La familia de Graciela Carabajal, víctima de femicidio en 2015, no fue notificada por el fiscal sobre el inicio del juicio contra el agresor. La mujer había realizado denuncias previas por las golpizas y amenazas de muerte recibidas. (Andrea Sztychmasjter)

La información de la Justicia salteña fue escueta. En medio del anuncio de tres audiencias más y dos condenas, informaban que en la Sala de Audiencias del Juzgado de Garantías de Joaquín V. González el juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho, luego de escuchar las declaraciones de veinte testigos en el juicio seguido contra Luis Roberto Frías, imputado de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas y homicidio agravado por el vínculo y la violencia de género en perjuicio de Graciela del Carmen Carabajal, pasaba a un cuarto intermedio para el martes 18 de abril, fecha en la que se agregaría a la causa un informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y se escucharán los alegatos.

El parte oficial se olvidaba sin embargo de especificar que nada de esto había sido notificado a la familia de Graciela Carbajal -asesinada por su expareja en diciembre de 2015 en Joaquín V, González- quien se enteró después y sólo por la difusión de los medios de comunicación. “Fue mi otra hija quien vio en el canal local que el juicio comenzaba, ella fue quien me avisa esto”, mencionó Regina Carabajal, madre de Graciela.

Según comentó, pese a las numerosas veces que se hizo presente en el Juzgado de Joaquín V. González para consultar por el estado del caso de su hija, jamás le informaron de esto: “Nosotros veníamos haciendo varias marchas y preguntando sobre qué pasaría con Frías, ellos nos respondieron una vez que el agresor sí podía tener abogados pero la víctima no”.

Relata Regina que por falta de recursos y de información, no pudieron acceder a defensores legales, y no han podido constituirse cómo querellantes, pese a que la fecha en la que el juez Sebastián Fucho dictará sentencia está próxima. Según comentaron desde su entorno, de los 20 testigos, ningún miembro de la familia de ella fue llamado a declarar.

En medio de esto, y ante la información de que el juicio seguirá el martes, la familia Carabajal alertó a la justicia que no contaban con recursos para viajar hasta Metán para presenciarlo. Luego de que realizarán una movilización afuera del Juzgado de Garantías el lunes pasado, recién fueron recibidos por autoridades judiciales para informarles el estado de la causa. En una improvisada reunión, el fiscal Gómez Amado, hijo del senador por Anta Ernesto Gómez, les informó a las familiares de Graciela qué tareas investigativas había realizado, las acusaciones y el requerimiento a juicio. Les avisó que el martes, el CIF aportaría elementos restantes.

Después de esto y con una reacción tardía, Néstor Rafael Benegas, director del Programa de Orientación y Asistencia Jurídica a Víctimas y Familiares de Delitos Graves del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, llamó a Regina para informarle que pondrían a disposición “una trafic” para que la familia pueda trasladarse y presenciar el juicio.

“Se pasan la pelota entre ellos”, fue la frase que utilizó Regina para ilustrar la inacción judicial. Según comentó el fiscal en la causa, Gómez Amado, le señaló que para que el juicio se lleve a cabo en Joaquín V. González, y no en Metán el pedido debería hacerlo el propio juez Fucho. “Aunque Fucho nos dijo lo contrario que el pedido debería hacerlo Gómez”.

Las denuncias

En una nota de julio de 2016 dábamos cuenta del caso de Graciela. Allí familiares y amigos que exigían justicia advertían que “La Emergencia en Violencia de Género no había llegado a Anta”.

En sus denuncias, Graciela alertaba de las amenazas que Luis Roberto Frías, de quien ya estaba separada, le había efectuado: “Te voy a matar”. Según comentó la propia familia, una orden judicial dejó en libertad a Frías luego de que este estuviera dos semanas detenido tras los golpes que le había dado. Luego de esas dos semanas, ya en libertad, el día antes de Navidad Frías decide interceptar a la joven madre de tres hijos a la salida de su trabajo y atacarla con una puñalada que acabaría con su vida.

Graciela, de 31 años, tuvo una hija siendo muy joven y trabajaba como empleada doméstica. Su madre comentó que veía que ya no podía seguir en la misma casa con el golpeador. “Frías tenía una orden de exclusión. Sabemos de los maltratos y que tomaba mucho alcohol”, señaló Regina y agregó que esperan la pena máxima: “queremos que no salga más”.

Al ahora femicida le habían sido impuestas medidas que le impedían ejercer violencia contra Graciela. Tenía una exclusión del hogar y prohibición de acercamiento en un radio no menor de 200 metros del lugar de residencia o los lugares donde habitualmente concurría la mujer. No podía ingerir bebidas alcohólicas y tenía la obligación de someterse a un tratamiento psicológico y a otro por su adicción al alcohol. Pese a esto y según comentó la familia, Frías tenía antecedentes de haber apuñalado a un hombre, ya en libertad esperó a Graciela  y la atacó cobardemente.

En enero del año pasado en una nota de Pagina 12 titulada “Matar en la calle, de día, con testigos”, el diario nacional se refería al caso de Graciela: “la mujer ya había denunciado a su atacante por violencia, y por eso pesaban sobre él medidas de restricción de acercamiento”, reflejaban que el juez de Garantías 1 de Joaquín V. González, con circunscripción en el departamento de Anta, Héctor Sebastián Guzmán, consideraba acreditado que Frías debía cumplir prisión preventiva, después del asesinato.

Graciela había alertado que se encontraba en peligro, el Estado no le brindó la protección que se merecía, aunque hasta en una oportunidad ella pidió consigna policial para resguardar su integridad física y la de sus hijas, quienes habían presenciado el maltrato que sufría. La madre de Graciela, fue directa al afirmar por experiencia propia que para ellos “Si no hay plata no hay justicia”.

¿Qué saben de perspectiva de género?

La abogada Antonieta Plaza al ser consultada por los aspectos legales de la no notificación de la elevación a juicio a la familia de la víctima, especificó lo siguiente: “No puedo expedirme sobre ello sin ver el expediente pero deberíamos chequear el desempeño del fiscal a cargo del caso para entender porque no se valió del entorno de la víctima para llevar adelante acabadamente la acusación contra el detenido. Es el entorno de la víctima el que tiene mejor conocimiento de las circunstancias que permiten humanizar a la víctima y acercar al juez nociones de lo que era la vida de Graciela. En todo caso sería una omisión que da lugar a una investigación”.

En Mayo de 2016 una resolución firmada por el Procurador General, Pablo López Viñals, disponía crear un Comité de Femicidios en Salta ya que señalaban es al Ministerio Público Fiscal a quien “le concierne la investigación y persecución de los casos de violencia contra la mujer constitutivos de delitos penales y especialmente la protección de las víctimas”, agregaban que “la mayor parte de los femicidios constituyen la culminación de procesos de violencia ya sometidos a la consideración estatal, donde los mecanismos de prevención no han podido evitar el resultado fatal, lo que demanda que tales casos sean estudiados en profundidad para detectar posibles limitaciones o fallas en la protección de la víctima, con el objeto de que no vuelvan a dar ocasión a la ocurrencia de hechos similares”.

Después de ejemplificar que sería una copia de comités que vienen desarrollándose “en ciudades de Estados Unidos”, la disposición provincial invitaba al Observatorio de Violencia contra la Mujer a designar un representante para que se integre al Comité e imponía a las Fiscalías Penales el deber de colaborar brindando todos los informes que éste requiera para la consecución de su cometido.