Duro informe de Amnistía Internacional sobre derechos humanos en la Argentina. Denuncia criminalización contra grupos indígenas; retroceso en la politica migratoria y detenciones indiscriminadas de parte de la policía.
Una «criminalización y discriminación» de los pueblos indígenas. Derechos de los inmigrantes con «retrocesos importantes». Detenciones «indiscriminadas» y mujeres maltratadas por la policía. Críticas por la muerte de Santiago Maldonado y por la detención de Milagro Sala.
Estos son algunos de los ejes relevantes del informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo 2017/2018 que presentará este jueves Amnistía Internacional y cuyo capítulo dedicado a la la Argentina muestra una dura crítica a la política de derechos humanos del gobierno de Mauricio Macri.
Si bien ofrece algunos elogios al país como la sentencia en la megacausa ESMA y los avances legislativos con la ley de emergencia territorial y la ley de paridad de género, en líneas generales el documento es duro con el Gobierno.
El informe anual de Amnistía al que accedió Infobae será presentado hoy en todo el mundo. Contempla severas críticas a la situación de violación a los derechos humanos en Venezuela y también revela una primera radiografía completa de los dos primeros años de Macri en materia de derechos humanos sobre los siguientes temas:
1- Comunidades indígenas y Maldonado. El documento sostiene que «la mayoría de las comunidades indígenas aún no contaban con un reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra, pese a que la Constitución reconocía su derecho a sus tierras ancestrales y a los recursos naturales».
En este punto Amnistía destacó que en enero de 2017, la policía local y miembros de la Gendarmería Nacional Argentina, «una policía federal militarizada», cerraron todos los puntos de acceso a la tierra indígena habitada por la comunidad mapuche Pu Lof en Chubut.
Así, al abordar el caso de la muerte de Maldonado el informe revela que «la comunidad denunció ataques de las fuerzas policiales que incluyeron golpes e intimidación a niños y niñas». Y luego califica como «una operación ilegal» de la Gendarmería la que se realizó en la comunidad de Pu Lof durante la cual desapareció el tatuador. Indica más adelante que el fue hallado el cuerpo del joven y que la investigación sobre su muerte no concluyó.
Por otra parte, al destacar las políticas «discriminatorias» contra los grupos indígenas el informe de Amnistía sostuvo que «las autoridades emplearon procedimientos judiciales para intimidar a los pueblos indígenas, a los que acusaron, entre otras cosas, de sedición, resistencia a la autoridad, robo, tentativa de agresión y homicidio».
Allí menciona que Agustín Santillán, líder indígena del pueblo wichí en la provincia de Formosa, pasó 190 días en prisión preventiva entre abril y octubre y afrontaba más de 28 procesos penales.
2-Derechos sexuales y reproductivos. En referencia a este tema el informe anual de Amnistía sostiene que en la Argentina «las mujeres y las niñas seguían afrontando obstáculos para acceder a un aborto legal cuando el embarazo ponía en peligro su salud o cuando era consecuencia de una violación». Así, aclara que la despenalización plena del aborto estaba pendiente de aprobación en el Congreso.
3-Violencia contra las mujeres. En un apartado especial, el informe destaca que, según datos de la sociedad civil, entre enero y noviembre del año pasado se registraron al menos 254 femicidios. En tanto, denunció que el Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres «para el período 2017-2019 parecían carecer de los recursos necesarios para su implementación plena».
4-Inmigrantes y refugiados. El informe de Amnistía cuestiona duramente el decreto de Macri que modificó la ley de migraciones de 2004 para «limitar los derechos de entrada y residencia y potencialmente acelerar las deportaciones».
En tanto, al recordar la promesa del Presidente de recibir 3000 refugiados sirios destaca que «el sistema de recepción de solicitantes de asilo seguía siendo lento e insuficiente, y no había un plan de integración vigente para ayudar a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a acceder a derechos básicos, como la educación, el trabajo, la atención médica y el aprendizaje del idioma».
