Los problemas en la prestación del servicio de agua potable en barrios periféricos de la ciudad capital atraviesan una vez más al Concejo Deliberante: se impulsan iniciativas para paliar la emergencia y garantizar la prestación pero ediles que responden al intendente Gustavo Sáenz obstaculizan el tratamiento de los proyectos.
Milciades
Barrios enteros de zona oeste alta y baja, zona sur, zona norte y zona sureste de la ciudad, pasan sus días entre cortes de agua, falta de presión o directamente ausencia de infraestructura —definitiva o parcial— que les garantice acceso a una cantidad mínima de agua potable para necesidades elementales como higiene personal, limpieza, cocción de alimentos, etc. La propagación de enfermedades virales tiene estrecha relación con la higiene, y se pueden pensar también como consecuencia de la falta de agua.
Floresta, Torino, Santa Clara, Santa Rita, Castañares, Ciudad del Milagro, Don Emilio, entre otros barrios, padecen la falta de inversiones para infraestructura hídrica al mismo tiempo que son “víctimas” de la ausencia de voluntad política que manifiestan funcionarios del poder legislativo y ejecutivo, tanto en la esfera provincial como municipal, para resolver esta demanda. También, semanas atrás reflejábamos en este semanario los problemas por el agua que se suscitan en la localidad de Tartagal y alrededores.
Para ejemplificar la falta de voluntad política vamos a remitirnos a una de las discusiones que atravesó al Concejo Deliberante de la ciudad en las últimas cinco semanas. Es válido aclarar que el esquema de relaciones dentro del recinto se ajusta a las pretensiones de la actual gestión municipal, es decir, el Ejecutivo a cargo de Gustavo Sáenz cuenta con las alianzas necesarias para alcanzar mayoría propia y poder aprobar cualquier proyecto.
A su vez, al frente de la empresa prestataria del servicio en cuestión, Aguas del Norte, se encuentra Lucio Paz Posse, un exdirigente tabacalero que compitió en las internas del frente urtubeycista Unidad y Renovación, durante 2017, y que tras un resultado electoral módico fue reacomodado como titular de la prestataria.
Proyectos
La primera semana de marzo, la edil por el Partido para la Victoria (PV), Claudia Serrano, atendiendo a las quejas de las y los vecinos de los barrios arriba citados, presentó dos proyectos de ordenanza ante el cuerpo de legisladores precedido por Matías Cánepa (Un Cambio Para Salta).
En uno solicita la inmediata declaración de la Emergencia Sanitaria para que se garantice el derecho al acceso al agua de manera inmediata —contemplado por la ONU como un derecho inalienable— para las familias privadas del líquido elemento. En el otro propone la “municipalización en el servicio de prestación de agua potable y cloacas”, con el objeto de otorgar mayor potestad al municipio para que pueda intervenir y promover el trabajo conjunto con la Provincia.
El segundo proyecto de Serrano, reformulado en el recinto por la misma autora, se contemplaba el pedido de informes a los prestadores y al Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp), el pedido del plan de inversiones y la realización de un mapeo en los barrios para establecer la magnitud de la crisis, entre otras medidas destinadas a ejercer cierto control y supervisión sobre las tareas ejecutadas —o no— por Aguas del Norte.
Dilatar
La iniciativa encontró al bloque oficialista como opositor que se negó a tratar y sancionar el proyecto de “municipalización de la prestación del agua potable y cloacas”. Según nuestras fuentes, en términos generales la respuesta del “saenzismo” se apoyó en los “impedimentos de origen legal, constitucional y de costos que la declaración de emergencia traía aparejados” y en el hecho de que “la Municipalidad no podría hacer frente a la prestación del servicio en la ciudad”.
Se intentó establecer comunicación con Socorro Villamayor, una de las ediles que más se preocupó por evitar el tratamiento del proyecto, pero hasta el cierre de esta edición no logramos entablar conversación con ella. Entre quienes estuvieron presentes en aquella sesión ordinaria del Concejo, algunos afirman que la voluntad de la concejal por Un Cambio Para Salta (UCPS) de lograr que no se trate la iniciativa rozó lo grotesco.
