El norte provincial se prepara para otro verano sin agua y las soluciones definitivas parecen tan lejanas como ayer. La empresa Aguas del Norte, con Ignacio Jarsún al mando, sólo lleva promesas a los habitantes de San Martín y en los hogares son más las horas del día en las que falta el líquido vital. ¿Y las inversiones?

Nicolás Bignante

 

La afirmación de que en Tartagal no hay agua podría enmarcarse en la realidad de las últimas 3 décadas en el norte provincial. Las primeras manifestaciones populares y cortes de ruta por este motivo datan de mediados de los noventa y la problemática persiste hasta estos días. Sin embargo, la situación ha empeorado en los últimos años como producto de la saturación del dique Itiyuro, pero también por la desidia y el abandono del Estado.

Desde hace más de una semana rige una advertencia del gobierno provincial: por la bajante del río Caraparí se redujo la capacidad de procesamiento de agua, por lo que se mantendrán turnos para la provisión domiciliaria. El escaso líquido que llega a los hogares debe usarse solo para uso sanitario, no para consumo.

Para los tartagalenses, el aviso estatal no es más que una indicación sobre lo obvio. En lugar de agua saliendo de sus canillas, los habitantes del norte ven pasar los populares camiones aguateros o “chulengos” que remiten a postales del siglo pasado. La empresa de Agua y Saneamiento a cargo de Ignacio Jarsún brilla por su ausencia y argumenta que el faltante se debe a un número considerable de pérdidas. Las obras de infraestructura para garantizar la correcta provisión del servicio debieron finalizar hace más de una década con el mentado Fondo de Reparación Histórica, pero todo salteño sabe cómo terminó aquella experiencia.

El agua como derecho humano

Juan Domingo Javier, es militante de DDHH y participó de las primeras manifestaciones por el agua en Tartagal, donde estuvo exiliado 30 años. En diálogo con Cuarto Poder ahondó sobre lo que, considera, son los principales motivos de la falta de agua en el norte: la necesidad de un nuevo dique y la resistencia del poder central para impulsar al departamento San Martín como productor de manufacturas.

“Hablar del agua es hablar de Derechos Humanos, porque el agua es vital para la subsistencia de la gente. A eso hay que agregarle que una empresa subsidiaria de petróleo que se lleva casi el 50% de lo producido, un 25% pincha las cañerías para regar sus fincas y el otro 25% llega a Tartagal y Mosconi pero apenas. Eso no se soluciona haciendo pozos, es un verso”, sostiene Javier.

“Hoy en Mosconi no hay agua y hacen 50 grados de calor, entonces hay que salir con baldes a cargar agua y eso es muy denigrante para los vecinos. El agua es una cuestión de higiene y de vida. Ellos (por Aguas del Norte) te van a decir que hay un caño roto por allá y que por eso no pueden abastecer de agua a Tartagal y Mosconi, pero es mentira. Su negocio es recaudar y no invertir. El agua, que es un derecho humano, debería estar en manos del estado y no en las manos de cuatro vivos que agarran la recaudación y se la llevan para invertir en otro lado”, añade.

En relación al papel de los legisladores y representantes salteños en el congreso y en el estado provincial, Javier fue categórico: “El departamento San Martín tuvo un vicegobernador como Andrés Zottos que tuvo la oportunidad histórica de gestionar ante Nación los fondos para hacer un dique nuevo y no lo hicieron. ¿Cómo es posible que el gobierno esté al tanto de todo y no mueva un dedo para solucionar el problema?”.

Que San Martín no crezca

Una de las hipótesis de Javier sobre la dilación de la solución real al problema del agua, tiene que ver con la resistencia de otros departamentos productores que gozarían del amparo del poder. Para Javier, a departamentos como Rosario de la Frontera o Metán no les convendría competir en el plano productivo con San Martín y, por tanto, el poder central puja para que la escasez de agua no se solucione.

“Conversando con mucha gente, una vez me dieron a entender que si se solucionaba de forma definitiva el problema del agua en el departamento San Martín, se iba a convertir en un departamento productor para manufacturar productos de la zona. Ellos me decían que tanto a Rosario de la Frontera como a Metán y otros departamentos productores no les caía nada bien eso. Sostengo la idea de que solucionar el problema del agua es algo que se está frenando porque no le conviene al poder económico central”, aclara.

“El gobierno sólo mira si es Cafayate, si es Rosario de la Frontera, si son los tabacaleros, pero nunca miran para el norte. Siempre veo en los diarios que anuncian millones de pesos para rutas que van a Cafayate, pero en el norte no invierten un peso; sin embargo en el norte está la riqueza, porque tiene el petróleo. A la coparticipación la gastan para desarrollarse ellos, pero el departamento sigue en crisis”, agrega.

¿La solución?

El rol de la empresa Aguas del Norte fue calificada por Javier como “Deplorable”. Sin embargo, la solución estructural -según entiende- podría concretarse con la construcción de un nuevo dique. Actualmente, el embalse Itiyuro carece de agua y no logra abastecer a la comunidad tal como ocurría hace algunos años.

“El dique está obsoleto, no sirve más. Ya no tiene espejo de agua como solía tener. Hoy el espejo de agua es de 15 centímetros y hay veces que ni agua tiene. Nunca se abrieron las compuertas, entonces empezó a bajar sedimento y desapareció el agua. La provincia gastó muchoa plata, pero nunca hubo una solución”, aportó Javier.

En el año 2011, a través del Fondo de Reparación Histórica, se presupuestaron $23 millones para una serie de obras vinculadas directamente a la provisión de agua. Una de las más icónicas fue una pileta de 2×2 con una manguera plástica de 10 cm de diámetro y una bomba en la punta, supuestamente orientada a alivianar el conflicto eterno del agua en Tartagal. Por ese esperpento se pagaron en 2011 $7 millones, que al tipo de cambio actual serían $885 millones.

La «nueva» toma de aducción de Embalse El Limón fue anunciada reiteradas veces a lo largo de la última década y tuvo un presupuesto inicial de $50 millones. Idéntico monto se destinó para la ampliación de la planta potabilizadora Itiyuro, enmarcada en el frustrado Fondo de Reparación Histórica. Ninguno de los faraónicos proyectos llegó a concretarse ni logró alivianar el eterno drama de la escasez.

“El tema fundamental es hacer un dique nuevo, hay que dejarse de joder con los pozos. Hay que hacerlo a través de Obras Públicas de la Nación. Son casi 250 mil habitantes que padecen el tema, es un problema gravísimo”, finalizó Javier.