La Federación Argentina de Proveedores Mineros se vio nuevamente en la necesidad de explicarle a un funcionario nacional por qué la minería está ganando aceptación en las comunidades donde se desarrolla, y advirtió que modificar el modelo actual podría poner en riesgo las futuras inversiones.
El reclamo responde a las recientes declaraciones del secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, quien cuestionó la facultad de las provincias mineras de proteger y promover el empleo local. Para el funcionario, los cupos de contratación de mano de obra local que aplican las provincias para impulsar su desarrollo resultan «inconstitucionales».
A lo que la Federación Argentina de Proveedores Mineros responde que desde Buenos Aires aún no comprenden que la licencia social que hoy tiene la minería en Argentina se consiguió gracias al trabajo conjunto entre provincias, proveedores y empresas, para que la actividad deje valor real en cada territorio. La lógica es sencilla: cuanto más empleo local y compras a proveedores regionales se generan, más aceptada es la minería en las comunidades.
El secretario Lucero sostiene que estas normativas provinciales fragmentan el mercado, afectan la competitividad y alejan inversiones internacionales en litio y cobre. La Federación considera que en lugar de cuestionar la facultad de las provincias de poner en valor sus recursos, el funcionario debería acompañarlas con programas de capacitación y certificación laboral. Abrir la puerta para que miles de trabajadores deban trasladarse a las zonas mineras no es la solución.
