El intendente de Rosario de la Frontera sufrió un nuevo revés judicial. Está más cerca de la cárcel que de la reelección.Y aún así el jefe comunal intenta postergar lo que , claramente, parece inevitable.
Gustavo Solís camina por la cuerda floja. El intendente de Rosario de la Frontera sufrió dos golpes en la justicia. El juez Humberto Alvarez, a cargo del juzgado de 1* Instancia en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Metán, dictaminó «no hacer lugar» al recurso de amparo presentado por el jefe comunal.
El otro revés judicial lo recibió de la Corte de Justicia. Solís había presentado un recurso de amparo donde solicitaba se deje sin efecto la resolución dictada por el Concejo Deliberante en el marco de la Comisión Investigadora que determinaba su incumplimiento de deberes en la gestión municipal. La Corte falló en contra de esa presentación, que claramente violaba la independencia de poderes y atentaba contra la democracia.
El principal problema que tiene el jefe comunal del Frente de Todos tiene que ver con una auditoría que prueba malversación de fondos y fraude a la administración pública. Fue la Fiscal Penal Verónica Simesen de Bielke quien pidió la elevación a juicio, ante el Juzgado de Garantías del Distrito Judicial Sur, en Metán. Bielke ya puso en el banquillo de los acusados al ex intendente de Campo Quijano, Manuelito Cornejo, quien pese a haberse declado culpable no fue condenado, aun.
Una de las causas más fuertes es la que señala al intendente como jefe de una asociación ilícita. En esa causa también están acusados Matías Tomás Antonio Iturre (secretario privado del Intendente), Orlando Rubén Cárdenas (Jefe de Pagos), Silvia Carolina Solís Mónico (Secretaría de Hacienda) y Antonia Silvia Acosta (Tesorera).
La investigación inició en 2019, ante la denuncia de vecinos de esa ciudad por supuestas maniobras fraudulentas respecto al cobro de planes sociales en nombre de presuntos beneficiarios que nunca percibieron dinero alguno.
En la fundamentación, el fiscal penal sostiene que en el periodo de septiembre de 2016 a noviembre de 2017, mediante maniobras constantes y organizadas, se habría desarrollado una operatoria interna en el Municipio de Rosario de la Frontera, mediante la inclusión y el alta de distintos ciudadanos o beneficiarios en el programa “Salta Solidaria”, previsto para la realización de distintas tareas de bien público, sin que tales personas hayan solicitado su incorporación. Además se pudo detectar el faltante de una importante cantidad de dinero, y la confección de documentación apócrifa, con la cooperación en algún caso, de terceros que facilitaban el cobro del dinero del sistema bancario.
Algo así como la banda de los planeros vip
La auditoría también reveló una irregularidad con la contratación de MIrta Verónica Corimayo. Para la fiscalía, esta contratación encuadra dentro del incumplimiento a las normas de prevención de lavado de dinero emitidas por el Banco Central de la República Argentina, dictadas con el fin de determinar el circuito financiero del dinero público, no debiéndose emitir cheques por sumas inferiores cuando el monto de los anticipos así lo permiten, como ocurrió en este caso.
También está probado que Solís aceptó facturas duplicadas, por lo que incumplió las disposiciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, relacionada con la emisión obligatoria de facturas electrónicas.
En relación al fraude a la administración pública, se tiene que Solís Mónico emitió en 2017, una resolución que dio por rescindido en forma unilateral el contrato con Corimayo, sin arbitrar medida alguna tendiente al resarcimiento por la desvinculación unilateral, pese a que la contratista percibió fondos en concepto de anticipos, lo que causó un claro perjuicio al patrimonio municipal.
Al acusado también se le atribuyó un segundo hecho por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al efectuar 12 contrataciones directas de obra pública con una fundación, si que se verificaran los requisitos establecidos por la normativa de marras.
En el legado también consta la transcripción de un audio donde Solís le promete al presidente de una fundación una suma de dinero a cobrar por cada metro cuadrado que se ejecutara, a razón de un precio de $163 por metro cuadrado, de los cuales, si el contratista facturaba todo, debía entregar la suma de $93 por metro cuadrado a Solís y solo le quedarían $20 como condición para suscribir las contrataciones, lo que permite verificar el dolo del imputado.
Por último, Solís Mónico también incurrió nuevamente en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, al efectuar contratos de obra pública con otra persona que no estaba inscripta en el Registro de Contratistas de la Provincia, por la suma de $10.819.777.
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