Cuando se trata de ponerse la gorra no hay ajuste que valga. El gobierno provincial anunció que habrá un «redireccionamiento de recursos» para fortalecer el servicio de seguridad y reforzar el sistema de video-vigilancia.
Mientras el mundo lleva adelante un debate sobre derechos ciudadanos y vigilancia estatal, en Salta no sólo están orgullosos del «big brother» policial, sino que aspiran a agrandarlo hasta el infinito. El gobernador Urtubey y el ministro Carlos Oliver analizaron el refuerzo del servicio en algunos puntos clave y adelantaron que el Gobierno de Salta redireccionará recursos y aplicará nuevas estrategias.
El plan general se puso en marcha el año pasado mediante la firma de los contratos con las empresas prestatarias del servicio de cámaras y de conectividad. En toda la provincia está prevista la instalación de 1.400 cámaras en reemplazo de las actuales, cuya etapa de sustitución está en marcha. Aunque la lucha contra el delito callejero parece un objetivo loable, lo cierto es que hasta el momento semejante aparatología de espionaje no sirvió para resolver delitos más complejos que el hurto de mercadería en locales céntricos.
Según remarcaron en el comunicado oficial del gobierno: «El nuevo plan tiene por objetivos incrementar la cantidad de cámaras que se encuentran instaladas, generar nuevas herramientas de procesamiento inteligente de las imágenes recibidas, acrecentar las funcionalidades actuales del Sistema, elevar la calidad de resolución de video de las cámaras e implementar un sistema de videovigilancia inteligente en el territorio provincial».