El resultado de esta contienda parlamentaria fue el regreso a comisión de ambos proyectos y la convocatoria a un plenario que tuvo lugar el pasado viernes 6 de abril y del que participaron el presidente de Aguas del Norte, Lucio Paz Posse; el del Enresp, Jorge Figueroa Garzón, y del Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Wanny Caramella Grimberg; concejales y vecinos auto convocados de las zonas este y oeste de la ciudad.
En dicha instancia, los ediles consultaron a los funcionarios respecto de las obras necesarias para la ciudad en materia de servicio de agua y cloacas, el impacto de la quita del subsidio provincial para Aguas del Norte, el aumento de las tarifas, la contaminación con desechos cloacales y metales pesados en el río Arenales y pérdidas en la red de agua, entre otros temas. Según declaró la legisladora Rosa Herrera, “desde 2013 no había un encuentro con autoridades de la empresa estatal”.
Para el caso de Floresta, donde la demanda de agua potable lleva ya casi 60 años, Paz Posee afirmó que “la obra de impulsión para llevar el agua a este barrio finalizará dentro de 40 o 60 días”. Adelantó también que “está en ejecución una obra de impulsión en Alto Molino, que mejorará la provisión de agua de toda la zona oeste de capital” y que hoy tienen obras “por más de mil millones de pesos en la provincia, que vienen avanzando. Tenemos obras previstas que tienen que ver con mejoras en el sistema de Salta capital, a través de una nueva planta potabilizadora, para la que estamos gestionando los recursos”. Interpelado sobre la contaminación en el río Arenales, el titular de Aguas del Norte declaró que “la duplicación de la planta depuradora de líquidos cloacales para resolver este problema cuesta alrededor de 72 millones de dólares, que la empresa busca financiar con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”. Para completar el cuadro, indicó que “el presupuesto que estaba destinado al subsidio de tarifas se va a volcar en obras de mejoras” y que la empresa tiene un “gasto operativo de 105 millones de pesos mensuales y que el 80% de los usuarios paga una tarifa promedio de 350 pesos”.
Por su parte, la impulsora de los proyectos de Emergencia Sanitara y “municipalización en el servicio de prestación de agua potable y cloacas”, la concejal Serrano, en diálogo con Cuarto Poder señaló respecto al plenario que “ha sido en vano, porque nosotros hemos esperado por lo menos un informe que llegue de Aguas del Norte para cada concejal para que tengamos más o menos una idea de lo que se iba a plantear. Ese día tuvimos el plenario, y la verdad los que estuvimos ahí, junto a vecinos de Floresta y otros barrios, vimos que no sirvió, porque no nos ha evacuado ninguna duda, al contrario ellos han ido a descargar, a informar que no tienen plata para hacer los arreglos de infraestructura que deben hacer y que tienen que pedir un préstamo para conseguir los fondos para arreglar todo lo relativo a la contaminación en el rio Arenales. Esto quiere decir, que no vamos a tener ninguna respuesta y que la Provincia va a seguir endeudada”.
La autora
Pero Serrano apuntó también contra el saenzismo: “Ellos atacan mi proyecto en el recinto porque sostienen que la Municipalidad no puede hacerse cargo, pero eso es no escuchar y no darle la importancia que tiene la Carta Orgánica Municipal, que en su artículo N° 100, que dice que tenemos todo el derecho de darle a la Municipalidad el rol (…) para que la misma trate de sofocar cualquier emergente o necesidad urgente en la prestación de los servicios públicos”, y aclaró que el proyecto presentado no plantea “que la Municipalidad se haga cargo de todo, pero que sí tenga una incidencia dentro de lo que es la prestación del servicio, además, el artículo 101 dice que debe ser garante de la prestación de ese servicio… por lo menos poner alguna comisión que controle el trabajo que hace Aguas del Norte”.
Para la edil del PV se trata de crear un “instrumento legal que permita tomar medidas urgentes”, tales como brindar un auxilio a las familias damnificadas. “Declarando la emergencia sanitaria se podría acercar agua para cada familia de los barrios afectados, son cuestiones lógicas, no es mucho lo que se pide, son gastos que ni se comparan con las deudas que están asumiendo las gestiones tanto municipal como provincial. Respecto al proyecto de municipalización del agua las concejalas oficialistas ya me dijeron que no se va a tratar (…) quieren deslindar toda la responsabilidad a la provincia y no quieren que la Municipalidad se haga cargo de nada, me parece que hay una falta de trabajo mancomunado entre provincia y ciudad”.