De esta manera, Amnistía señala que, a pesar del compromiso del jefe de Estado, hasta ahora no se había creado ningún programa de reasentamiento y «menos de 400 personas refugiadas sirias se habían beneficiado de un plan de patrocinio privado y de visados por razones humanitarias».
5-Juicios a militares. Amnistía señaló que en 2017 seguían celebrándose ante tribunales civiles ordinarios los juicios orales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar de 1976-1983. Así, enumera que entre 2006 y mayo de 2017 se dictaron 182 sentencias, con lo que el número total de personas declaradas culpables se elevó a 756 y el de absoluciones ascendió a 74.
Pero por otra parte, el informe destacó que la Corte Suprema dictó sentencia en el caso de Luis Muiña (que fue declarado culpable de crímenes de lesa humanidad) y estableció que cada día cumplido en prisión preventiva debía contar como dos cuando la persona en cuestión permanecía detenida más de dos años sin que se dictase condena. Luego aclara que el Congreso aprobó posteriormente una ley para aclarar que la conocida como «fórmula del 2×1» podía no ser aplicable a crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
6-AMIA. Al evaluar el caso del encubrimiento de la investigación del atentado de 1994 contra el edificio de la AMIA, la ONG mundial encargada de velar por los derechos humanos alertó que un decreto de Macri de abril de 2017 transfirió documentación clasificada de la Unidad Fiscal Especial al Ministerio de Justicia, lo cual «ponía en peligro la independencia de la investigación y restringía el acceso de la acusación a las pruebas».
7-Marchas y policías. En este capítulo Amnistía destacó que durante una manifestación por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, se produjeron «detenciones indiscriminadas». Y reveló que «muchas mujeres denunciaron haber sido maltratadas, detenidas y humilladas por las fuerzas policiales; algunas afirmaron que las habían obligado a desnudarse por completo».
En otro tramo del informe se revela que en abril «se reprimió con violencia a docentes que se manifestaban en reclamo de salarios justos». Y se destaca que en septiembre, 31 personas fueron «violentamente detenidas» y retenidas durante más de 48 horas en varias comisarías de la Ciudad de Buenos Aires por participar en una manifestación masiva.
Luego hace mención a las protestas de diciembre pasado en contra de la reforma previsional frente al Congreso. Sobre esta marcha, Amnistía denunció que «la policía hizo un uso excesivo de la fuerza, y hubo denuncias de detenciones arbitrarias durante las protestas».
Al recordar el caso de Milagro Sala, Amnistía destacó que «no se atendió el llamamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria a las autoridades nacionales para que procedieran a la liberación inmediata de la líder social y activista» piquetera acusada por delitos de corrupción. «Sólo se atendió parcialmente esa solicitud, ya que las condiciones impuestas no cumplían las normas nacionales e internacionales», dijo el informe.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina destacó: «En Argentina observamos avances y retrocesos. Entre los pasos hacia adelante podemos destacar la sentencia en la megacausa ESMA; la absolución a Belén, una mujer que estuvo presa por la pérdida espontánea de embarazo y los avances legislativos con la ley de emergencia territorial y la ley de paridad de género».
«Sin embargo -añadió Belski- también debemos mencionar algunos retrocesos especialmente en la criminalización de la protesta social y de los pueblos originarios; y de los derechos de las mujeres. Las barreras para acceder a un aborto legal cuando el embarazo pone en peligro la salud o cuando es consecuencia de una violación es un problema gravísimo que se cobra miles de vidas. Por eso, es urgente que este año el Congreso por fin debata la despenalización del aborto».
El informe de Amnistía no tomó en cuenta que en diciembre pasado el gobierno presentó el Plan Nacional de Derechos Humanos. Este programa contempla cinco ejes que incluyen la continuidad de los juicios a los militares acusados de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, pero que intenta ir más allá, y agrega derechos como la seguridad pública, la inclusión y la no discriminación, el acceso universal a la salud y la educación y la cultura cívica. Esos ejes contienen 243 planes de acción.
Fuente: Infobae
