El reciente escándalo que envuelve al programa Potenciar Trabajo revela una lamentable desidia estatal de gobiernos anteriores y un preocupante descontrol en la gestión de recursos destinados a la inclusión social. El Gobierno formalizó la suspensión del pago a más de 4.500 personas por incompatibilidades, arrojando luz sobre una presunta red de defraudación contra la Administración Pública.
La investigación, liderada por el fiscal Guillermo Marijuan, evidenció que casi 9 mil empleados públicos provinciales también cobran los beneficios del Potenciar Trabajo. Este hallazgo no solo señala a individuos con comportamientos cuestionables, sino que pone de manifiesto la falta de controles efectivos y la negligencia por parte de funcionarios nacionales y provinciales.
La publicación de un interminable listado de 418 páginas con los nombres de las personas involucradas es un paso hacia la transparencia, pero también revela la magnitud de la situación y la necesidad urgente de acciones correctivas. Es imperativo que se apliquen medidas disciplinarias y se establezcan mecanismos más efectivos de supervisión para evitar futuros abusos.
La presunta comisión de fraudes contra el Estado Nacional es un atentado contra la confianza ciudadana y socava la legitimidad de programas destinados a mejorar el empleo y promover la inclusión social. El delito de violación de los deberes de funcionario público no solo implica la responsabilidad de quienes cometieron las irregularidades, sino también de aquellos cuya negligencia permitió que dichas acciones ilícitas ocurrieran.
La indignación de la sociedad no solo debe dirigirse hacia aquellos que se beneficiaron indebidamente, sino también hacia los responsables de la administración del programa que permitieron que estas prácticas fraudulentas tuvieran lugar. Es ahora cuando se debe actuar con determinación, sancionar a los responsables y reformar los procesos para garantizar la eficacia y la transparencia en la ejecución de programas sociales.
La afrenta a la transparencia y la justicia social, manifestada en este escándalo del Potenciar Trabajo, exige respuestas inmediatas y acciones enérgicas para restaurar la confianza en la administración de los recursos destinados a la mejora de la calidad de vida de quienes más lo necesitan.
Más de 5.000 mil salteños pueden perder el Programa Potenciar Trabajo
