Ya hay diez millones de hectáreas afectadas por las inundaciones. Las intensas lluvias dejaron secuelas de gravedad en el sector agrícola bonaerense, Entre Ríos y Santa Fe.
Una de las localidades que mayores pérdidas sufrió en la Provincia es Bolívar, donde el agua caída osciló entre los 30 y los 160 mm y el 70% de las 500 mil hectáreas productivas se encuentran totalmente anegadas.
La dramática situación llevó a los productores a reclamarle respuestas al intendente local, el randazzista Eduardo «Bali» Bucca, en consonancia con el pedido de las entidades del campo que protestaron contra la Ley de Emergencia agropecuaria es «obsoleta».
Ante los reclamos, tanto el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartúa, como el subsecretario de Infraestructura Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, Rodrigo Silvosa, aseguraron que las obras necesarias se van a realizar y que se licitaron trabajos de infraestructura por más de US$ 100 millones sobre un monto total previsto de US$ 400 millones.
La Ley de Emergencia Agropecuaria «quedó obsoleta para la realidad productiva nacional, estamos esperando por una reforma impositiva desde hace mucho tiempo, pero para el campo el tiempo es plata», dijo el titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere.
«El clima va a ser un jugador importante y va a ser algo con lo habrá que convivir y no hay otra alternativa que hacer obras de infraestructura para mitigar los efectos del cambio climático. Los elementos para pasar esta coyuntura son tener infraestructura, sistema impositivo, financiamiento, acceso a mercados, lo que tienen los competidores de Argentina», agregó.
Si bien el titular de la SRA reconoció que existe un apoyo financiero hacia el sector por parte de los bancos oficiales, alertó que «la gente está padeciendo, es muy complicado el panorama»,
«Estamos hablando de gente que hace tres meses que no pueden ingresar a sus campos», señaló Etchevehere.
Por su parte, el presidente de Carbap, Matías De Velazco, sostuvo que «el Fondo de Emergencia no alcanza y esta estancado en 500 millones de pesos desde hace varios años y nosotros estimamos una pérdida de 1.500 millones de dolares».
De Velazco, si bien reconoció que existe un problema estructural que data de años, dijo que «cuando asumen los gobiernos tanto nacional como provincial se encontraron con tal desastre en ambos ámbitos que a lo primero que se dedicaron fue a ordenar y, de repente, se le vino la inundación».
«Estoy convencido que cuando ésta (por la inundación) retroceda, las obras se van a hacer», agregó el dirigente ruralista.
En tanto, Bereciartúa sostuvo que el Gobierno nacional «está haciendo las obras para mitigar las inundaciones que se prometieron hace décadas» y especificó que «al día de la fecha en la cuenca del Salado el Gobierno ya firmó contrato por US$ 100 millones y está llamando a licitación por otros US$ 400 millones».
«Esta cifra hace un máximo histórico, no hubo ningún otro período, menos en un año y medio, de llamados por esta cifra para el Salado», declaró el funcionario a través de un comunicado.
«Cuando este gobierno inició su gestión las obras estaban frenadas, con una deuda que se enfrentó. Hoy tenemos un plan de infraestructura que ya está ejecutando luego de años de desinversión y falta de planificación», agregó.
«Estamos ejecutando más de 100 obras contra inundaciones en todo el país sin importar el color político porque el cambio climático es una realidad y una prioridad del Gobierno nacional», finalizó.
Por último, el subsecretario de Infraestructura Hidráulica de Buenos Aires, Rodrigo Silvosa, aseguró que «las obras estructurales se encararon. Se encaró el financiamiento, está asegurado el tramo cuatro del río Salado del Plan Maestro, que es la obra madre del plan de escurrimiento».
Fuente: Ámbito
