Con un presupuesto de $3.829.927,02 para dos años, hoy Diputados tratarán la prórroga de la Emergencia por Violencia de Género en Salta.
A días de que culmine la emergencia por Violencia de Género en Salta, el ejecutivo decidió prorrogar desde su vencimiento y por el término de dos (2) años la vigencia de la Ley 7857, que declara la Emergencia Pública en Materia Social en todo el territorio de la provincia de Salta.
Aunque organizaciones de mujeres del norte provincial aseguraron que la emergencia no llegó al interior, el proyecto que según informaron ya tiene dictamen de las Comisiones de Derechos Humanos y de Defensa del Consumidor; de Justicia; de Hacienda y Presupuesto; de Legislación General; y Especial de la Mujer, está previsto se apruebe en la sesión de hoy.
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Pamela Calletti, una de las dos mujeres del gabinete del gobernador, hace dos semanas durante la reunión con diputados informó que “que la extensión se propone por otros dos años, y considerando que la actual vence el 8 de septiembre, nos adelantamos para que se pueda tratar la iniciativa con el tiempo suficiente”.
Desde el Partido Obrero, en tanto señalaron que “Urtubey se valió de la cooptación política de organizaciones de género” para tapar la realidad.
“Urtubey se valió de la cooptación política de organizaciones de género, a través de la creación de un Observatorio de Violencia contra la Mujer, dependiente completamente del poder político, para ocultar y disimular su verdadera cara. Necesitamos hacer un balance y recuperar una organización de la mujer, independiente de los gobiernos de turno. Reforcemos la movilización en las calles para conquistar la #JusticiaPorJuana y todas las reivindicaciones de la mujer. Desde el Partido Obrero impulsamos un Consejo Autónomo de la Mujer, con representantes electas por las propias mujeres; la elección de Jueces y Fiscales de Violencia de Género; la derogación del Decreto 1170, que regimenta el acceso al Aborto No Punible en casos de violación; las guarderías en lugares de trabajo y estudios, entre otras reivindicaciones”, señaló la Diputada Gabriela Jorge, miembro de la Comisión de la Mujer de la Cámara.
“Por su parte, el caso de Juana, la niña de Alto La Sierra, muestra que es el mismo Estado el que impulsa la violencia hacia las mujeres. La Ministra de Justicia, Pamela Calleti, quien debía garantizar asistencia y justicia para Juana, se encargó de responsabilizar a la familia para ocultar a su responsabilidad política en negar el acceso a la práctica de Aborto No Punible. A pesar de la Emergencia, Juana no recibió la asistencia fundamental en casos de violación y le negaron todos sus derechos. Una clara muesta que para las Juanas, la Emergencia en Violencia de Género no es más que papel pintado. Denunciamos que han puesto un operativo en marcha para tirar tierra bajo la alfombra y preservar una camarilla judicial, servil al poder político de turno y contraria a las mujeres, así como también de eludir las responsabilidades políticas que están a la luz, arrancando por el funcionariado del gobierno. Advertimos que éste es el camino que han tomado con el pedido de Jury de Enjuiciamiento contra el Fiscal Cazón y el Juez Astigueta de la causa de Juana. Quieren que siga el mismo camino que el del Juez Soria, quien quedó impune luego de inviabilizar el acceso de derecho, garantizado por Ley, a una niña violada por su padrastro hace unos años”, declaró la Diputada Jorge.
Por otro lado aunque no se dieron mayores detalles sobre los gastos específicos que demandan la emergencia, María Eugenia Burgos, integrante del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, había mencionado en medios radiales que “El presupuesto para este periodo 2016 del Observatorio contra la Violencia de Género ronda los 3 millones de pesos”, sin embargo, aseguró: “verdaderamente creemos que es insuficiente”.
Según el Boletín oficial publicado en agosto del año pasado, $3.829.927,02 (Pesos tres millones ochocientos veintinueve mil novecientos veintisiete con dos centavos) fueron destinados a la Emergencia.
