmo político en esta decisión de su colega. Fernández Fernández no respondió, se sospecha que por temor a las represalias de Claros, quien mantiene atemorizado al incipiente rector.
Yo o nadie
El 6 de mayo último, sólo cinco días antes de abandonar su cargo como rector, se dispuso la resolución rectoral 447/16 que en su artículo primero ordena “rescindir el convenio Nº76/14 suscripto entre la Secretaría de Políticas Universitarias y la Universidad Nacional de Salta, aprobado por resolución rectoral 289/14”.
En el acápite subsiguiente de la resolución de mayo último, se estipula “autorizar a la Dirección General de Tesorería General a proceder a materializar la devolución, según las especificaciones de la Secretaría de Políticas Universitarias”. En el último de los considerandos se precisa que “corresponde la devolución del importe de $305.400 que la SPU había depositado como anticipo de obras”.
Con esta última afirmación se constata que incluso llegó la primera cuota del más de un millón que la SPU acordó con la UNSa y aun así no se puso ni un ladrillo. Los claristas, los de ayer y los que ahora gobiernan con Fernández Fernández, no podrán argüir que las obras se suspendieron por falta de recursos, un argumento que suele usarse en la política actual. Más de 300 mil pesos se giraron a las arcas de la universidad y, sin embargo, no se ejecutó tarea alguna.
Además de ser llamativo que la UNSa jamás haya hecho las inversiones correspondientes para alcanzar mayor inclusión a nivel arquitectónico, no deja de ser curioso que en vez de intentar actualizar las bases del convenio con la SPU, el rector saliente haya optado directamente por devolver los fondos. Conforme al Convenio-Programa, la Universidad no corría ningún peligro de verse perjudicada por la demora en las obras, no debía pagar intereses ni se resentían los vínculos con la SPU.
Rechazo al millón
En términos reales, la hacienda de la casa de altos estudios salteña solamente devolverá poco más de 305 mil pesos a la SPU. De todos modos, como ya se ha dicho, la decisión de Claros a poco de dejar su cargo significa el rechazo de más de un millón de pesos que servirían para mejorar las condiciones edilicias de los IEM.
¿Por qué, entonces, sólo hay que devolver 305 mil? Porque según el Convenio-Programa entre la SPU y la UNSa los fondos se irían derivando por partes, a medida que se verifique la marcha de las obras. En primer lugar, la SPU se comprometía a mandar el 30% del total, que son esos 305 mil; una vez chequeado el avance de obra del 20% se enviaría otro 30% más, mientras que el último 40% sería depositado una vez que se complete el 60% de las tareas. Como la UNSa no ejecutó ninguna obra en los IEM, la SPU nunca depositó el resto de las cuotas.
El IEM de Salta capital acaba de elegir nuevas autoridades, quienes asumirán el próximo 13 de junio. Este semanario le preguntó al vicedirector electo, Sergio Grabosky, cómo afectan estas decisiones al desarrollo de la institución. Manifestó que la decisión del rector no tiene nada que ver con las necesidades de los establecimientos y que en el contexto actual será muy complicado recibir ese tipo de aportes desde la Nación.
“Cuando en la SPU tuvo una política sostenida de acompañamiento a las universidades, desde un gobierno nacional comprometido con la educación superior pública, no podía dejarse sin aprovechamiento hasta el último recurso disponible o gestionado. Ahora, con este nuevo gobierno en el que las políticas públicas se disminuyen a su mínima expresión, será muy difícil agregar un ladrillo al edificio físico y simbólico de nuestra universidad”, remató Grabosky.
Escenario de ajuste
La política económica que se implementa desde el Ejecutivo Nacional suscita un cuadro de achicamiento del Estado, desaceleración del consumo, merma de la inflación y aumento de los servicios básicos. En ese marco, las universidades se ven afectadas de manera general -por cuestiones como la suba de los servicios públicos- tanto como de forma particular, debido a la reducción presupuestaria para las casas de altos estudios.
La decisión administrativa 519/2016 de la presidencia de la Nación determina recortar 97 millones de pesos a las universidades nacionales, también otros 88,7 millones a instituciones sociales y culturales sin fines de lucro y 7,5 a empresas privadas -aunque no se apunta a cuáles ni bajo qué criterios.
No hay que ser contador para darse cuenta que es un contexto en que cada centavo vale una fortuna. Mas ésta no fue la lógica que impulsó a que Claros tome la decisión de rechazar un millón para obras edilicias.
